VALÈNCIA. 'Show me, show me, show me how you do that trick...', cantaba la banda The Cure en 1987 en su tema Just like heaven. Una demanda de explicaciones que la opinión pública podría entonarle ahora a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que mostrara cómo diseña un nuevo truco relacionado con la reforma del sistema de financiación autonómica, caducado desde hace 10 años sin que los gobiernos de PP y PSOE hayan encontrado una solución.

El reparto vigente, tal y como ha quedado corroborado por distintos informes, deja a la Comunitat Valenciana en el furgón de cola de la financiación por habitante, por lo que su remodelación ha sido una exigencia constante  -con mayor o menos pasión según el momento político- por parte de los diferentes gobiernos de la Generalitat en los últimos años. 

Así, pese a la insistencia de los ejecutivos valencianos y aunque ha habido amagos, en toda una década no se ha planteado ninguna solución palpable para acometer la necesaria reforma. El actual gobierno de España, presidido por el socialista Pedro Sánchez, se ha centrado en los últimos tiempos en acusar al PP al considerar que para esta remodelación es necesaria su participación e implicación con el finde de contar con una amplia mayoría parlamentaria. Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, cuya formación gobierna en 13 autonomías, tampoco ha disfrutado de una posición demasiado cómoda en este asunto dada la disparidad de criterios en las regiones en las que gobierna sobre una posible reforma, lo que le ha llevado a recordarle al Gobierno de Sánchez, y ahí tiene razón, que son los socialistas los que deben mover ficha y lanzarse a presentar su modelo.

Como muchas otras cosas, ha tenido que ser una coyuntura relacionada con Cataluña la que haya agitado el tablero que, de lo contrario, apuntaba a permanecer inmóvil otra legislatura más. El acuerdo alcanzado entre PSOE y ERC para la investidura del socialista Salvador Illa ha propiciado el compromiso de una "financiación singular" -una especie de cupo catalán al estilo vasco y navarro- del Gobierno de España con la Generalitat de Catalunya.

Un movimiento que, ahora sí, ha introducido de lleno en la agenda nacional la reforma del sistema de financiación. Las reacciones contrarias en diferentes autonomías a esta concesión a Cataluña ha provocado que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se vea obligada a todo tipo de aclaraciones y matices respecto a esta bautizada "financiación singular" que incluso miembros de su partido -para añadir picante al asunto-, como Josep Borrell, denominan "concierto", aunque su propia compañera de partido rechace el término.

Con este escenario, la estrategia del Gobierno de España apunta a seguir la estela que ya se marcó con el anuncio de la condonación de la deuda en el pacto con las fuerzas independentistas para la investidura de Pedro Sánchez: extender esa posibilidad al resto de autonomías. En esta línea, Montero ya ha comenzado a deslizar la posibilidad de negociar la financiación de forma bilateral con las distintas Comunidades Autónomas (CCAA). "El abordaje del modelo de financiación no se puede hacer desde esquemas antiguos que se ha visto que no tienen salida porque hay una posición de base en cada territorio que impide llegar a un denominador común", señaló Montero días atrás en una visita a Rota, donde invitó a las CCAA a "inspirarse" en el acuerdo de los socialistas con ERC "para poder explorar otras rutas sin que ello implique quebrar la solidaridad del conjunto".

Una medida -la de la negociación bilateral con todas las CCAA- con la que, indudablemente, ganaría tiempo (no parece sencillo afrontar este tema con las regiones de una en una) y que también podría servir, tal y como informaba este lunes El Mundo, para generar cierta división en las autonomías gobernadas por el PP, que hasta ahora han venido funcionando como un bloque monolítico que exigía abordar esta cuestión únicamente en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), donde los populares tienen mayoría numérica y donde Feijóo puede ejercer un control de actuación más efectivo.

El hecho de que se pudiera iniciar un diálogo bilateral del Gobierno con las distintas autonomías dará oxígeno a Sánchez parece obvio: cabe recordar que Montero en su día anunció para febrero de este año una ronda de encuentros con las diferentes CCAA para hablar de la condonación de la deuda con cada una de ellas después de haberla cerrado para Cataluña en el acuerdo de investidura de Sánchez. No obstante, esa fecha fue retrasándose y, ahora, septiembre es el mes elegido para el grueso de esos encuentros, según señaló en julio la ministra.

Ahora bien, el inicio de curso político también estará marcado por la necesidad de presentar los Presupuestos Generales del Estado de 2025, un reto especialmente importante para el Gobierno de Sánchez dado que el año pasado terminaron prorrogándose precisamente por el adelanto electoral en Cataluña. Para esta misión, también puede entrar en liza otro factor colateral de la financiación: el fondo de nivelación que exige la Comunitat Valenciana pero también Andalucía, Murcia y Castilla-La Mancha y que debería incluirse en los PGE.

Desde Compromís  y EU ya han anunciado que retirarán su apoyo al Gobierno si se activa el cupo catalán y no se reforma todo el sistema; lo que podría suponer un problema aritmético dado que son tres los diputados valencianos los que podrían desmarcarse. Ahora bien, antes de llegar a ese debate vendrá el de presupuestos, y Montero tendría la baza que jugar del fondo de nivelación para compensar la infrafinanciación que vienen reclamando estas formaciones para la Comunitat.



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Así pues, cabe esperar que el acuerdo se cierre con un objetivo de reducir la aportación catalana a la caja común entre un 30 y un 60 por ciento del objetivo máximo nacionalista de 22.000 millones anuales, esto es, con un trasvase neto de recursos hacia Cataluña de entre 6.600 y 13.200 millones de euros anual

Fedea calcula que extender la medida al resto de las comunidades de régimen común en las mismas condiciones costaría entre 31.000 y 62.000 millones de euros adicionales.

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