VALÈNCIA. El diputado por Compromís en el Parlamento Europeo, Vicent Marzà (Castelló, 1983) combina en Bruselas una intensa agenda marcada por el comercio internacional, el transporte, el turismo y la vivienda. Desde las negociaciones de acuerdos estratégicos como Mercosur o India, donde ejerce como ponente en la sombra, hasta la defensa de los derechos de los pasajeros en el transporte ferroviario o el impulso de una estrategia europea de turismo sostenible, su actividad parlamentaria abarca algunos de los debates clave en este momento. Y uno de ellos, que preocupa y ocupa con intensidad tanto a las administraciones como a la ciudadanía, no es otro que la vivienda.

Marzà es vicepresidente de la Comisión Especial sobre la Crisis de Vivienda en la Unión Europea (HOUS) y tiene claro que para revertir la actua situación hace falta "valentía y ambición" y una serie de medidas muy enfocadas en la intervención sobre el alquiler turístico, la limitación de precios en zonas tensionadas o la fiscalidad. Eso sí, lo que tiene claro es que el problema actual no es por una falta de oferta en general, sino de viviendas a precios asequibles por lo que asegura que es un "mito" construir más para bajar los precios y pone como ejemplos algunos casos europeos como Varsovia. "Es una de las ciudades donde más ha subido el precio de la vivienda y, al mismo tiempo, de las que más ha construido. Desmonta el mito que tenemos de construir más para que bajen los precios", defiende.

-La vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales. ¿Tiene realmente la Unión Europea competencias suficientes para intervenir en materia de vivienda?

-Sí, las tiene y debería tenerlas mucho más. De hecho, ahora mismo hemos puesto en marcha una comisión especial para estudiar la problemática de la vivienda en toda Europa: cómo está afectando, cuáles son sus causas, qué elementos son comunes y cuáles son más territoriales. A partir de ese diagnóstico, las políticas que se desarrollen tendrán distintos niveles. Habrá políticas marco, con normativas que afectarán a toda la Unión y que deberán aplicarse también aquí, y otras llegarán en forma de incentivos económicos, es decir, fondos europeos con determinadas condicionalidades.

Por tanto, es verdad que la Unión no tiene una competencia específica en vivienda, y esa ha sido muchas veces la excusa para no actuar, pero sí tiene capacidad de incidencia si marca un marco común de trabajo compartido para dar una solución a la crisis de la vivienda.

-A su juicio, ¿cuál es el diagnóstico? ¿Qué es lo que está pasando en Europa?

-Hay elementos compartidos. El primero es que la vivienda se ha convertido en un bien de especulación, no en un derecho. Esto se ve claramente en la fiscalidad porque se han bonificado a las sociedades que operan en el ámbito inmobiliario y que están acumulando más volumen de activos en sus manos como son las sicavs y las socimis. El segundo factor es la presión de las viviendas turísticas. En solo un año crecieron un 19% en Europa y el aumento sigue siendo exponencial y está provocando que en determinadas zonas hasta el 40% de la vivienda disponible esté destinada a alquiler turístico. Y, al mismo tiempo, ha habido una inacción clara en el impulso de un parque suficiente de vivienda asequible.

-Precisamente, en el marco de esa comisión que se ha creado, se ha elaborado un informe que  propone aumentar oferta y simplificar trámites. ¿Comparte el diagnóstico?

-Estamos alineados en una parte y en otra no. ¿Hace falta más oferta? Sí, pero con el apellido 'asequible'. No es cierto que no haya suficiente vivienda; la hay. El problema es que no está a precios asequibles. Se ha producido un desacople entre el precio de la vivienda y la capacidad económica de la ciudadanía. Y ese desajuste hace que para trabajadores y familias sea prácticamente imposible acceder a una vivienda digna. Por eso hay que incidir en la creación de un stock suficiente de vivienda asequible, con condicionalidades claras.

-¿Qué es exactamente una vivienda asequible?

