VALÈNCIA. En los últimos días se ha generado en el ámbito autonómico y nacional otra polémica que tiene como único objetivo mejorar -o empeorar- el posicionamiento político de unos y otros respecto al accidente ferroviario ocurrido en Adamuz. Una guerra que contribuye a generar una crispación, en este caso cruzada, entre las víctimas de esta tragedia y la ocurrida en la provincia de Valencia con la Dana acaecida en octubre de 2024.
Este debate se centra en la indemnización que corresponde a los familiares de las víctimas mortales del accidente. Diversas informaciones publicadas esta semana han señalado que cada fallecido en Adamuz percibirá el tripe de ingresos (216.000 euros) por parte del Gobierno que las víctimas de la Dana (72.000 euros).
Una circunstancia que ya ha sido utilizada por medios de comunicación y el propio Consell para recalcar que, para el Gobierno de España, existen "víctimas de primera y de segunda categoría", tal y como afirmó el presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.
La explicación de por qué se produce esta diferencia es legislativa y también se debe al propio carácter específico del suceso. Así, respecto a las víctimas de Adamuz, el Gobierno de España activa la misma ayuda que habilitó para la Dana: 72.000 euros a fondo perdido por fallecimiento procedente de Protección Civil, según señalan fuentes del Ejecutivo central. Una cantidad que, cabe recordar, genéricamente es inferior (18.000 euros), pero que se amplió precisamente con motivo de la tragedia valenciana.
A ello hay que sumar, cosa que no ocurre en la Dana, otros 72.121 euros por fallecimiento, contemplados en el Real Decreto 627/2014, de 18 de julio, de asistencia a las víctimas de accidentes ferroviarios y sus familiares, aprobado en su momento por el gobierno encabezado por el PP de Mariano Rajoy, cantidad que emana del ministerio correspondiente. Una cantidad por tanto concretada en el ámbito legislativo que no se ajusta a los parámetros de la Dana: otro debate podría ser si, tras la catástrofe valenciana, podría o debería reevaluarse esta cuestión.
Por último, figura la cantidad de entre 21.000 y 72.000 euros que deben consignar las aseguradoras por sus correspondientes entidades y que no paga el Estado, aunque tal y como anunció el ministro de Transportes, Óscar Puente, la adelantará el Gobierno en un plazo máximo de tres meses para evitar esperas.
Así pues, es cierto que los familiares de las víctimas mortales del accidente de Adamuz pueden percibir el triple de lo que recibieron los allegados de las personas fallecidas en la Dana de Valencia, pero esto se debe a una cuestión justificada en el marco legal existente, y no a una decisión arbitraria de un gobierno concreto.
