VALÈNCIA. Había información suficiente para prever lo que sucedería aguas abajo del barranco del Poyo y hubo tiempo, con los datos existentes a través de diferentes canales de información, para desalojar a los vecinos. Estas son algunas de las conclusiones expresadas por un perito que ha declarado este martes ante la jueza que investiga la Dana, Alberto Martínez Escribano, quien ha llegado a declarar que se sorprendió a la hora de comer de los atascos en las carreteras porque "la situación era peligrosa": "No hay que ir a Harvard para saber que la lluvia peligrosa es la que viene de las montañas".

Ingeniero geólogo, con un máster en Planificación y Gestión de Riesgos naturales, Escribano también ha declarado ante la instructora en calidad de testigo, y ha hecho un relato muy detallado de cómo vivió la jornada del pasado 29 de octubre y los días posteriores. "Sabiendo lo que llovía a mediodía en Buñyol, Chiva, etcétera, un ingeniero geólogo no tendría mucha dificultad en saber que toda esa agua iba a producir el desbordamiento del barranco del Poyo; era obvio y fácil de esperar", ha asegurado ante las preguntas de una de las acusaciones particulares, tal como figura en la declaración a la que ha tenido acceso Plaza.

En ese sentido, ha manifestado que "una vez ves que en Chiva el barranco va desbordado, ese agua seguro que va a a bajar y se sabe por dónde". Al respecto, ha recordado que el encauzamiento que se hizo entre Paiporta y la desembocadura caben 800 m3/s, por lo que "en cuanto se sabe que se pasa de ese límite por el aforo en directo del sensor de Ribarroja, se sabe que el barranco se va a salir". A su juicio, cuando se activó la alerta de nivel rojo de Aemet, por la mañana, "se debería haber avisado a la población" y "ese día se tenían que haber suspendido las clases como mínimo", así como "haber mandado a los tabajadores a sus casas" como hizo alguna empresa, la Diputación de Valencia y la Universitat de València (UV).

De esta manera, ha incidido en que "hubo tiempo para poder desalojar a las personas que estaban en zonas inundables porque sólo había que subirlas a pisos de arriba, no desalojar el pueblo" y, como ha reiterado la jueza en varias ocasiones, ha señalado que "la alerta que llegó a los móviles fue tardía y con contenido confuso", según su criterio. Con todo, ha admitido que "se podría haber avisado de muchas formas, llamando a ayuntamientos y haciéndolo con bandos, como se hizo en 1957, por eso hubo pocas víctimas". Esto, ha subrayado, está recogido en el Plan de Actuación Municipal y en el plan autonómico frente a inundaciones.

Asimismo, como especialista en gestión de catástrofes ha dejado claro que "se pudo haber evitado, además de con el aviso, mediante la educación a la población, enseñar a la gente que vive en una zona inundable que no tienen que bajar al garaje". Y ha añadido que se ha fallado también en "planificación urbana", al haberse urbanizado zonas inundables sin que se hayan adaptado a las inundaciones.

La jueza indaga el aviso tardío

Cabe recordar que la jueza instructora, titular del juzgado de Instrucción 3 de Catarroja, ha incidido en diversos autos en la conexión de causalidad entre los fallecimientos y las lesiones provocadas por la Dana y el aviso tardío y -a su juicio- deficiente remitido a la población a través del sistema ES Alert. También ha destacado que se podría haber alertado a la población por otros medios. En este contexto, ha citado a declarar como investigados a la que era consellera de Emergencias, Salomé Pradas, directora de la emergencia, y al 'número dos' de la Conselleria en ese momento, Emilio Argüeso.