VALÈNCIA. Tal y como le ocurre a muchos valencianos con la vivienda, al presidente Carlos Mazón le han subido el alquiler del Palau de la Generalitat. Un pago que no debe efectuarse en dinero, sino en crédito político, y que tuvo como primera cuota una declaración institucional este lunes en la que asumió varios de los postulados de Vox, el único partido dispuesto a prestarle apoyo para aprobar los presupuestos.

La intervención del jefe del Consell para anunciar un acuerdo con el partido de Santiago Abascal con el objetivo de sacar adelante las cuentas de 2025 se convirtió este lunes de Fallas en un hito político a escala nacional, aunque quizá el deseo, por la fecha escogida, era que pasara más desapercibido en tierras valencianas. Desde la dirección nacional del PP, situada en la calle Génova 13 de Madrid, estaban al tanto de las negociaciones y concedieron luz verde a Mazón para sellar un pacto que también supone un giro político por parte de la formación popular, al asumir cuestiones ante las que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, se había mostrado reticente.

Así, Mazón asumió públicamente ayer postulados de Vox contra las políticas verdes y la inmigración, en un discurso que parecía una condición sine qua non impuesta por el partido de Abascal para avanzar en la negociación presupuestaria. "El señor Mazón ha denunciado el pacto verde europeo y sus consecuencias, y ha denunciado las políticas que alientan la inmigración ilegal y sus consecuencias. Ha visto que Vox tenía razón y ha rectificado públicamente", se jactó el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, en rueda de prensa minutos después.

• Ignacio Garriga, este lunes. Foto: EFE/BLANCA MILLEZ

"Esa es la dirección correcta: enfrentarse sin complejos al Pacto Verde y a las políticas que favorecen la inmigración ilegal", escribió Santiago Abascal en la red social X sobre la declaración de Mazón, para añadir que esas dos cuestiones "tuvieron que ver con la tragedia de la dana en sus causas y en la amplificación de las consecuencias, por el pillaje". De hecho, el jefe del Consell solicitó en su discurso que se detallara la nacionalidad de los detenidos por los saqueos durante los días posteriores a la riada, una petición que también apunta a ser otra condición exigida por Vox para criminalizar a los inmigrantes.

En estea línea, Mazón afirmó que la Comunitat Valenciana "tiene un problema con la inmigración ilegal" y aseguró que el gobierno autonómico que preside "no admitirá más repartos de inmigración ilegal que promociona el presidente Sánchez", para recalcar que buscarán "fórmulas legales" para que los menores acompañados que han llegado a la región "puedan volver con sus familias", otras exigencias estas en las que venía insistiendo Vox en los úlitmos meses y que, además, causaron la ruptura de los gobiernos autonómicos en julio del año pasado.

Además de la inmigración ilegal, Mazón sostuvo un discurso muy duro contra la "agenda ambientalista de Europa", que consideró "mal concebida" y se mostró muy crítico con el Pacto Verde Europeo, animando a "la acción" contra él por sus medidas "que van directamente contra la esencia de nuestra economía". "Es algo que Vox ha denunciado y yo he constatado", sentenció, haciendo suyo y, por tanto también de la Generalitat, otro de los postulados del partido de Abascal. 

Unas manifestaciones ante las que la oposición reaccionó de inmediato con vehemencia. La secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, calificó el acuerdo de "pacto de la vergüenza 2.0" por conllevar, a su juicio, "racismo y negacionismo climático" e insistió en reivindicar las elecciones anticipadas. Por su parte, el portavoz de Compromís, Joan Baldoví, afirmó que la "única comparecencia" que los valencianos esperan de Mazón era "su dimisión" y acusó al presidente de la Generalitat de "vender su alma a Abascal para ganar tiempo". También se pronunció Ens Uneix, socio del PP en al Diputación de Valencia, que a través de su diputada, Natàlia Enguix, advirtió de que desde la institución "harán frente a los recortes planteados por Vox en la Generalitat y que van contra las mujeres, el valenciano, la memoria democrática, la lucha contra el cambio climático y las personas migrantes". 

