VALÈNCIA. La Sección cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) declaró nulos el pasado mes de abril algunos de los artículos de la ordenanza de Movilidad del Ayuntamiento de València, en concreto, aquellos que impedían a las VTC poder operar y estacionar en puntos de gran concentración y demanda de transporte público. Una decisión que ahora se vuelve firme después de que el Tribunal Supremo (TS) haya desestimado el recurso que interpuso el Govern del Rialto -formado por Compromís y PSPV- en su día contra el fallo del tribunal valenciano.
En abril del año pasado, el TSJCV dio la razón a la empresa Automóviles Zircornio, que había presentado un recurso contra la normativa municipal que impedía a los vehículos de arrendamiento con conductor (VTC) desde 2021 poder estacionar en una distancia inferior a 300 metros desde lugares de concentración y generación de demanda como "puertos, aeropuertos, estaciones de ferrocarril y de autobuses; centros comerciales y de ocio; equipamientos deportivo-recreativos y sanitario-asistenciales; hoteles con más de 400 plazas de alojamiento; y paradas de taxis con capacidad superior a 9 plazas".
Asimismo, también eliminó otro punto relativo a la precontratación del servicio al menos con una hora de antelación a la prestación, excepto servicios urgentes o al amparo de contratos con las administraciones públicas.
La sentencia del alto tribunal valenciano, fechada el 19 de abril de 2023, fue recurrida ante el Tribunal Supremo (TS) en mayo de 2023 por el anterior equipo de Gobierno, formado por Compromís y PSPV, pero su recurso fue inadmitido, por lo que la sentencia ya es firme. De este forma, el próximo martes en la comisión de Hacienda del consistorio se iniciará el trámite para modificar la normativa y eliminar los puntos anulados por el TSJCV y ratificados ahora por el TS.
La ordenanza de Movilidad fue aprobada en 2021, bajo el gobierno de Joan Ribó, con el fin de regular a las VTC. Además de los puntos de la ordenanza de movilidad ahora anulados, la norma también fijaba que se procuraría la proporción de una VTC por cada 30 taxis que operan en València y la prohibición de la captación mediante geolocalización.
