VALÈNCIA. Nuevo auto y, con ello, nuevas consideraciones de la jueza de la Dana sobre lo ocurrido durante la tarde fatídica del pasado 29 de octubre. La titular del juzgado de Instrucción 3 de Catarroja considera "incompatible" que los investigados -la exconsellera Salomé Pradas y el ex secretario autonómico Emilio Argüeso- se quejen de "la falta de información y decisión por otras personas" mientras que "al mismo tiempo" se excluyó de la reunión durante una hora "a quien supuestamente había de proporcionarla" y se tomaron decisiones "por uno mismo", en referencia a los altos responsables de Emergencias.
Así consta en el último auto de la jueza, emitido este jueves, donde insiste en que los miembros del centro de emergencias (Cecopi) "no estaban aislados del mundo exterior", que "manejaban teléfonos", que entraban y salían de la sala y "que se comunicaban con otras autoridades". Asimismo, incide en que "se decidió dejar fuera de la reunión del Cecopi a otros miembros con unas razones todavía no explicables, justificado en la absurda expresión de trabajo exclusivamente presencial".
Se refiere así respecto al 'apagón' que hubo en la reunión telemática entre las seis y las siete de la tarde de aquella jornada, según los diferentes testimonios y tal como ha recnocido la misma Conselleria de Emergencias. Un parón que dejó fuera a miembros como la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, o el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo.
Fue durante ese receso cuando la CHJ envió un correo electrónico, a las 18.43h, alertando de la súbita crecida del barranco del Poyo, si bien Polo no informó verbalmente. Según Bernabé, sobre las 19h, la alcaldesa de Paiporta avisó del desbordamiento del barranco y a partir de ese momento se reactivó la reunión telemática, cuando en el encuentro presencial ya se había decidido mandar el ES-Alert.
En ese sentido, la jueza cree que es "absurda" la justificación de que se buscaba trabajar exclusivamente en lo presencial porque, a su juicio, "es incompatible quejarse de la falta de información y decisión por otras personas y al mismo tiempo excluir de la reunión a quien supuestamente había de proporcionarla y decidir por uno mismo".
El auto rechaza investigar, entre otros, a Miguel Polo, algo que pedía la asociación de Damnificados Horta Sud. Así, considera que la "ausencia de información" denunciada por los investigados está "desmentida" porque la CHJ envió el famoso correo electrónico con los datos del Sistema de Alerta de Información Hidrológica (SAIH), y porque existía "la posibilidad de acceso al mismo", de manera que "no procede atribuir responsabilidad penal al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, ni a prácticamente todos los cargos directivos, o no, de dicho organismo".
(Habrá ampliación)
