VALÈNCIA. El índice de temporalidad de los empleados públicos de la Generalitat Valenciana fue in crescendo a lo largo del pasado ejercicio hasta alcanzar el 51,1%, un punto y medio más que a finales de 2023. De esta manera, la cifra se aleja todavía más del objetivo del 8% marcado por la ley 20/2021. Así lo revela la auditoría sobre los gastos de personal de la Administración de la Generalitat, correspondiente al ejercicio 2024. 

Los datos recogidos en este informe apuntan a que el gasto total en personal público ascendió a 8.567,4 millones de euros a lo largo del pasado año, lo que supone el 36,4% del desembolso no financiero de la Generalitat Valenciana. En concreto, la Administración autonómica contaba con 168.563 empleados públicos a cierre de 2024, lo que supone en torno a 6.300 más que un año antes. 

De esta manera, el gasto de personal creció en torno a 600 millones a lo largo del pasado ejercicio, con Sanidad (4.107 millones) y Educación (3.618 millones) copando la gran mayoría de este desembolso, pues aglutinan en torno al 90% del total de personal de la Administración pública valenciana. 

En cualquier caso, más allá de estas cifras, la auditoría pone de relieve la "excesiva" temporalidad en el empleo público de la Generalitat Valenciana. Un 'tirón de orejas' que el Síndic hace al Gobierno valenciano con unos datos de elaboración propia a partir de las certificaciones aportadas por las distintas consellerias y que están, en algunos casos, condicionadas por los cambios en la estructura del Consell tras la Dana del 29 de octubre de 2024. 

En todo caso, los datos muestran que ninguno de los departamentos de la Administración autonómica cumple con el índice de temporalidad del 8% marcado por ley. De hecho, únicamente se acerca a esta tasa la Conselleria de Emergencias e Interior, con un 14,3%. No obstante, cabe mencionar que este departamento carecía de RLT a finales del citado ejercicio y que, según la Sindicatura, contaba con "tres personas funcionarias de otras unidades administrativas, una persona contratada laboral y tres eventuales". 

El resto de áreas cuentan con, al menos, un 22% de personal temporal. Una tasa que es especialmente elevada en el caso de la Conselleria de Sanidad: el 72% de los trabajadores adscritos a este departamento no tenían un puesto fijo en la Administración autonómica a cierre del pasado ejercicio. 

Según explica la Sindicatura, Sanidad justifica la elevada tasa de temporalidad en que "la necesidad de cobertura asistencial a la población exige la sustitución de todas las ausencias de profesionales". El departamento que encabeza Marciano Gómez también indica entre los motivos la pandemia mundial del año 2020, las recientes jubilaciones de personal y la limitación de la tasa de reposición. En este sentido, esta conselleria indica a la Sindicatura que las OPE y convocatorias que actualmente se encuentran en marcha "contribuirán a reducir la temporalidad en la ocupación pública del personal sanitario".

El órgano que encabeza Vicent Cucarella también pone de relieve el índice de temporalidad en el personal docente, del 30,9%, lo que supone un crecimiento de dos puntos y medio en apenas un año. En materia educativa, la Sindicatura también apunta al "elevado" porcentaje de profesores en comisión de servicios, que ascendió al 11% en 2024. 

La auditoría apunta a que el "exceso de temporalidad" supone una "disfunción" que hace más difícil conseguir la "eficiencia" en la asignación de los recursos públicos y la "eficacia" en la prestación de los servicios públicos "estables" y "de calidad". Para la Sindicatura, esta situación "pone de manifiesto que se ha incumplido durante muchos años" la normativa relacionada con estos aspectos con la "previsión y celeridad para la cobertura eficaz de las necesidades de ocupación pública estructural de la Administración" autonómica. 

Las "causas endémicas" exigen "planificación a medio y largo plazo"

La Sindicatura reconoce que se han llevado a cabo procesos de estabilización, pero que, aun así, el índice de temporalidad "sigue siendo elevado". Es por ello que el organismo que encabeza Vicent Cucarella apunta a que las "causas endémicas" que provoca esta situación "exigen una planificación a medio y largo plazo" con el objetivo de "evitar el recurso reiterado de personal temporal para atender necesidades permanentes". 

Es por ello, que la Sindicatura defiende que las ofertas públicas de empleo sean anuales y que las plazas ofertadas deben reducir la temporalidad. Desde esta institución apuntan a que la temporalidad "ofrece cierto margen a los gestores", pero, "si es alta, condiciona negativamente la prestación del servicio público". Es por ello que creen que esta materia debe ser objeto de "análisis y revisión" para que las plantillas se adapten "a las necesidades reales de personal". 

De hecho, entre las recomendaciones planteadas por la Sindicatura en ejercicios anteriores ya se encuentra la necesidad de una "planificación a medio y largo plazo, a través de los instrumentos de planificación previstos" en la Ley Valenciana de Función Pública. Una reclamación que se mantiene dado el incremento a nivel general de esta tasa en 2024, a pesar del descenso experimentado en departamentos como Medio Ambiente, Innovación o Servicios Sociales, según explica la Sindicatura en este informe.

Otras "deficiencias" detectadas en la auditoría

Más allá de los puntos referentes a la temporalidad, la auditoría resalta que no se ha aprobado la relación de puestos (RLT) de trabajo del personal sanitario estatutario ni de la Conselleria de Justicia, salvo el personal medicoforense. "La falta de la RLT ha producido distorsiones en los concursos de traslados del personal de Justicia", apunta la Sindicautra, que explica que a ello se suma que el concurso genérico de 2024 del Ministerio se ha hecho con retraso.

Desde el punto de vista financiero, la auditoría señala que a finales del pasado ejercicio quedaron gastos pendientes de imputar al presupuesto por un importe de 378,3 millones de euros. Además, detecta "deficiencias en la conciliación" entre las aplicaciones informáticas de nómina y la contabilidad de la deuda con la Seguridad Social y las retenciones por IRPF. 

Además, apunta a la persistencia de "un gran número de procedimientos judiciales de gastos de personal" que podrían derivar en responsabilidades a cargo de la Generalitat Valenciana. No obstante, los efectos de los mismos no han podido "estimarse razonablemente", pues Abogacía de la Generalitat no ha facilitado "la información suficiente y adecuada".