CASTELLÓ. La patronal del azulejo Ascer ha dado este martes un paso importante en su campaña para intentar revertir el nuevo marco regulatorio de CO₂ que plantea la Comisión Europea para el periodo 2026-2030, y que contempla un coste adicional para el sector de entre 109 y 160 millones de euros. A falta de menos de un mes para que Bruselas empiece a aplicar sus planes, Ascer ha conseguido reunirse en Bruselas con el gabinete de Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva. Este encuentro es clave, ya que la opinión de la exministra española resulta determinante para un posible cambio de postura de Bruselas respecto al CO₂.
La delegación de Ascer ha estado integrada por su presidente, Ismael García Peris; el secretario general, Alberto Echavarría; y Victoria Zaera, del Área de Asuntos Técnicos y Medio Ambiente. La comitiva se ha reunido con Valvanera Ulargui, miembro del equipo de Teresa Ribera. Según la patronal, en la cita se trasladó "la situación que afronta la industria europea fabricante de baldosas cerámicas ante la aplicación de la Directiva EU ETS y el recorte de asignaciones gratuitas previsto para el periodo 2026-2030".
Asimismo, "se han expuesto propuestas orientadas a mitigar el impacto de esta regulación y a preservar la competitividad de un sector estratégico para la industria europea".
La reunión, según las mismas fuentes, se desarrolló "en un clima constructivo y de escucha activa, lo que refuerza la voluntad de colaboración institucional y anima al sector a continuar trabajando de manera coordinada en favor de una transición climática viable y competitiva".
El sector azulejero ha intensificado la movilización que inició hace dos meses para revertir los recortes de derechos gratuitos previstos por la Unión Europea. Defiende su congelación y una flexibilización de los plazos en la descarbonización, ya que advierte de que en estos momentos no existe la tecnología necesaria para implementar el cambio del uso del gas por otras energías verdes.
Frente común
En este tiempo, se ha reunido con los secretarios de Estado de los Ministerios de Industria y de Transición Ecológica, con la Generalitat Valenciana, así como con representantes del PP, PSOE, Compromís y la CEOE.
PP y Compromís también impulsaron dos iniciativas en el Congreso de los Diputados en defensa de la cerámica de Castellón. Contra la rebaja de los derechos gratuitos también se han posicionado la cerámica europea y otros once sectores de industrias estratégicas del continente. Italia también ha manifestado su rechazo.
El tiempo apremia, ya que Bruselas implementará la directiva a partir del 31 de marzo si no hay cambios. A este respecto, la presión de los gobiernos, alentados por sus respectivos tejidos productivos, se considera esencial para intentar modificar la posición de las autoridades comunitarias.
Además, estos nuevos costes se proyectan en un escenario de probable subida de los precios energéticos por la guerra con Irán.
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