CASTELLÓ. El PP y Vox están cada vez más cerca de sellar su alianza de gobierno en el Ayuntamiento de Castelló. Las negociaciones se han intensificado en los últimos días para al menos sentar las bases del acuerdo antes del 31 de julio, día en que se celebrará el pleno organizativo y de aprobación del régimen retributivo. La necesidad por parte del equipo de gobierno (11 ediles) de blindar una mayoría de 15 concejales condena a ambas formaciones al entendimiento. Más cuando el PSPV y Compromís, que suman 12 regidores (9 y tres, respectivamente), tienen decidido votar en contra de la propuesta de sueldos.
Según fuentes consultadas, la avenencia ya se habría producido al haberse llegado a un pacto parcial. En concreto, en lo relativo al documento programático u hoja de ruta de gobernanza. Esa entente sería suficiente para garantizar el sí de la fuerza liderada por Antonio Ortolá en la sesión de este lunes.
Cerrar el reparto de sillones sin prisas
Concretados los ejes que deben marcar la gestión en estos cuatro años, ahora el debate estaría en las compensaciones económicas de los regidores de Vox, así como en el reparto de competencias. Unos aspectos que se matizarían y cerrarían a lo largo de la próxima semana, siempre sin prisas al haberse certificado sobre el papel la voluntad de gobernar en coalición.
Las declaraciones este jueves del portavoz del ejecutivo local, Vicent Sales, tras la Junta de Gobierno Local, constatan que la prioridad de los dos partidos pasa por pactar. Tras la ruptura de la investidura, la cordialidad resulta evidente. "Estamos en contacto permanente, intercambiando propuestas para tener un documento conjunto", señala el popular.
"Las cosas van avanzando razonadamente. Veremos si es posible llegar a un acuerdo total antes del lunes. Si se pudiera cerrar, mejor para todos porque la relación es muy fluida", agrega. "Lo más destacado es la voluntad de acordar los programas. Luego, ya vendrá el resto", en referencia a la distribución de competencias entre los munícipes de Vox.
Las quinielas sobre el reajuste del organigrama de gobierno
Después de la renuncia de Salomé Pradas como concejala del PP para convertirse en consellera de Infraestructuras y la inminente salida de su compañera Susana Fabregat rumbo a la Casa dels Caragols, Turismo, Comercio, Bienestar Social y Deportes son algunas de las delegaciones que quedan (o quedarán) libres. Sin embargo, no significa que formen parte de las preferencias del partido de Ortolá, ni tampoco que la alcaldesa, Begoña Carrasco, esté dispuesta a utilizarlas para realizar el intercambio de cromos.
Las mismas fuentes consultadas apuntan a este diario la posibilidad de que el obligado reajuste del organigrama por parte de la primera munícipe implique el cambio de nombres o reabsorción de algunas concejalías. Una modificación que se justificaría por la línea ideológica de Vox, que siempre se ha mostrado partidario de utilizar términos como Familia y Promoción de Lenguas Oficiales.
