VALÈNCIA. La jueza del juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha enviado al banquillo a la que fuera vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, en el caso por el presunto encubrimiento de los abusos sexuales a una menor tutelada por parte del exmarido de la dirigente de Compromís. La magistrada sustituta del juzgado ha dictado el auto de juicio oral contra la exconsellera de Igualdad y parte de su equipo, obligada por el último auto de la Audiencia Provincial de Valencia.

La sección cuarta de la Audiencia estimó los recursos de las acusaciones contra la decisión del juzgado de instrucción de archivar el caso, lo que obligaba al juzgado a dictar el auto de apertura de juicio oral. De esta manera, la resolución de la magistrada Ana María Lillo, del pasado martes 3 de marzo y la que ha tenido acceso este diario, revoca el auto anterior en el que rechazaba la apertura de juicio y da diez días para que las defensas de los 13 acusados presenten sus escritos frente a las acusaciones formuladas.

La decisión de la magistrada se produce contra su propio criterio y el del juez titular del juzgado, Vicente Ríos, que concluyó la fase de instrucción sin ver indicios incriminatorios contra la exvicepresidenta del Consell y su equipo de la conselleria. Tampoco el fiscal Jaime Cussac vio indicios, por lo que no recurrió el archivo de la causa y no presentó escrito de acusación.

La propia resolución destaca que desde el Ministerio Fiscal "no se formuló acusación contra los encausados en la presente causa al entender que los hechos objeto de investigación no son consitutivos de delito". Sí presentaron la representación de la víctima, dirigida por el líder de España 2000 José Luis Roberto, y las acusaciones populares de Vox y Gobierna-Te -la plataforma impulsada por Cristina Seguí-.

Se acusa a la exconsellera de delitos de prevaricación, malversación, contra la integridad moral, de omisión de deber de perseguir delitos, de encubrimiento y de abandono de menores. La mayoría de ellos figura también en la acusación contra la otra docena de encausados.Se les pide una fianza de 120.000 euros a aportar de manera conjunta y solidario. Asimismo, la resolución declara la responsabilidad civil de la Generalitat Valenciana.