VALÈNCIA. Esta semana ha estado marcada en la agenda política valenciana y, en parte, nacional, por el escándalo revelado sobre la promoción de VPP en Alicante de la que han sido beneficiarios algunos cargos políticos del PP y funcionarios (o sus familiares). Un caso que ya ha conllevado dimisiones y que, tal y como publicó este diario, amenaza con convertirse en la primera gran crisis para el recientemente elegido presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.
Uno de los problemas principales de este asunto en lo que se refiere al impacto público es, precisamente, que afecta a una cuestión central y sensible de la sociedad española y valenciana: el difícil acceso a la vivienda tanto en lo que se refiere al alquiler como a la compra.
En un contexto donde buena parte de los ciudadanos tienen dificultades para adquirir un piso por la escasez de inmuebles y los altos precios y donde tampoco es plausible para la gran mayoría de los bolsillos el alquiler, el escándalo de las VPP en Alicante es un problema de primer nivel e impacto para, en este caso, la formación popular.
Así lo ha detectado Vox. El partido liderado por Santiago Abascal, que por ejemplo fue más que comprensivo y generoso con la gestión de Carlos Mazón en la tragedia de la Dana, no parece que vaya a optar por ponerse de perfil en este asunto.
Esta decisión tiene sentido si se atiende a las prioridades de esta formación, que desde hace meses ha situado la vivienda como uno de los epicentros de su discurso, conscientes de que es un grave problema para gran parte de la ciudadanía donde puede además un discurso de carácter populista puede calar en la sociedad.
En esta línea se entienden algunas decisiones como la promoción del portavoz de Vivienda en el Congreso, Carlos Hernández Quero, que ha protagonizado algunas intervenciones virales sobre este tema, y que fue incluido el año pasado en la ejecutiva del partido y, posteriormente, ascendido a portavoz adjunto en la Cámara Baja.
Si a ello se une que Vox ha evitado entrar en muchos gobiernos -o se ha salido de ellos como ocurrió en la Comunitat- para no ostentar responsabilidades de gestión, la posición crítica sobre vivienda se ha convertido sin duda en uno de los pilares discursivos de Abascal y los suyos.
Prueba de ello fue la reacción de Vox este jueves tras los últimos acontecimientos. El grupo parlamentario en Les Corts, liderado por José María Llanos, presentó una propuesta para crear una comisión de investigación -al igual que habían hecho PSPV y Compromís- sobre el caso, donde además se insta a que exista un dictamen de conclusiones en un plazo máximo de 12 meses; por lo que se haría público poco antes de las elecciones autonómicas previstas para 2027.
Además, la portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Alicante, Carmen Robledillo también instó a la dimisión del alcalde, Luis Barcala (PP), por este caso, algo que refrendaron posteriormente en un comunicado. "O el alcalde no se enteró de lo que estaba ocurriendo, o no quiso enterarse", señalan, para subrayar que en ambos supuestos habría "incumplido su deber de vigilancia y ha fallado a los alicantinos". "El alcalde no puede seguir al frente del consistorio tras un escándalo que ha dañado gravemente la credibilidad institucional de la ciudad", sentencian.
Un posicionamiento que pone de manifiesto el cambio de actitud de Vox frente al PP cuando se habla de este asunto, que amenaza con convertirse en uno de los caballos de batalla de la formación de Abascal en los próximos meses, si es que el caso adquiere mayor profundidad como algunos dirigentes populares temen.
