VALÈNCIA. Existe una normativa europea que obliga a que toda la información digital de la zona esté alojada en centros de datos instalados en el territorio europeo. Da igual quien los construya, pero nuestros datos ya no pueden estar en Islandia o EE.UU.

“No podemos depender de otros para las tecnologías que mantienen nuestros hospitales funcionando”, decía hace unos días Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea. Lo hizo en el transcurso de la presentación de la Ley de Desarrollo de la Nube y la IA (CADA), la estrategia que planea acelerar el despliegue de centros de datos sostenibles. El objetivo de la CADA es triplicar la capacidad de centros de datos de la UE en 5-7 años mientras se asegura que esa expansión sea climáticamente neutral para 2030. 

Si queremos escalar el uso de la inteligencia artificial, necesitamos más infraestructura y aumentar la capacidad europea en centros de datos. Europa alberga alrededor de 3.500 instalaciones de este tipo, con las mayores concentraciones en Alemania (529) y Reino Unido (523) seguidos por Francia, Italia y Países Bajos. 

A continuación vendría España donde el cálculo de centros de datos que ya funcionan en nuestro país oscila entre 130 y 150 instalaciones. Las comunidades de Madrid, Cataluña y Aragón concentran la mayor parte de estos centros y, en menor medida, Valencia, Bilbao y Málaga.

Pero las previsiones van en aumento. Para el transcurso de 2026, se han anunciando inversiones superiores a los 8.000 millones de euros y un pipeline de hasta 90.000 millones. La Comunidad Valenciana no es ajena a esta inversión. A los 11 centros de datos ya operativos, según Data Center Market, se sumará el proyecto Digital Valley Comunitat Valenciana, en Picassent, un macrocentro de 77 hectáreas de las cuales, cerca de la mitad, se destinarán directamente a instalaciones de data center con 200MW de capacidad. El proyecto cuenta con una inversión de más de 2.200 millones de euros.

Las autoridades locales suelen anunciar con júbilo la construcción de instalaciones de este tipo. Potentes inversiones, miles de puestos de trabajo, desarrollo económico local o posicionamiento estratégico son beneficios que se asocian a estas construcciones. Obvian, sin embargo, el enorme consumo hídrico y energético que acarrean para su refrigeración además de la ocupación de grandes extensiones de suelo industrial.

Estas son, precisamente, algunas de las causas por las que las grandes tecnológicas están redirigiendo sus inversiones en centros de datos al norte y al sur de Europa. 

Las ventajas que ofrece España

Hasta hace no mucho eran Ámsterdam, Londres y Dublín las principales ciudades que acogían estas construcciones dada su cercanía a los grandes centros de producción y al objeto de reducir la latencia. Ahora, sin embargo, han empezado a aplicar restricciones gubernamentales alegando saturación eléctrica y falta de suelo. Según algunas publicaciones, los centros de datos llegaron a absorber el 80% del consumo eléctrico en la capital irlandesa. Por eso los promotores han empezado a desplazarse hacia otras zonas, entre ellas España. 

Mientras que el norte de Europa exprime el frío escandinavo para refrigerar estas instalaciones, el sur, y concretamente nuestro país, esgrime otras ventajas a su favor para atraer estas inversiones. 

Una es el precio del agua. Después de Irlanda y Bulgaria, Italia y España son los países del territorio europeo donde el consumo del agua resulta más económico y eso pese a estar considerada España como uno de los territorios con mayor estrés  hídrico de Europa. Una de las quejas de los que se oponen al proyecto de Digital Valley es la proximidad al Parc Natural de l’Albufera, un ecosistema especialmente vulnerable que depende del equilibrio hídrico de los ríos Júcar y Turia. Según los colectivos, un aumento en la demanda de agua podría agravar la situación de este entorno protegido, que aún se recupera de episodios recientes de inundaciones y acumulación de sedimentos.

Luego está el tema de la energía. España cuenta con una excelente infraestructura de energías renovables, muy en línea con los objetivos de sostenibilidad establecidos por el CADA. Tampoco su precio es la principal barrera.

La situación geográfica y la conectividad de nuestro país es otro de los factores que ayudan. España es importante punto de amarre de múltiples cables submarinos, lo que facilita una conectividad de baja latencia con América, África y el resto de Europa. 

Soberanía ¿hasta donde?

Todos los Gobiernos que consiguen atraer inversiones para data center alardean de poner a sus territorios a la vanguardia de la tecnología. Entre otras cosas porque son las grandes tecnológicas las que financian los proyectos. Amazon Web Service (AWS) es la mayor inversora, con proyectos que suman alrededor de 33.700 millones de euros. Concentra su expansión en Aragón con una extensión total de ocupación de casi 1.000 hectáreas repartidas entre Huesca y Zaragoza. 

Meta, por su parte, está construyendo un mega centro con una inversión de 1.000 millones en Talavera de la Reina (Toledo). Para conectarlo, está desplegando una red de fibra óptica de alta capacidad y enlazándolo a cables submarinos trasatlánticos. 

Microsoft, con inversiones que superan los 8.600 millones de euros, ha consolidado sus instalaciones en la Comunidad de Madrid. También los centros de datos de Google se ubican estratégicamente en el área metropolitana de la capital. 

No obstante, aunque la infraestructura física la construyan empresas estadounidenses, las reglas legales y las garantías de privacidad las establece la UE sometiendo a estas compañías a la jurisdicción europea.