Oxígeno a precio de oro

La maniobra del presidente de la Generalitat le garantiza, a priori, la aprobación de los presupuestos de 2025, una de las condiciones para poder gobernar con cierta estabilidad y también para facilitar las labores de reconstrucción necesarias tras la Dana. Ahora bien, desde el punto de vista político el jefe del Consell está teniendo que pagar un precio muy alto, empezando por una comparecencia pública en cierto modo humillante que le ha obligado a asumir públicamente líneas discursivas que hasta ahora había evitado, no sólo el propio Mazón, sino también el PP nacional.

Más aún, la lista de exigencias de Vox para los presupuestos se dirige a la eliminación de todas las ayudas a las ONG que "apoyen la inmigración ilegal", el recorte del 40% en gastos de cooperación, la supresión de subvenciones a entidades propalestinas, la disminución del presupuesto a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) y rebajar las ayudas a la promoción del valenciano. Además, también proponen la supresión de "todas las partidas destinadas a Memoria Histórica" y sólo mantener "las obligatorias para identificación de cadáveres bajo el epígrafe de la nueva Ley de Concordia". Por otro lado, también proponen "una reducción significativa de las subvenciones a agentes sociales, chiringuitos ideológicos y de igualdad", un "recorte significativo" del sector público instrumental y distintas bajadas de impuestos, además de "participar directamente" en el plan de distribución de recursos para la reconstrucción tras la Dana.

• Feijóo y Mazón, meses atrás. Foto: EDUARDO PARRA/EP

Una serie de medidas que, en algunos casos, chocan contra los planteamientos de Mazón y del PP, pero sobre las que el presidente de la Generalitat parece estar dispuesto a ceder en pos de mejorar la estabilidad de su gobierno a través de los presupuestos. La ventaja para el jefe del Consell, además del beneficio en la gestión que supone contar con unas cuentas aprobadas y actualizadas a la situación, consiste en reafirmar un aliado que le permita apuntalar su débil posición y alejar el debate sobre su dimisión, aunque eso conlleve plegarse a las exigencias de Vox.

Así, y con la defensa realizada este lunes desde Génova del acuerdo alcanzado, que además podría ser imitado por otras autonomías gobernadas por el PP, lo que apunta a dejar en una posición algo más sólida a Mazón, que viene atravesando momentos muy delicados por su gestión durante la catástrofe el 29 de octubre.

Giro de guión nacional del PP

Otro factor más que relevante del acuerdo anunciado este lunes por Mazón es el giro de guion que supone para el PP liderado por Feijóo. La autorización concedida para este pacto -y los que podrían venir después en otras autonomías- indica que en Génova parecen haber asumido que la cesión en determinados postulados de Vox era irremediable. En este sentido, la línea de defensa de la formación popular a este cambio de criterio -si bien las fuentes oficiales negaban tal modificación- se centra en señalar los acuerdos de Pedro Sánchez con formaciones como Junts, y poner el acento en que los gobiernos populares como el de Mazón están sacando adelante los presupuestos mientras el Ejecutivo socialista sigue estancado sin poder aprobar las cuentas en España.

De esta manera, y pese a las reticencias mostradas por Feijóo respecto a las posiciones de Vox en materia de inmigración y legal o políticas verdes en los últimos meses, el acuerdo de Mazón parece ser un punto de inflexión que apunta a que los populares van a apartar sus complejos respecto a las alianzas con Abascal. Una posición que, desde el punto de vista estratégico, puede tener sentido con una mirada a largo plazo, dado que es muy probable que Feijóo necesite estos apoyos en un futuro para alcanzar la Moncloa, por lo que este tipo de acuerdos en las autonomías se dirigen a allanar también la alianza ante la opinión pública.