VALÈNCIA (EFE). CSIF advierte de que los juzgados de la Comunitat Valenciana tienen entre un 20 y un 30 por ciento de su plantilla de baja por covid, lo que está retrasando los procesos judiciales, y por ello exige a la Conselleria de Justicia que "adopte todas las medidas necesarias para proteger a su personal", según reclama el sindicato en un comunicado.
La central sindical pide actuaciones urgentes ante el incremento de contagios por covid, que provoca bajas sin sustituir de personal en numerosos juzgados, y "la inacción" por parte de la Administración y en ese sentido critica la "indefensión" que sufren los alrededor de 5.000 funcionarios de Justicia que desarrollan su labor en la Comunidad Valenciana.
El sindicato lamenta que, pese a sus requerimientos, como los trasladados a las últimas reuniones del Comité de Seguridad y Salud Laboral, Conselleria "no adopte medida alguna para proteger a sus trabajadores". Por ello, exige con urgencia, ante la expansión de los contagios, que la Administración aplique el teletrabajo tres días a la semana para quien quiera acogerse a este método laboral.
Teletrabajo, aforos y permisos
Del mismo modo, insta a implantar la cita previa, como desde 2020 aplican numerosos organismos públicos, para limitar la asistencia y reducir el riesgo de contacto, así como una reducción de aforos en los órganos judiciales, ya que en la actualidad no existe y por cada uno de ellos pasan decenas de personas a diario.
CSIF reivindica igualmente el reparto de mascarillas de protección FFP2, una propuesta que viene realizando desde el inicio de la pandemia y ante la que Conselleria "evita responder a pesar de situaciones críticas como la actual, con múltiples contagios".
Igualmente, ha planteado los permisos "por deber inexcusable" para trabajadores con menores a su cargo contagiados o en cuarentena, ya que en la actualidad les obliga la Administración a recurrir a días de vacaciones para cuidarlos.
El sindicato recalca que la incidencia acumulada entre funcionarios de Justicia por contagios entre el 30 de diciembre y el 13 de enero ascendía ya 2.320 si se extrapolara la media habitual por 100.000 habitantes. Esta circunstancia, sumada, a la falta de sustitución del personal, repercute en una ralentización de la labor del juzgado, con lo que los trámites judiciales para la ciudadanía se demoran. Por ello, reitera a Conselleria que "reaccione de inmediato".
