VALÈNCIA. Si la inflación en los costes de construcción ya tenía atenazado al sector de la obra pública, la guerra en Oriente Próximo ha sido la puntilla que no se esperaban los contratistas de la Comunitat Valenciana. Y es que a los constructores no les sale a cuenta adjudicarse proyectos públicos ante la imposibilidad de repercutir el encarecimiento de las materias primas.

Muestra de ello es que el número de concursos que han quedado desiertos en la provincia de Valencia asciende ya a 200, tal y como refleja la Plataforma de Contratación del Sector Público e indica el presidente de la Federación de Contratistas de Obras de la Comunitat Valenciana (Fecoval), José Luis Santa Isabel, a ValenciaPlaza. "Donde más obra pública se está quedando desierta es en municipios pequeños", señala.

Con cuarenta días ya de conflicto tachados en el calendario, las mercantiles han visto cómo los precios de las materias primas no han hecho más que subir mientras que los presupuestos que fijan las administraciones siguen sin adaptarse a esta espiral inflacionaria. Este desacople entre los costes de construcción y las ofertas fijadas por el Estado y la Generalitat amenaza principalmente obras relacionadas con la reconstrucción tras la terrible Dana de 2024. Cabe recordar que el pasado mes de octubre el número de licitaciones desiertas era de 162, por lo que la situación no ha hecho más que agravarse.

Santa Isabel advierte, además, del riesgo de que los ayuntamientos pierdan los fondos europeos recibidos para dichas obras. "Se suma que la Administración es lenta con las licitaciones al hecho de que muchas quedan desiertas. Todo ello implica que los ayuntamientos tengan que devolver el dinero si no se ejecutan los proyectos para los que lo han recibido", explica. Incluso, el representante de los contratistas valencianos avisa de que también hay una amenaza de abandono de obras ya iniciadas.

"Entra en juego que se paren las obras porque las empresas entren en pérdidas. El mayor riesgo es que las pequeñas desparezcan, como pasó con el Covid", indica el empresario, que destaca que actualmente el sector cuenta con la mitad de mano de obra de la que había en 2008. "Si esto perdura se nos irá la gente", agrega.

El encarecimiento de los materiales está siendo especialmente acusado en productos clave para la obra pública. El presidente de Fecoval detalla que el hormigón ha subido de media 16 euros por metro cúbico sobre un precio base de unos 90 euros, mientras que el betún registró la pasada semana un incremento de 200 euros por tonelada, cerca de un 30%. A ello se suma el aumento del hierro, con subidas de hasta 30 céntimos por kilo, además del encarecimiento generalizado de áridos, transporte y energía.

Este escenario, apunta, ha provocado que muchas empresas opten por no concurrir a los concursos públicos para evitar riesgos inasumibles. "Nuestro mercado es muy heterogéneo y puedes encontrar empresas desesperadas por trabajo que se presentan, pero luego todo son problemas tanto para la administración como para la propia empresa", señala. En este sentido, insiste en que el número de licitaciones desiertas sigue aumentando porque las compañías "no quieren pillarse los dedos" en contratos que no reflejan los precios reales de mercado.

De costar 650 euros el metro cuadrado a 1.400 euros

De hecho, Santa Isabel subraya que el coste de la construcción se ha disparado en los últimos años hasta niveles inéditos. "Antes de la pandemia se podía construir por unos 650 euros el metro cuadrado y ahora no se puede hacer por menos de 1.400", afirma. Solo en el último año, asegura, los costes han aumentado entre un 20% y un 25%, a lo que se añade una escalada acumulada desde 2020 que, en algunos casos, ya supera el 50%.

Además de los materiales, el sector también acusa la falta de mano de obra, lo que presiona aún más los costes. "Tenemos un déficit de trabajadores y eso hace que suba el precio de la mano de obra, a lo que se suma el incremento del salario mínimo", apunta. Sin embargo, critica que este factor no se contempla en las fórmulas de revisión de precios de los contratos públicos, lo que obliga a las empresas a asumirlo íntegramente.

Ante este contexto, desde Fecoval reclaman una actuación urgente por parte de las administraciones. En concreto, piden la aprobación de un decreto extraordinario que permita revisar los precios tanto de los contratos en ejecución como de los que están por licitar, así como la introducción de mecanismos más ágiles para responder a situaciones excepcionales como la actual. "Es una obligación de la administración que los precios de las obras sean de mercado", sostiene Santa Isabel, quien advierte de que los actuales pliegos "pueden ser impugnables" al no garantizar la libre competencia.

Asimismo, el sector insiste en la necesidad de adaptar las fórmulas de revisión a la realidad territorial, incorporando índices provinciales o autonómicos que reflejen mejor la inflación específica de la Comunitat Valenciana. Según denuncia, el sistema actual, basado en referencias estatales, no está captando el impacto real de fenómenos como la Dana o el encarecimiento diferencial de los materiales en la región.