CASTELLÓ. La Universitat Jaume I (UJI) continúa inmersa en el proceso de reforma de sus Estatutos. La modificación en la norma fundamental de la institución educativa, ya aprobada por su Claustro de forma provisional el pasado mayo, responde a la obligación de todas las universidades públicas de adaptarse a la Ley del Sistema Universitario (LOSU) del 2023. Una vez ratificada internamente, el Consell somete ahora a información pública el proyecto para su confirmación definitiva. La normativa expone la necesidad de aprobar un nuevo régimen estatutario en un máximo de tres años desde su entrada en vigor, así como de constituir un renovado Claustro y Consejo de Gobierno. En el caso de la UJI, supone revisar unos Estatutos actualizados en 2021, tras otra profunda reforma para adaptarse al marco legal de aquel momento.

El procedimiento, tramitado de forma urgente el pasado 14 de agosto, según publicó el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), agota los diez días naturales habilitados para presentar observaciones y se encamina durante este próximo curso a su última estación: la aprobación del texto definitivo por parte del Consell. El máximo órgano de representación de la universidad refrendó el proyecto por 112 votos a favor, cero en contra y tres abstenciones. "Estos nuevos estatutos nos dan seguridad para abordar los retos a los que tenemos que dar respuesta como institución de educación superior y de investigación, además de profundizar en ámbitos como la internacionalización, la empleabilidad y la integridad institucional", destacó en mayo la rectora de la Jaume I, Eva Alcón.

Novedades y finalidades de los Estatutos

El proyecto de reforma ha contado con la implicación de la comunidad universitaria, especialmente de los 20 miembros que conformaron la Comisión de Reforma Estatutaria, presidida por el catedrático Germán Orón, en representación de los diferentes sectores claustrales. En sí misma, la norma mantiene la estructura básica de la UJI en facultades, escuelas superiores, departamentos, institutos de investigación y servicios universitarios. Introduce, no obstante, novedades en la regulación de sus órganos de gobierno.

En este sentido, entre 120 y 150 miembros elegidos por sufragio universal conformarán el Claustro universitario, que se renovará cada seis años excepto en el caso del estudiantado y los investigadores, cada dos años. Por otro lado, el Consejo de Gobierno albergará a 60 integrantes y asumirá competencias estratégicas en docencia, investigación, personal y presupuestos. El Consejo Social, por su parte, se centrará en "reforzar su papel de enlace con la sociedad castellonense y supervisor de la gestión económica".

La iniciativa para la modificación de la norma fundamental recoge la "tradición cultural y educativa de Castellón y sitúa a la UJI como institución al servicio del conocimiento y del progreso social". Asimismo, subraya entre los principios rectores de la institución "la libertad, la democracia, la igualdad o la conciencia frente al cambio climático" y destaca su "compromiso con la diversidad y la inclusión de los colectivos vulnerables". Finalmente, las finalidades discurren entre las funciones habituales de docencia, investigación y transferencia hasta el "impulso del multilingüismo o la normalización del valenciano".