VALÈNCIA. El 80,3% de los trabajadores encuestados de sanidad, educación y ayuda a domicilio de la Comunitat Valenciana ha sufrido alguna situación de violencia laboral externa en los últimos diez años. Es uno de los principales resultados del estudio elaborado por UGT Serveis Públics PV y la Universitat Jaume I (UJI), presentado este martes en la sede de UGT. La investigación analiza las agresiones, amenazas, insultos y otras conductas intimidatorias o vejatorias ejercidas por pacientes, alumnado, familiares y personas usuarias sobre quienes les prestan un servicio.
“Ocho de cada diez personas trabajadoras en los últimos diez años han sufrido violencia laboral en el trabajo”, destacaba Miguel Ángel Gimeno, investigador del Departamento de Administración de Empresas y Marketing de la UJI. El trabajo combina entrevistas a 39 informantes clave con una encuesta general a 279 personas trabajadoras de las tres provincias. La recogida de información se desarrolló entre noviembre de 2025 y enero de 2026.
Los resultados dibujan una elevada exposición a este riesgo. El 74,5% valora como alta o bastante alta la intensidad de la exposición, mientras que un 10,2% señala que ha vivido estos episodios muy frecuentemente, más de doce veces en el periodo analizado.
Gimeno explicaba que el estudio aborda la violencia “que se establece a través de un vínculo de servicio profesional”. Comprende conductas físicas, verbales y psicológicas, además de otras formas económicas, simbólicas y digitales. “Ha crecido mucho la digital”, ha señalado. En Educación, la violencia psicológica y la simbólica, que desacredita el trabajo de los profesionales, adquieren especial relevancia.
Protección insuficiente y falta de apoyo
Uno de los resultados más contundentes es la percepción de desprotección. El 75,9% de los encuestados considera que la protección frente a la violencia externa es poca o nula: un 42,1% la califica de escasa y un 33,8%, de inexistente. Además, el 69,1% considera poco o nada adecuado el apoyo institucional recibido tras sufrir violencia, con un 37,5% que lo describe como nulo.
Las soluciones aplicadas tampoco convencen a la mayoría. El 70,1% las considera escasas o inexistentes y el 68% estima que se hace poco o nada para gestionar preventivamente este riesgo. La actividad preventiva obtiene una nota media de 4,23 sobre 10, con un 4,32 en Sanidad y un 4,08 en Educación.
Las carencias también aparecen al preguntar por las herramientas disponibles. El 41,2% del personal educativo encuestado y el 19,7% del sanitario afirma que su centro no cuenta con medidas preventivas específicas. Solo el 43% del conjunto de participantes señala que existe un registro sistemático de incidentes, mientras que el 23% dice que no lo hay y el 34% desconoce si existe.
La secretaria general de UGT Serveis Públics PV, Mayte Montaner, defendía que los resultados deben traducirse en actuaciones. “Una vez analizado el problema, no nos quedamos con esto. Queremos ofrecer soluciones y propuestas”, señalaba. Para la dirigente sindical, se trata de “un problema estructural y sistémico” que debe abordarse desde la prevención, la negociación colectiva y el ámbito sindical. Montaner advertía también de que la violencia “se va invisibilizando y se integra en la cultura organizacional”, lo que dificulta reconocerla y actuar frente a ella.
El impacto sobre la salud y las diferencias entre mujeres y hombres
El estudio recoge el estrés y la ansiedad como la principal consecuencia percibida de la violencia externa, señalada por el 89,3% de la muestra. Le siguen el miedo y la inseguridad, con un 71,4%; la afectación de la salud mental, con un 65%; la pérdida de motivación, con un 64,3%, y las alteraciones del sueño, con un 62,1%. Estos porcentajes recogen las consecuencias identificadas por los participantes.
El daño también alcanza al funcionamiento de los servicios. El 52,1% señala un empeoramiento del clima laboral y el 50% identifica las bajas laborales entre las consecuencias de estos episodios.
La responsable del Departamento de Salud Laboral de UGT Serveis Públics PV, Elena Espinar de las Heras, subrayaba que los ámbitos estudiados están muy feminizados. “Las mujeres manifiestan sufrirlo con mayor frecuencia e intensidad", explicaba. También ha destacado que “las mujeres encuestadas perciben una mayor afectación sobre su salud, sobre el plano mental y emocional”.
La violencia psicológica está más extendida entre las mujeres de la muestra, con un 62,1% frente al 56,5% de los hombres. Espinar ha señalado que, entre las maniobras utilizadas, en los hombres predominan las amenazas y en las mujeres el desprestigio profesional, “que afecta a tres de cada cuatro mujeres”.
Los datos sitúan el desprestigio profesional en el 72,9% de las mujeres y el 53,6% de los hombres. El aislamiento afecta al 20,2% de ellas frente al 7,2% de ellos, casi el triple. "Estos tres sectores tienen rostro de mujer y, en algunos casos, de precariedad", afirmaba Montaner, al reclamar campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía.
Más plantillas, sistemas de alerta y trabajo en pareja
El sindicato trasladará las propuestas a las consellerias responsables de los ámbitos analizados. “Enviaremos a las consellerias objeto de este estudio las líneas por donde se debería trabajar”, ha anunciado Montaner. “Muchas medidas convergen. Esto es prevenible”, ha insistido.
En Sanidad, UGT plantea “reforzar las plantillas” en los ámbitos más expuestos, especialmente salud mental, atención primaria y urgencias, para minimizar los tiempos de espera. También propone atención en pareja ante situaciones de riesgo, “para que no vayan solos los profesionales a atender pacientes que puedan ser más violentos”, sobre todo en visitas domiciliarias.
Las propuestas incluyen alarmas silenciosas, apoyo psicológico inmediato y formación obligatoria sobre violencia laboral externa. A ello se suma un “observatorio de agresiones con capacidad real de actuación” y encuestas bienales de percepción del riesgo integradas en la planificación preventiva.
En Educación, las medidas pasan por reducir las ratios, establecer planes de acogida y mentoría para el personal y facilitar el acceso a los protocolos. El sindicato reclama además sistemas de alerta en los centros y un observatorio de agresiones.
Para el servicio de ayuda a domicilio, UGT propone evaluar previamente a las personas atendidas, el entorno y la vivienda; mejorar la coordinación entre servicios sociales, empresas y sanidad, y establecer protocolos ante agresiones y trabajo en pareja cuando sea necesario. También pide incorporar obligaciones verificables en los contratos y un registro específico de incidentes.
“En el SAD no hay nada hecho”,denunciaba Montaner, al destacar las carencias preventivas de este ámbito. Sus resultados cuantitativos deben interpretarse con cautela, ya que su participación en la encuesta general se limita a diez personas. La vicesecretaria general de UGT PV, Marisa Baena, expresaba su preocupación por las agresiones y sus consecuencias: “Son factores de riesgo psicosociales. Dan lugar a accidentes de trabajo, sean de naturaleza física como mental”.
Baena vinculaba también la conflictividad con el contexto social. "Este nivel de polarización social tiene que afectar", señalaba, al advertir de la pérdida de reconocimiento de la autoridad de docentes y profesionales sanitarios. La investigación sitúa entre los factores que favorecen la violencia la sobrecarga de trabajo, la presión asistencial, el aislamiento profesional y la normalización de las agresiones.
