CASTELLÓ. "Las instalaciones" del Hospital General resultan a "todas luces insuficientes", con una ratio de camas en el departamento de salud de Castellón que supone casi la mitad de la media nacional, por lo que "no cabe duda de que se necesita con urgencia una intervención que racionalice y humanice la arquitectura y los procesos asistenciales". Así lo resalta un informe elaborado por la anterior Conselleria de Sanidad para justificar la construcción de un nuevo centro hospitalario. El actual Consell mantiene el proyecto, pero a pesar de estas conclusiones, avanza de forma pausada, vista la situación de la tramitación y el presupuesto consignado en 2024. Tiene pendiente finalizar la compra de los terrenos (ha completado 13 de 16) y para este año ha presupuestado 2 millones para iniciar la licitación de unas obras cuyo coste está estimado en más de 300 millones.
Los informes del proceso administrativo exponen las carencias de un Hospital General que fue inaugurado en 1967. Subrayan que las últimas ampliaciones de envergadura culminaron en 1986 y 1996 y que en los últimos 28 años solo se han realizado reformas de menor entidad. En estas casi tres décadas, el Hospital General ha cambiado poco su estructura, mientras la población en la capital de la Plana ha crecido en este periodo en 40.000 personas (de 135.729 en 1996 a 176.238 en 2023). El Hospital es el centro sanitario de referencia de una de las 3 áreas de salud de Castellón, que se divide en 17 zonas básicas y da servicio a 290.532 personas.
Así, la documentación de la conselleria expone que el departamento de salud de Castellón cuenta con 1,8 camas por cada 1.000 habitantes cuando la media nacional está en las 3 camas.
La Conselleria de Sanidad expuso en marzo, en el seno del Gobierno del Botànic, las necesidades que concurren y requieren, remarcaba, "con carácter prioritario", las nuevas instalaciones. Entre otras, señalaba un elevado incremento de la mayoría de los indicadores de actividad en todos los servicios y unidades asistenciales; necesidad de una adecuación de las zonas no reformadas a las nuevas exigencias normativas y tecnologías; y nuevas infraestructuras que permitan responder con celeridad y capacidad a escenarios extraordinarios, como fue la pandemia de la Covid.
