VALÈNCIA. La Conselleria de Cultura tiene nueva capitana. Maria del Carmen Ortí Ferre será la nueva titular de la cartera y, como viene siendo habitual en el tándem de la sede compartida de Campanar 32, el perfil vuelve a estar mucho más orientado a gestionar el macrodepartamento de Educación. José Antonio Rovira, de hecho, parece haber pasado de puntillas por las competencias culturales, dejando prácticamente toda la gestión y visibilidad en manos del segundo y tercer escalón: la secretaria autonómica, Pilar Tébar; el director general de Cultura, Miquel Nadal; y la directora general de Patrimonio, Marta Alonso.

En cualquier caso, en el año y medio que queda de legislatura, Ortí Ferre —que ha sido directora de la Universitat Popular de València y, antes, subdirectora general de Planificación Educativa y Centros Privados y Concertados— deberá afrontar varios de los retos culturales de la Generalitat que han quedado pendientes o han surgido en los últimos meses.

Con Sorolla por bandera

El más evidente es uno de los proyectos que el ya expresident Carlos Mazón convirtió en emblema de su mandato: el Museo Sorolla de València. Esta ha sido la gran apuesta cultural del Consell, promovida no tanto por Rovira como por el propio Mazón y la secretaria autonómica de Cultura, Pilar Tébar. Ahora, el proyecto se encuentra en una especie de punto muerto por varios imprevistos: todavía no se ha firmado el contrato de cesión de las obras entre la Generalitat y la Hispanic Society —propietaria de la colección— y un recurso del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana ha paralizado el proyecto de adecuación del Palau de les Comunicacions, la sede prevista.

Sin Mazón ni Rovira, el Consell presidido por Pérez Llorca debe decidir quién asumirá la resolución de los obstáculos pendientes y quién representará públicamente a la Generalitat en la materialización de este compromiso cultural.

Hacer funcionar el IVC

En lo que respecta a las competencias estrictamente culturales, tras completar el organigrama de entidades como el IVAM o el IVC, es precisamente este último el que continúa sin arrancar y el que más críticas acumula por parte del sector profesional. El Institut Valencià de Cultura —responsable de la política cultural en artes escénicas, música, cultura popular y audiovisual— encadena comunicados de las diferentes asociaciones profesionales. La interlocución con la red de disciplinas está prácticamente rota. Distintas fuentes, a lo largo del mandato de Rovira, han señalado su ausencia y aseguran haberse sentido desatendidas.

En lo concreto: el IVC sigue tramitando las ayudas al límite de su ejecución, incluso con errores de nulidad; continúa sin conocerse qué modelo propone el ente para la gestión de Cinema Jove; y la mayoría de asociaciones de artes escénicas han censurado diversas decisiones de programación en sus espacios. Son solo algunos de los puntos que convergen en una misma dirección: un IVC que apenas tiene capacidad para ir apagando fuegos (si acaso lo hace) y que carece de una visión a largo plazo.

Tener un plan

Semanas antes de abandonar el Consell, Vicente Barrera anunció que se estaba ultimando la presentación de un plan estratégico para Cultura. Carlos Mazón, ya con un Consell monocolor, volvió a poner sobre la mesa la inminencia del esperado plan, esta vez encargado al Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas. Sin embargo, a un año y medio del final de legislatura, nada se sabe de él.

La hoja de ruta aspira a generar un espacio de confianza y seguridad entre administraciones y sector privado, y a ofrecer una brújula que permita avanzar más allá de las urgencias. Por ahora, la Generalitat solo ha encargado a PwC un plan específico para el sector audiovisual en el periodo 2026-2030. Del resto de sectores, cuya planificación es precisamente lo más demandado, no han trascendido ni avances ni voluntad de ponerlos en marcha.

Restablecer el puente con Madrid

Si la relación entre el predecesor de Rovira, Vicente Barrera, y el Ministerio de Cultura de Ernest Urtasun ya fue fría, la salida de Vox no trajo mejoras. Como en otros departamentos, el quiebro definitivo llegó con las estrategias políticas divergentes tras la Dana. El Ministerio reaccionó primero; la Conselleria, encargada del medio y largo plazo, optó por una respuesta más pausada.

En los últimos meses, Rovira se ha enrocado en una única medida estrella: quince millones de euros para crear un bono cultural en las zonas afectadas. El Ministerio ha rechazado financiarla al no compartir su planteamiento. Ortí Ferre deberá recomponer esos puentes y superar el bloqueo generado por una medida única en un escenario que necesita coordinación institucional para cuestiones como el patrimonio, el Museo de Bellas Artes o la financiación de entidades donde participa el Gobierno central, como Les Arts.

Resolver qué significa defender el valenciano

En las distintas vidas por las que ha transitado el Consell esta legislatura también ha mutado su relación con la política lingüística, uno de los puntos más difíciles de conciliar a cada cambio de color político. El conflicto más evidente fue la imposición de Vox al PP en los presupuestos de 2025 para dinamitar la partida destinada a la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), una decisión sin precedentes que buscaba debilitar la acción del principal ente normalizador y de promoción de la lengua propia.

Pero la hostilidad hacia cualquier expresión cultural en valenciano normativo —y, especialmente, hacia cualquier puente con otros territorios de habla catalana— ha calado en numerosas decisiones de la Conselleria. Ortí Ferre deberá encontrar un equilibrio entre las exigencias de Vox y el consenso académico sobre el valenciano. Como ejemplo de esa tensión: la renuncia de Ferran Torrent al Premi de les Lletres Valencianes, que había aceptado apenas un año antes. El Consell convocó oficialmente el galardón para 2025, pero no llegó al 9 d’Octubre y todo apunta a que ni siquiera se celebrará este año.