CASTELLÓ. Los sindicatos educativos se han movilizado por cuarta vez en Castellón para reclamar a la Conselleria de Educación una negociación que aborde, entre otras cosas, la bajada de ratios de alumnado y la mejora de las condiciones laborales del profesorado y del personal de atención educativa, administración y servicios. STEPV, CSIF, CCOO y UGT, dos días antes de la Mesa Sectorial de Educación que se celebrará este jueves 26 de marzo, han salido a la calle para reivindicar unas medidas que llevan pidiendo a la Conselleria desde que se concentraran por primera vez a finales de noviembre.

Y es que las demandas del personal sindical al ejecutivo dirigido por Carmen Ortí son varias y diversas, estando entre ellas la recuperación del poder adquisitivo perdido y la inclusión de una cláusula de revisión salarial de acuerdo a los incrementos del IPC. No solo eso, sino que la recuperación del profesorado recortado con la aplicación de la nueva orden de plantillas, la cobertura inmediata de todas las plazas vacantes y sustituciones, la recuperación de los 121 millones de euros reducidos en el Pla Edificant o la sustitución de la Ley de Libertad Educativa por otra que potencie el valenciano son otras de las peticiones trasladadas a la Generalitat.  

Peticiones a las que la Conselleria ha dado respuesta remitiendo un decálogo de propuestas calificadas por los sindicatos como "inaceptables", "decepcionantes" o "una falta de respeto" y con la "única intención de desviar la atención". Por su parte, el secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, ha señalado que el documento "pretende ser un punto de partida sobre el que poder trabajar durante la Mesa Sectorial" y ha reiterado "la voluntad de la Conselleria de trabajar para lograr la mejora del conjunto del sistema educativo valenciano".

Las diez propuestas trasladadas por Educación

El primero de los puntos que incluye el decálogo apela a la responsabilidad compartida de la Administración y los representantes del profesorado para garantizar la sostenibilidad del sistema educativo valenciano, basando su actuación en el diálogo, la corresponsabilidad y el respeto a los límites presupuestarios reales. El segundo, señala que todas las partes deben asumir que la infrafinanciación estructural de la Comunitat Valenciana condiciona el ritmo y alcance de las posibles negociaciones sobre las mejoras retributivas del personal docente. El tercero hace referencia a la configuración de las plantillas de los centros educativos, que deberán regirse siguiendo criterios de equidad, coherencia organizativa y una adecuada planificación de los recursos humanos.

En relación con las ratios, el texto elaborado por la Conselleria explica que cualquier reducción establecida normativamente por el Estado deberá llevar aparejada una dotación económica por parte del Gobierno. Asimismo, se señala que el incremento de efectivos deberá mantenerse dentro de un techo máximo sostenible, cuyo valor se negociará. El sexto punto hace referencia a la adecuación de la oferta educativa, que deberá ajustarse a la demanda real, con el fin de generar margen presupuestario que permita la mejora progresiva de las condiciones del profesorado.

En cuanto a la escolarización sobrevenida, desde la Conselleria se apunta que el incremento continuado de alumnado y profesorado en la Comunitat Valenciana se ha sostenido sin compensación económica adicional por parte del Estado. Por lo que respecta al absentismo y bajas laborales del profesorado, desde la Administración se señala la necesidad de implementar medidas conjuntas y coordinadas dirigidas a la mejora del bienestar y la salud laboral del personal docente.

El noveno punto hace referencia a eventuales mejoras retributivas del personal, que se aplicarían de forma gradual y estarían condicionadas a la evolución de la financiación autonómica y a la estabilidad presupuestaria de cada ejercicio económico. Finalmente, el último punto del documento indica que la mejora retributiva promovida por el Estado (+8,5 % hasta 2027) se financia íntegramente con cargo a los presupuestos de la Generalitat, por lo que deberá incorporarse y computarse dentro de cualquier acuerdo relativo a las condiciones laborales del personal docente.

La respuesta de los sindicatos al decálogo

Los sindicatos, una vez visto y analizado el documento con las propuestas remitidas por Educación, han mostrado su rechazo al texto y a la medidas incluidas en él. STEPV ha señalado que el decálogo "no tiene nada que ver con la plataforma reivindicativa impulsada por los sindicatos convocantes de las movilizaciones" y ha añadido que "la mitad de las propuestas intentan desviar la atención respecto a la falta de financiación por parte del Estado, que no es competencia de la Mesa Sectorial de Educación, sino una cuestión que debe gestionar la Generalitat Valenciana con el Gobierno de España". 

En la misma línea se posiciona CSIF, organismo que ha rechazado "el planteamiento de fiar todo a un cambio de financiación que en su día no llevó a cabo el partido que sustenta el Consell" y que ha exigido "un giro para que Conselleria asuma su responsabilidad". Por su parte, desde UGT han considerado que el decálogo "supone un intento de justificar recortes, limitar derechos laborales y trasladar al profesorado el peso de una mala planificación política" y han denunciado que el documento "parte de un enfoque claramente restrictivo en el que se normalizan los límites presupuestarios como excusa para frenar mejoras necesarias en el sistema educativo".

Por último, representantes de CCOO han trasladado a Castellón Plaza que en el texto se hacen "propuestas muy ambiguas, sin ninguna concreción y sin ningún dato importante", antes de demandar a la Conselleria que "deje de echar balones fuera, que lo que tienen que hacer es asumir su responsabilidad y adecuar nuestro salario, en este caso el complemento autonómico, a la realidad del nivel de vida que estamos viviendo en estos momentos".

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