-Según las Naciones Unidas, es aquella en la que una familia no destina más del 30% de sus ingresos al alquiler o a la hipoteca. Ese es el umbral que marca si el acceso es sostenible o no.

-Pero ese tipo de vivienda depende en gran parte de las administraciones, que tienen recursos limitados. ¿Cómo se puede ampliar el parque público?

-No únicamente debe ser público. Tenemos ejemplos como el de Dinamarca, donde el parque público es amplio, pero también lo es el que está en manos de empresas de lucro limitado, cooperativas o entidades del tercer sector. Cuando existe una oferta suficiente de vivienda asequible, bien sea pública o de entidades privadas con beneficio limitado o cooperativas, es cuando se garantiza que los precios no suban de forma exponencial. Por tanto, lo que se necesita es un stock suficiente de vivienda asequible para incidir en el conjunto del mercado y que actúe como elemento regulador.

-¿Y qué medidas plantea en ese sentido?

-La primera de todas es que todo el dinero público que se utilice para este tipo de viviendas debe permanecer para siempre en el ámbito de la asequibilidad.  En España, la vivienda protegida caduca y puede pasar al mercado libre; eso es una excepción en Europa. En la mayoría de los países no pasa y por eso tienen un parque más resiliente y estable. Por tanto, todo el dinero público destinado a vivienda debe blindarse para evitar la especulación futura.

La segunda cuestión es limitar el beneficio en zonas tensionadas y regular el uso de las viviendas. Por ejemplo, impedir que se compre vivienda si no es para residir en ella o para alquilarla de forma asequible. Además, debemos aprovechar los fondos europeos, que se van a más que duplicar, no solo a construcción de vivienda nueva, sino también a rehabilitación y a adquisición. Y, finalmente, hay que actuar sobre las licencias de alquiler turístico.

-Entonces, ¿no ve que exista un problema de oferta en el mercado?

-El diagnóstico que hemos hecho es que todas las ciudades europeas que han construido muchísima más vivienda que la media son donde más han subido los precios. La relación entre construcción y precio no funciona como en otros bienes de mercado. La gente quiere vivir en una zona determinada, en un sitio concreto. Esa limitación territorial hace que no funcione como el resto de mercados. Por tanto, no falta oferta en general; falta oferta asequible. No falta vivienda media o de alta gama en Europa. Lo que falta es vivienda en el rango de la asequibilidad, que es precisamente el que afecta ahora mismo a la mayoría de la población. Las políticas europeas se van a centrar en ese segmento.

-¿Tienen estimado cuál sería el volumen de viviendas asequibles necesario en España?

-Se habla de unas 600.000 viviendas en el conjunto del Estado español, pero hay que tener en cuenta que en los últimos 20 años se han privatizado 2,8 millones de viviendas que habrían seguido siendo de protección oficial si no se hubieran liberalizado. El margen de mejora es exponencial. Toda vivienda que se construya con dinero público no puede pasar al mercado privado. Eso hará que el stock crezca y en pocos años se puede hacer. En Francia, por ejemplo, han construido casi dos millones de viviendas asequibles en los últimos 15 años.

-¿España tiene capacidad para construir esos volúmenes?

-Creo que sí, si se trabaja bien normativamente y llegan los fondos como corresponde. La Comisión Europea ha comprometido duplicar los fondos para vivienda asequible dentro de los fondos de cohesión. Eso supone unos 14.000 millones de euros directos para administraciones con la condicionalidad de que sea vivienda asequible. Este montante está comprometido en el actual marco financiero plurianual. Ya se pueden solicitar y en muchas zonas de España se está haciendo. En la Comunitat Valenciana, en cambio, se están desaprovechando oportunidades. Además, el Banco Europeo de Inversiones ha creado una plataforma de inversión en vivienda asequible que hará de ventanilla única y permitirá financiar construcción y, sobre todo, avales, que es donde más problemas tienen las empresas.

