VALÈNCIA. Este jueves se cumple el cuarto día de huelga en el sector educativo. Una jornada de especial importancia puesto que tendrá lugar una reunión en la mesa de negociación entre el Gobierno valenciano y los sindicatos, después de que la consellera del ramo, Carmen Ortí, anunciara ayer que presentará a las cinco formaciones sindicales de la mesa sectorial -STEPV, CSIF, CCOO, UGT y Anpe- una "propuesta integral con medidas de apoyo al profesorado".

Un primer acercamiento que, tal y como señalaban fuerzas sindicales, no supondrá -más que probablemente- el final inmediato de la huelga, sino una toma de contacto donde se estudiará la oferta. De esta manera, tras la ruptura de las negociaciones días atrás, al menos se producirá un retorno a las conversaciones que, tal y como sucede en este tipo de procesos, desembocará en un cruce de propuestas y contrapropuestas que se prolongarán algunos días.

Precisamente ese número de jornadas del sector en huelga también servirá de termómetro para medir el desgaste del Gobierno valenciano y, más en concreto, de las caras visibles con responsabilidades directas en el ejecutivo sobre esta materia.

En este caso, los tres altos cargos que se juegan sufrir el mayor desgaste si el desacuerdo, y con ello la huelga, se prolonga, son la mencionada consellera de Educación, Carmen Ortí; el titular de Hacienda, José Antonio Rovira y, lógicamente, el propio presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

Analizando la responsabilidad de cada uno de ellos, el papel principal de Ortí como titular del área educativa es obvio, aunque tampoco resultaría justo centrar la responsabilidad de forma exclusiva en la consellera. La alto cargo fue designada para este puesto hace poco más de cinco meses y ya fue recibida, prácticamente de forma inmediata tras su toma de posesión, con una manifestación pocos días después de llegar al cargo.

Sobre esto, cabe recordar que su predecesor en el cargo fue José Antonio Rovira, ahora conseller de Hacienda, quien mantuvo distintos pulsos con las fuerzas sindicales que acabaron en fuertes discrepancias, además la ruptura que supuso con el entonces de Educación la gestión de la Dana. Así, no puede decirse que su compañero en el Ejecutivo valenciano le dejara a Ortí una balsa de aceite en el intercambio de carteras: más bien al contrario, la relación entre estas organizaciones y el Consell podría calificarse de tensa en el momento del aterrizaje.

Este no es el único motivo por lo que Rovira puede sufrir también parte del desgaste. Como conseller de Hacienda, es quien precisamente debe autorizar cuánto y cuándo puede aumentar su gasto estructural la Conselleria de Educación para atender las demandas de unos colectivos con los que mantuvo importantes tiranteces durante la primera mitad de la legislatura.

Atendiendo al detalle, la subida planteada días atrás por parte del departamento de Ortí -ascenso de 75 euros mensuales de forma progresiva hasta alcanzarlos en 2029-, implicaría un incremento de 100 millones de euros en el gasto de este departamento. La cifra es 24 veces inferior a la estimación que la propia consellera realizó a comienzos de la semana pasada sobre el coste de asumir todas las reivindicaciones planteadas por los docentes.

Ortí ha venido aludiendo en las últimas semanas a la situación de infrafinanciación que atraviesa la Comunitat Valenciana y reconoció que un incremento de gasto en 2.400 millones de euros "supera la capacidad" de las arcas públicas de la Generalitat. Un argumentario que parece llevar el sello de la Conselleria de Hacienda.

Por último, pero no menos importante, el tercer dirigente que está expuesto a ver desgastada su imagen en esta protesta es, obviamente, el propio presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Bien es cierto que, especialmente desde que se iniciara la huelga el lunes, el jefe del Consell y su equipo han tratado de centralizar la comunicación al departamento de Educación. Una manera de alejar, en la medida de lo posible, el material radiactivo del Palau de la Generalitat.

No obstante, y muestra de ello es la protesta de este mismo miércoles a las puertas del despacho de Pérez Llorca, el presidente de la Generalitat difícilmente puede salir indemne de un problema de semejante calado, especialmente si la huelga se prolonga durante muchos días más. En este sentido, la lógica indica que el malestar y protestas que pueden dirigirse de forma inicial a la consellera de Educación e incluso de forma colateral, al titular de Hacienda -por tener la llave de la caja y por haber ostentado esas competencias-, terminarán reenfocándose hacia el máximo responsable autonómico, Pérez Llorca. 

Ante esta situación, desde el Consell se puede optar por dar la batalla política, tachando de ideológica y oportunista la huelga por producirse con un gobierno del PP al frente cuando esta no tuvo lugar con el Botànic pese a que ya existían las actuales reivindicaciones, pero también se intuye por el nivel de consenso -al menos de momento- sindical y la poblada manifestación de la primera jornada, que la vía de la negociación se presume como la más fáctible para cerrar el conflicto de la manera más rápida y óptima posible, reduciendo el impacto y desgaste para los citados protagonistas políticas.