VALÈNCIA (EP). El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de València ha desestimado un recurso de la Asociación Estatal de Grandes Empresas de Formación S.A contra una resolución de abril de 2024 del Director General de Labora Servicio Valenciano de Empleo y Formación por la que se aprobaba la convocatoria de subvenciones para la realización de acciones formativas dirigidas prioritariamente a personas ocupadas con cargo al ejercicio presupuestario de ese año.

La entidad demandante alegaba que la resolución introducía "una injustificada, desproporcionada y discriminatoria restricción de los grupos empresariales al limitar la concurrencia de entidades a la convocatoria de una sola de las empresas que sean parte".

Sin embargo, el juzgado desestima el recurso "en atención a criterios proporcionados y necesarios que no limitan la libertad de empresa". Así, señala que no existe falta de proporcionalidad de la medida porque "es evidente que existen razones imperiosas de intereses general que impiden la libertad absoluta en la concesión de las subvenciones".

"Nos encontramos ante un dinero público, que debe ser debidamente administrado conforme a los principios de eficiencia y necesidad. Si se concede dicha subvención a quien integran un grupo empresarial y posteriormente a cada una de las empresas individualmente nos encontramos con una duplicidad en la subvención, beneficiando a unos interesados más que a otros", señala la sentencia, consultada por Europa Press y contra la cabe recurso.

En esta línea, sostiene que la medida "no solo es proporcionada sino además necesaria para el reparto equitativo del dinero público que se dona en una subvención". "En el ámbito económico debe protegerse la libertad de empresa como así establece el artículo 38 CE, y dicha medida se circunscribe también a la protección de pequeñas empresas frente a grandes empresas que puedan mermar el mercado, e incluso poder controlarlo. No cabe proporcionalidad cuando en un grupo de empresas todas piden la subvención, siendo que jurídicamente es una en su conjunto la que se relaciona juridicamente", añade.

La Federación Empresarial de Centros de Formación de la Comunitat Valenciana (CECAP CV), con más de 130 centros asociados, ha valorado en un comunicado esta resolución que limita las ayudas a grandes grupos empresariales en la gestión de subvenciones para formación, "en favor de la equidad para pymes en estos procesos".

"Tensión sistémica"

Según apunta César Llácer, secretario general de CECAP CV, "el reparto de fondos públicos a menudo destapa una tensión sistémica, dado el deber de la administración de distribuirlos de la forma más equitativa posible y la capacidad de los grandes grupos empresariales para utilizar su estructura y maximizar la captación de estos recursos que rompe la igualdad de condiciones".

Por ello, sienta un "precedente histórico en la gestión de subvenciones para formación" y representa una "victoria estratégica para las pymes frente a las grandes corporaciones", apuntan desde CECAP CV.

El conflicto surgió cuando la Asociación Estatal de Grandes Empresas de Formación impugnó la resolución de la Generalitat Valenciana (Labora). La norma en disputa establecía que, en el caso de empresas pertenecientes al mismo grupo, solo una de ellas (matriz o filial) podría solicitar la subvención.

La presidenta de Cecap CV, Ana García, recalca que esta sentencia "marca un antes y un después". "Al validar que la administración puede y debe limitar la participación de grupos empresariales para favorecer la equidad, se abre la puerta a un modelo de subvenciones más democrático. Es un triunfo para entidades como las que conforman Cecap CV, demostrando que la unión de las pequeñas empresas es capaz de blindar el interés general frente al poder de los grandes lobbies corporativos", ha concluido.