-¿Por qué considera que la Generalitat Valenciana no está aprovechando los fondos europeos?

-Está ausente. No está en el principal problema de los valencianos, que es la vivienda. No están trabajando para acceder a esos fondos. Siguen en un marco más ideológico que realista. En Holanda, por ejemplo, se ha limitado la compra de vivienda solo a primera residencia o para alquiler asequible. Se podría hacer aquí y no se está haciendo. Tampoco se está aplicando la limitación de precios de la Ley de Vivienda.

-En materia de alquiler turístico, ¿qué herramientas deberían tener ciudades como València, Barcelona o Palma para limitar impactos en zonas tensionadas?

-En el tema de las licencias de alquiler turístico ya hay una directiva europea que empieza a aplicarse este año. Va a obligar a las plataformas a ofertar únicamente viviendas que tengan licencia, algo que hasta ahora no estaban haciendo. Por tanto, los Estados miembros, como ya ha anunciado el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, podrán exigir que se retiren las ilegales y aplicar sanciones contundentes. Esto va a ayudar a que las plataformas colaboren. De hecho, desde que se les dijo que tenían que eliminar las ilegales, 53.000 anuncios han empezado a retirarse.

Además, en otros países europeos, y esto lo han validado tribunales europeos, entre ellos en Alemania, se ha aprobado que no se concedan nuevas licencias en zonas tensionadas e incluso que se puedan revertir algunas ya otorgadas si la zona está tensionada. Es una opción que está encima de la mesa. No está aprobada aquí, pero se está haciendo en otros Estados. Por tanto, si se declara zona tensionada, se puede dejar de dar nuevas licencias o incluso reducirlas. Y, sobre todo, hay que luchar contra la oferta ilegal.

-¿Se podrían poner límites a la compra masiva por parte de grandes fondos?

-Sí. Una opción es la que se aplica en Ámsterdam, que consiste en no poder comprar vivienda si no es para residir en ella o alquilarla de forma asequible. De esta forma, se acaba con la especulación. Otra opción es aplicar una presión fiscal creciente según el número de viviendas que se acumulen. Aquí ocurre lo contrario: quien compra su primera vivienda paga el impuesto íntegro, mientras que determinadas sociedades que compran 50, 60 o 80 viviendas tienen bonificaciones del 95-97% en el impuesto de transmisiones.

-¿Europa debería flexibilizar las reglas fiscales para vivienda?

-La primera vivienda, la destinada a residir en ella, no debería pagar el impuesto de transmisiones patrimoniales. Eso ocurre en varios países europeos. Incluso hay lugares donde los primeros 200.000 o 250.000 euros están bonificados al 0%. En cambio, la fiscalidad debería endurecerse en función del número de propiedades. Insisto en que no es razonable que quien acumula 50, 60 o 80 viviendas tenga ventajas fiscales, mientras quien intenta comprar su primera casa paga íntegramente el impuesto. No tiene ningún sentido que una persona que compra su primera vivienda pague el impuesto completo y quien adquiere la número 400 apenas tribute. Por tanto, se trata de dejar de subvencionar este tipo de estructuras y reorientar la fiscalidad para que la vivienda llegue realmente a quienes la necesitan para vivir, no para especular.

Además, igual que estamos permitiendo más endeudamiento para comprar armas, también debería permitirse para vivienda asequible. Con ese endeudamiento inicial se pueden crear empresas públicas fuertes que colaboren con el tercer sector y empresas de lucro limitado para construir y rehabilitar a un ritmo significativo. No a 20 años vista, sino en cinco.

-¿Qué diferencias observa entre la crisis de vivienda en España y en otros países de la UE? 

