VALÈNCIA. La Diputación de Valencia ha celebrado este martes la segunda sesión de la comisión de estudio sobre la Dana, tras ser aplazada por las intensas lluvias que azotaron la provincia en marzo. Como ocurrió en la primera sesión, la reunión se ha vuelto a desarrollar a puerta cerrada, sin acceso para los medios de comunicación y sin ofrecer una vía alternativa para seguir la jornada. Esta modalidad tan hermética ha obligado a los portavoces y diputados a hacer de intermediarios entre lo sucedido en la sesión y la opinión pública. 

Uno de los protagonistas del día ha sido el ex inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset, que se incorporó al Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) durante la tarde del 29 de octubre como miembro del órgano asesor. Su participación en esta segunda jornada ha resultado fundamental para arrojar luz sobre la respuesta de los servicios de emergencia, la coordinación entre administraciones y la toma de decisiones en los momentos clave del temporal.

Sin embargo, Basset no ha comparecido ante la prensa, por lo que el relato de los hechos ha llegado a través de un peculiar 'juego del teléfono roto', en el que los diputados del PSPV, Compromís y Partido Popular (PP) han asumido el rol de mensajeros de sus palabras. Así, la ausencia de su testimonio y la imposibilidad de acceder a él han aumentado la sensación de opacidad y han dejado en el aire cuestiones esenciales sobre la actuación del Consorcio de Bomberos en aquellas horas críticas.

Al margen, uno de los puntos que ha centrado la sesión ha girado en torno a las llamadas del 112 al Cecopi. En palabras de Basset, la diputada de Compromís, Dolors Gimeno, ha asegurado que el centro de emergencias recibió "decenas de miles de llamadas" esa misma tarde. A pesar de contar con esta información, todos los ojos del Cecopi estaban puestos sobre la amenaza de rotura en la presa de Forata y no en el Barranco del Poyo, que terminó desbordándose y causó graves inundaciones en más de 80 municipios. 

Gimeno ha añadido que "todas las comunicaciones con el 112 se transcribían y enviaban automáticamente a los órganos de emergencias competentes". Por tanto, queda la duda de si esta cadena de comunicación permitió una reacción ágil y coordinada ante la riada o si, por el contrario, se actuó con una visión parcial del problema, lo que pudo haber afectado a la distribución de efectivos y los tiempos de respuesta.

Es-Alert, ¿responsabilidad autonómica o estatal?

Otro de los puntos de fricción ha sido el sistema Es-Alert. Esta herramienta, diseñada para alertar a la población a través del teléfono móvil sobre riesgos inminentes, se remitió a la población sobre las 20:12 horas, cuando la situación ya había alcanzado niveles críticos. En ese momento, según lo expuesto en la comisión, los vecinos de las principales comarcas afectadas (Horta Sud, Plana Requena-Utiel, La Ribera Alta y Hoya de Buñol-Chiva) ya estaban organizando rescates por su cuenta. 

Al respecto, la vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Reme Mazzolari, ha sostenido que la alerta tardó en activarse porque debía contar con la autorización del Gobierno de España. De hecho, la diputada del PP ha recordado una reunión del Cecopi, en la que estuvo presente, del día 1 de noviembre, en la que, según ha explicado, escuchó que "faltaba Madrid" para dar luz verde a la alerta que debía enviarse a la población de Castellón.

Tras escuchar las declaraciones de Mazzolari, el diputado y portavoz socialista, Carlos Fernández Bielsa, no ha dudado en desmontar su argumento y ha acusado al PP de "manipular sistemáticamente" la información sobre el Es-Alert. "Es la sala de emergencias quien comunica el envío. Quien debe pulsar el botón es el Cecopi, sin necesidad de ninguna autorización por parte de Madrid", ha insistido.

De este modo, Bielsa ha concluido que "la dirección de la emergencia era de la Comunitat Valenciana y que el Consell no puso los medios suficientes para prever lo que iba a pasar en el barranco del Poyo, puesto que se retiró al personal que hubiese visto la crecida". 

Por su parte, Mazzolari ha reforzado su postura ante la prensa. Preguntada por si Basset, cerebro técnico de la gestión de la crisis, había señalado a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, en relación con la activación del Es-Alert, la diputada del PP ha aclarado que su cuestión era teórica. "Mi intención era conocer si existen protocolos específicos que regulen este tipo de avisos y cuál es su contenido", ha puntualizado.

La jornada ha cerrado con más preguntas que respuestas. La imposibilidad de contrastar las versiones han convertido esta investigación en un proceso opaco que, lejos de aportar certezas, está sumando interrogantes sobre la capacidad de reacción de las administraciones ante situaciones de emergencia. En este contexto, la confianza ciudadana en las instituciones está en juego, y el desenlace de esta comisión marcará la credibilidad del sistema de gestión de crisis en la Comunitat Valenciana.