VALÈNCIA. 

El fallo llega tras años de controversia jurídica en torno a la cuestión de las expropiaciones rogadas. La última ley valenciana urbanística fue aprobada en 2014, donde se fijaba que los propietarios pueden pedir a las administraciones la expropiación rogada cuando se superen los cinco años desde la aprobación de los planes urbanísticos. Pero los elevados costes para los ayuntamientos motivaron que Les Corts hayan ido prorrogando en cadena esta suspensión temporal, y perjudicando así a los propietarios de los terrenos, que ven como su ayuntamiento gana tiempo para pagarles. Y para colmo, sin intereses por estas demoras.

Así, en 2016 Les Corts Valencianes aprobaron la primera suspensión de plazos hasta 2018 a través de la Ley de Acompañamiento. Más tarde, se prorrogó la situación sucesivamente cada año hasta 2020, cuando la suspensión se alargó de golpe hasta 2023, de manera que a finales de este año concluía el último aplazamiento. Ni el anterior Ejecutivo, dirigido por Ximo Puig, ni el actual Consell, encabezado por Carlos Mazón, han planteado una nueva prórroga. Tampoco los grupos parlamentarios de Les Corts la han incluido en la Ley de Acompañamiento mediante sus enmiendas, que ya han pasado por las comisiones parlamentarias. Con la suspensión expirada y declarada inconstitucional, ahora los ayuntamientos valencianos tendrán que hacer frente a las expropiaciones pendientes.