-El Estado español está entre los cinco o siete países más afectados por la crisis de vivienda en Europa. Junto a España encontramos casos como Hungría, Irlanda o Croacia. Y es interesante porque desmonta el mito que tenemos de construir más para que bajen los precios. Varsovia, en Polonia, es una de las ciudades donde más ha subido el precio de la vivienda y, al mismo tiempo, de las que más ha construido. En Hungría, especialmente en Budapest, los precios se han duplicado en diez años pese a que el país ha perdido población. Eso demuestra que la lógica no es solo oferta y demanda, sino que pesa mucho más la especulación, la acumulación de vivienda en pocas manos y la presión turística. El mantra de “construir, construir y construir”, si no va acompañado de condiciones claras, no funciona. 

En cambio, en Dinamarca, por ejemplo, los sindicatos de inquilinos participan en la negociación de las subidas anuales del alquiler y su adecuación al IPC. Además, existe una fuerte presencia de cooperativas, entidades del tercer sector y empresas de lucro limitado que gestionan vivienda asequible. Esa combinación limita las subidas exponenciales que sí estamos viendo aquí. En Francia hay otro modelo interesante: una empresa pública, con participación público-privada, pero liderazgo público, que impulsa la construcción de vivienda asequible con avales y colaboración de grandes empresas para facilitar el acceso a trabajadores con dificultades.

-¿Cuál sería el modelo ideal para España?

-Tenemos que incidir sobre la vivienda turística, donde España es uno de los países con mayor presión, especialmente en el ámbito irregular. También hay que revisar el sistema de licencias para garantizar que haya más oferta de alquiler residencial. Por otro lado, se debe construir vivienda pública, pero con una condición: que sea para siempre. Y no solo construir, también adquirir y rehabilitar vivienda existente para ampliar el parque público y evitar que pase a manos privadas. Y fomentar la colaboración con el sector del lucro limitado, que ya funciona en otros países. En las zonas más tensionadas, incluso se pueden adoptar medidas más disruptivas como lo que se ha hecho en Singapur, país que no es paradigma de la izquierda radical, y en donde se limitó la compra exclusivamente para residencia habitual y se llegaron a expropiar solares para construir vivienda a precio limitado mediante acuerdos con empresas privadas. La vivienda es un derecho, igual que la educación o la sanidad.

-¿Falta valentía política en España?

-Sobre todo falta ambición y valentía para aplicar lo que ya está funcionando en otros lugares. Y no es una cuestión ideológica: esas medidas las aplican gobiernos de distinto signo. En España se ha fomentado durante años un modelo basado en la financiarización del mercado inmobiliario, con bonificaciones a determinadas entidades jurídicas que concentran vivienda. Somos uno de los países con mayor presencia de este tipo de sociedades. Cambiar ese modelo exige una reforma estructural profunda, y para eso hace falta decisión política.

-Usted formó parte del Consell del Botànic. ¿Faltó visión para anticipar la crisis de vivienda?

-Formé parte del Gobierno, pero me dedicaba a las áreas de educación, cultura y deporte. Hago mucha autocrítica de mí mismo. Hicimos muchas cosas muy bien, otras aceptables y otras mal. No me corresponde señalar en qué se equivocaron otros compañeros, pero sí creo que hubo dos factores clave. Primero, no existía la ley estatal de vivienda, que se aprobó pocos meses antes del cambio de gobierno, por lo que teníamos muchas menos herramientas de las que hay ahora. Eso es una realidad. Segundo, tampoco existían los fondos europeos que ahora sí están disponibles para multiplicar la construcción, la rehabilitación y la adquisición de vivienda asequible. Lo que sí hicimos, y creo que fue importante, fue aprobar la Ley de Función Social de la Vivienda y activar el tanteo y retracto. Ahí fuimos valientes. ¿Fue suficiente? Probablemente no. Creo que podríamos haber ido más allá y haber destinado más recursos a comprar vivienda para ampliar el parque público. Pero dentro de las limitaciones competenciales que había en ese momento, llevamos al máximo nuestras capacidades. En el ámbito turístico también creo que se podría haber ido más lejos. Ahora bien, el crecimiento exponencial de las viviendas turísticas en ciudades como València se ha producido especialmente con el nuevo gobierno.

