VALÈNCIA. El curso escolar en la Comunitat Valenciana se enfrenta a un final de alta tensión. Los sindicatos se encaminan hacia una huelga indefinida en mayo ante la falta de acuerdo sobre una subida salarial con la Conselleria de Educación, Cultura y Universidades que encabeza Carmen Ortí. La dirigente, que aterrizó en el cargo hace apenas cinco meses, tiene por delante una ardua negociación con las principales formaciones sindicales a nivel autonómico, cuyas reivindicaciones suponen un incremento presupuestario significativo para un Consell que lo ve difícil de asumir por el "exceso de gasto" en los actuales presupuestos autonómicos, en prórroga desde el pasado 1 de enero.
Los sindicatos ven "un engaño" y "una falta de respeto" la respuesta de la Administración pública a sus exigencias y han intensificado sus críticas en las últimas jornadas. En este sentido, STEPV, CCOO y UGT anunciaron el pasado martes su retirada sine die de la mesa de negociación salvo para abordar aquellas cuestiones que afectan a las condiciones laborales del profesorado. Una "medida de presión" de calado por la representación que suman estas tres organizaciones y que evidencia la magnitud del ultimátum lanzado a Ortí para evitar una huelga indefinida en las semanas finales de su primer curso como consellera.
Desde la Conselleria de Educación calculan que atender las reivindicaciones de los docentes supondría un incremento de gasto de entre 300 y 525 millones de euros anuales para la Generalitat. Este cálculo se realiza teniendo en cuenta una subida de entre 300 y 500 euros mensuales por docente, como piden desde los sindicatos. Además del incremento retributivo, otras reivindicaciones de algunas de estas formaciones son el cobro de las pagas extras completas o la incorporación de un sexto sexenio, que afectaría a los profesionales más veteranos.
La estimación realizada por la Generalitat, en todo caso, también está condicionada por la cantidad de docentes contratados, que varía a lo largo del curso, así como de las condiciones que pudieran concretarse definitivamente con los sindicatos. Cabe recordar que Educación cifró en cerca de 68.000 el número de profesores que iniciaron el curso en la escuela pública, aunque fuentes sindicales explican a este periódico que en una mesa sectorial reciente se apuntó a una cifra aproximada de 75.000 profesionales. La cobertura de incapacidades temporales o excedencias son algunos de los motivos que provocan esta diferencia en el número de profesores a lo largo del año.
En cualquier caso, el Ejecutivo autonómico presupuestó en sus últimas cuentas un gasto de 3.800 millones de euros anuales en el personal de enseñanza Primaria y Secundaria. Una cifra que supone la mitad del gasto de este departamento - que por aquel entonces también sumaba las competencias en Empleo - y el 11,8% del presupuesto total de la Generalitat Valenciana.
Según Ortí, el "límite establecido" por la citada norma se ha superado "en más de 8.000 profesores". Un argumento que utiliza el Consell para justificar que no se aborden "a día de hoy" las reclamaciones sindicales. "Les vamos a trasladar una propuesta en el momento que podamos, es decir, en el momento en que la ley de presupuestos contemple ese incremento salarial que ellos están solicitando", prometió la consellera a finales de la semana pasada.
El mensaje no convence a los sindicatos, que reclaman "una negociación real y efectiva", así como "un calendario de negociación compactado". Con ello, la distancia entre los docentes y el departamento que dirige Ortí se agranda. Mientras tanto, el Gobierno valenciano analiza cómo afrontar una medida de varios cientos de millones anuales, teniendo en cuenta la delicada situación económico-financiera del Ejecutivo autonómico. Sin ir más lejos, la Comunitat registró un déficit de 2.411 millones en 2025 e incrementó su deuda hasta casi 64.000 millones de euros.
El gasto podría dispararse con la bajada de ratios
Por otro lado, al posible encaje de la subida salarial se suma la reducción de ratios aprobada esta misma semana por el Gobierno de España. La norma fija un máximo de 22 alumnos en las aulas de Primaria y de 25 en las de ESO. Esto se traduce en una reducción de tres estudiantes por unidad en el caso de Primaria y de cinco en Secundaria. Una medida que desde la Generalitat valoran "positivamente", pero que precisa de un mayor desembolso en materia de personal y adecuación de infraestructuras.
En esta línea, el Gobierno valenciano estima que la aplicación de esta ley implicará un gasto de 780 millones de euros a lo largo de los próximos cinco años. Es decir, una media de 156 millones anuales que, en el caso de que Educación atendiera la subida planteada por los sindicatos, dejaría la factura total en la horquilla de los 450-675 millones de euros.
La consellera reclamó el pasado marzo que la bajada de ratios fuera acompañada de "financiación" para "garantizar la prestación del servicio" al tratarse de una norma estatal. La norma también fija un máximo de 23 horas lectivas para el profesorado de Infantil, Primaria y Educación Especial, y de 18 en ESO, Bachillerato y FP. En todo caso, la medida horaria no tendrá impacto en el caso de la Comunitat Valenciana, pues se trata de la jornada que se viene aplicando desde el curso 2021-2022.
