VALÈNCIA. (EP) El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley de Pesca Sostenible e Investigación Pesquera, que tiene como principales objetivos fortalecer la conservación y el uso sostenible de los recursos pesqueros, apostando por una utilización más eficiente y flexible de las cuotas pesqueras.
Además, la nueva normativa pesquera pretende procurar que la actividad pesquera contribuya a la creación de empleo, generación de riqueza y la cohesión social de las zonas costeras en España, así como el fortalecimiento del vínculo entre la ciencia y la acción política en esta materia.
En concreto, la aprobación de esta nueva normativa forma parte del compromiso programático que adquirió el Gobierno y que se sustenta en actualizar la Ley de Pesca Marítima del Estado, promulgada en el año 2001, para adaptarla a la situación y realidad actuales del sector, incorporando todas las novedades legislativas de ámbito comunitario y sobre la gobernanza de los océanos producidas en los últimos 20 años.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha subrayado que éste es el "proyecto de ley más importante de esta legislatura en materia pesquera" que viene a modificar el régimen jurídico que estaba en vigor desde 2001 y que había que actualizar al ser una "regulación que había quedado ya desfasada".
Planas ha señalado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que esta nueva normativa tiene dos "grandes pilares" como son la "sostenibilidad en un triple perspectiva: ambiental, social y económica", y la "investigación pesquera" que permitirá "dotar a mares y océanos de una mejor salud".
Una reforma de la normativa pesquera que se produce en el contexto generado por el Pacto Verde Europeo, y persigue garantizar un equilibrio entre la necesaria conservación del medio marino y el desarrollo de una actividad pesquera que sea rentable, resulte atractiva para el desarrollo empresarial y el necesario relevo generacional, y consolide un sector moderno y competitivo.
La nueva ley introduce la facultad de adoptar medidas para fortalecer la conservación y uso sostenible de los recursos pesqueros como la limitación del volumen de capturas o la regulación del esfuerzo pesquero, de los artes y aparejos utilizados, del peso o talla de las especies, o el establecimiento de vedas, siempre de la mano del sector y con la mejor información científica disponible.