-¿Cree que el mercado va a tocar techo o los precios seguirán subiendo?

-Creo que se puede parar esta dinámica que está expulsando a la mayoría trabajadora del acceso a la vivienda, y se debe hacer. Pero si no se aplican las políticas que hemos comentado, esto no va a parar por sí solo. Hay capacidad para frenarlo, pero hace falta intervención clara y directa. No podemos dejar que todo continúe igual esperando que el mercado se autorregule, porque no va a suceder. O se actúa con medidas concretas, o la escalada continuará.

-Usted también forma parte de comisiones en materia de comercio internacional, ¿qué le parece la aprobación provisional de Mercosur?

-La aplicación provisional del acuerdo con Mercosur es, a mi juicio, una falta de respeto a la democracia europea. El Parlamento Europeo votó, entre otras iniciativas, a propuesta mía y de varios compañeros, que antes de aplicar el acuerdo se consultara al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para determinar si era plenamente legal. Esa posición fue aprobada. Sin embargo, ahora la Comisión Europea plantea su aplicación provisional sin esperar ni a la resolución del tribunal ni a la votación definitiva en el Parlamento. Es decir, se empezaría a aplicar un tratado de libre comercio antes de su ratificación formal.

Eso no solo supone ignorar la voluntad democrática expresada por el Parlamento, sino que responde a unas prisas que no están justificadas. Se quiere sacar adelante a toda costa porque existe una oposición importante y porque, cuanto más tiempo pase sin entrar en vigor, más sectores comprenderán los efectos negativos que puede tener sobre actividades esenciales en Europa. Se busca generar hechos consumados: que esté ya aplicándose para dificultar que se frene después.

-¿Por qué cree que es un acuerdo negativo?

-Porque nos hace más dependientes de terceros países y permite la entrada de productos elaborados con estándares sanitarios y medioambientales que aquí están prohibidos. Eso genera una competencia desigual que puede provocar la desaparición de determinados subsectores que no podrán competir en esas condiciones. Europa necesita mantener vivos todos sus sectores productivos: el primario, el industrial y los distintos subsectores que los conforman. No se trata de cerrarnos al comercio internacional, sino de firmar acuerdos equilibrados que no generen dependencia estratégica. La pandemia nos enseñó lo que ocurre cuando externalizamos la producción esencial: se cortan suministros y surgen crisis graves. Europa debe reforzar su autonomía estratégica, no desde la autarquía, sino garantizando que puede producir lo esencial sin depender completamente de terceros. Eso es compatible con acuerdos comerciales, pero no con tratados tan amplios y desiguales como este.

-Cambiando de asunto y como miembro de Compromís. ¿Qué papel le gustaría que pudiera asumir Mónica Oltra de cara a las elecciones de 2027?

-Esa es una decisión que solo le corresponde a ella. Será el papel que quiera asumir y en el que considere que puede aportar más. Para nosotros está claro que es un valor no solo para Compromís, sino para el conjunto de la izquierda y para la sociedad valenciana en su conjunto, también para muchas personas que no son de izquierdas. Cuando ella lo considere oportuno, si decide volver a la primera línea política, contará con todo el respeto y el reconocimiento. Creo que tiene un papel que jugar, el que ella quiera. No me corresponde a mí decirle dónde debe estar.

-Se le ha abierto juicio oral, ¿apoya igualmente que sea candidata aunque no esté resuelta la acusación que pesa sobre ella?

-Me permitirás que no entre en ese debate, porque creo que sería faltar al respeto a una decisión que es estrictamente personal. No debemos alimentar la especulación en un asunto tan sensible y, en mi opinión, tan injusto. Los propios escritos del fiscal y del juez de instrucción señalan con claridad que no debería sentarse en el banquillo sin indicios sólidos. Más allá de eso, prefiero no contribuir a hacer ruido sobre una situación que ya ha generado suficiente dolor y que, desde mi punto de vista, es injustificada.