VALÈNCIA (EFE). La titular del Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja (Valencia), que dirige la investigación penal por la dana del pasado 29 de octubre, ha citado a declarar en calidad de testigo a la alcaldesa de València, María José Catalá, en una fecha todavía sin concretar.

En una diligencia de ordenación fechada este jueves, la instructora acuerda citar también como testigos a los máximos responsables que presidían algunos de los municipios asolados por las inundaciones aquel día, como la exalcaldesa de Requena Rocío Cortes; la exalcaldesa de Chiva Amparo Fort; el alcalde de Riba-roja, Roberto Raga; el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, y la alcaldesa de Torrent, Amparo Folgado.

También al alcalde de Massanassa, Francisco Comes; a la de Benetússer, Eva Sanz; al de Alfafar, Juan Ramón Adsuara; al de Picanya, Josep Almenar; al de Cheste, José Morell; al de l'Alcudia, Andreu Salom; al de Guadassuar, Vicent Estruch; al de Sot de Chera, Tomás Cervera; al de Aldaia, Guillermo Luján; y al de Quart de Poblet, Cristina Mora.

A petición de la defensa de la exconsellera Salomé Pradas se acuerda la citación, también en calidad de testigos, de la alcaldesa de Carlet, Laura Sáez, de un exasesor de la propia consellera, del ingeniero Teodoro Velázquez y del arquitecto Julio Gómez-Perreta. 

A petición de otras partes se cita, además, a una funcionaria de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias en calidad de testigo y a la meteoróloga de la televisión pública valenciana À Punt Victoria Rosselló como perito.

Sube la cifra de alcaldes y alcaldesas que tendrán que testificar

La jueza de Catarroja ya había citado a declarar como testigos en esta causa, también aún sin fechas concretas, a los alcaldes de Utiel, Algemesí, Paiporta, Catarroja y Sedaví, municipios que sufrieron asimismo las inundaciones de la dana del 29 de octubre.

En un auto del pasado viernes, la instructora inadmitía el ejercicio de la acción penal contra el alcalde de Utiel, Ricardo Gabaldón, solicitada en una denuncia por las hijas de una fallecida, al considerar que existe una "diferencia radical entre la Administración Local y la Autonómica al objeto de lanzar alertas a la población y la adopción de medidas de autoprotección".

"El análisis fragmentario de la información disponible, no solo por dicho Ayuntamiento, sino en general por la totalidad de ellos, a diferencia de quienes asumían legalmente el mando de la emergencia en la Administración autonómica, quienes contaban con múltiples canales de información (…), impide atribuir la posición de garante, no solo al alcalde de Utiel, sino al resto de alcaldes, quienes se vieron sorprendidos, no recibieron tampoco la información precisa ni se les aconsejó de manera específica sobre las medidas a adoptar", precisó la instructora en ese auto del pasado 2 de mayo.

Y concluía que la atribución “indiscriminada” de responsabilidad penal en los fallecimientos a cualquier autoridad o funcionario público, y en especial de las autoridades locales, “ha de descartarse de plano”.

Por otra parte, en su auto de este jueves, la jueza da cuenta en la referida diligencia del pago, por parte de Manos Limpias, de 6.000 euros en concepto de fianza para la personación como acusación popular, si bien le pide que aclare si mantiene su acción -iniciada ante el Juzgado de Instrucción 15 de València- contra la presidenta de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y el ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso.