CASTELLÓ. El culebrón de la cruz del Ribalta parece tocar a su fin. Finalmente, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Castelló ha reconsiderado su postura y ha optado por una vía alternativa que no comporta el derribo del símbolo alzado por los caídos ni tampoco su permanencia en el parque. La solución pasa por la cesión de la cruz al Obispado de Segorbe-Castelló, tal y como la concejala de Memoria Democrática, Verònica Ruiz, trasladó este viernes al vicario general de la diócesis, que a su vez comunicó que la organización religiosa la acepta.
En realidad, la posibilidad de trasladar la cruz siempre ha estado sobre la mesa, hasta el punto de que se ha barajado en varias ocasiones ubicarla en el cementerio de San José. Pero esto ha enfrentado a las tres patas del consistorio castellonense, cuyo Acord de Fadrell recoge expresamente la eliminación de los símbolos franquistas.
Ubicación por determinar
Ahora, a pesar de que el informe de la Dirección General de Calidad Democrática de la Generalitat considera el monumento "un elemento contrario a la memoria democrática", en base a los artículos 39.1 y 6 de la Ley 14/2017, de 10 de noviembre de la Generalitat de memoria democrática y para la convivencia de la Comunitat Valenciana, el monumento será trasladado a un lugar todavía por determinar y propiedad del Obispado.
Con ello, el consistorio castellonense evita las posibles repercusiones legales que pudiera conllevar el derribo, como por ejemplo ya habían anunciado Abogados Cristianos, que incluso amenazaban con presentar una querella contra la alcaldesa de la ciudad, Amparo Marco. En la Vall d'Uixó o Betxí la organización ya llevó a los primeros ediles a declarar.
