CASTELLÓ. El avance de las energías renovables continúa ganando tracción en la provincia de Castellón y prueba de ello es que la cifra de instalaciones autorizadas va en aumento. Según los últimos datos de la Dirección General de Energía y Minas, la potencia eléctrica total procedente de instalaciones solares fotovoltaicas que cuentan ya con autorización administrativa de construcción asciende a 163 megavatios (MW), distribuidos en 25 proyectos. De esta cifra, 158,7 MW —correspondientes a 15 instalaciones— han recibido luz verde durante el actual mandato autonómico, desde julio de 2023 hasta la actualidad, según apuntan desde la administración autonómica. Esta capacidad permitirá generar unos 237 millones de kilovatios hora anuales, suficientes para abastecer el consumo equivalente de cerca de 67.700 hogares.

Ante el despegue de las inversiones en energías renovables al calor de la necesaria transición energética, desde la Conselleria de Innovación, Industria, Comercio y Turismo reconocen que las empresas y los promotores “necesitan certezas y agilidad”, y que por ello “la Generalitat está trabajando desde el primer momento para contar con un nuevo marco que acorta plazos, elimina trabas, digitaliza procedimientos y aporta seguridad jurídica, sin renunciar al rigor ni a la sostenibilidad”.

El departamento autonómico defiende que su estrategia pretende “crear un entorno favorable para la inversión y para el desarrollo de proyectos energéticos que permitan avanzar hacia un modelo descarbonizado y competitivo”, gracias a la simplificación administrativa y la coordinación entre administraciones. “Apostamos por una seguridad jurídica que aporte confianza a quienes invierten. La meta es clara: que la Comunitat Valenciana sea un entorno amigable para las energías renovables y un aliado para quienes apuestan por la innovación energética”, destacan.

En este proceso, la Conselleria ha introducido instrucciones específicas para “simplificar la instalación de sistemas de almacenamiento con baterías, agilizar modificaciones de proyectos fotovoltaicos y acelerar la tramitación administrativa de las instalaciones eléctricas, entre ellas los puntos de recarga”. Además, avanza nuevas medidas para facilitar un despliegue más rápido y eficaz de la infraestructura eléctrica vinculada a la movilidad sostenible.

En paralelo, el Consell trabaja “de forma intensa para reducir los plazos administrativos mediante la digitalización de procedimientos, la mejora de la coordinación entre departamentos y la incorporación de entidades colaboradoras externas que ayuden a la administración en la revisión documental”, con herramientas como la “digitalización administrativa para evitar cuellos de botella”, “filtros automáticos que detecten carencias documentales desde el inicio” y el refuerzo de personal técnico.

Proyectos que avanzan y otros que caen

Mientras la Generalitat trata de acelerar la tramitación, el mapa fotovoltaico de la provincia sigue ampliándose con iniciativas que avanzan en su desarrollo. Entre los proyectos más recientes que han recibido autorización figura la planta Doha Jerez Onda 1, promovida por la mercantil madrileña Doha Jerez 1, que ha solicitado autorización para una instalación de 23 MW en Onda, con una inversión superior a 2,5 millones de euros y más de 32.900 paneles distribuidos en los polígonos 8 y 9 del término municipal. A este proyecto se suman dos nuevas autorizaciones concedidas en Castelló de la Plana y Vall d’Alba, con una inversión conjunta de más de 1,6 millones: en la capital, la firma LYG Alphabet S.L. levantará la planta FV Montlyg, de 900 kW, y en Vall d’Alba la empresa VF Renovables 32 desarrollará la instalación PFV L’Arc, de 2 MW, ambas con prescripciones ambientales y paisajísticas específicas.

Otro de los proyectos de mayor envergadura que avanza en su tramitación es Duquesa Solar, promovido por Sonnedix en Onda y l’Alcora, que ha recibido luz verde con una inversión de 17 millones, 47.112 módulos y una potencia de 25,97 MW, tras una reducción sustancial de la superficie inicial para minimizar el impacto territorial. En paralelo, la multinacional noruega Statkraft ha iniciado la modificación del proyecto Arada Solar, que se reubicará en la Vall d’Uixó y Xilxes tras alcanzar un acuerdo con STN para liberar el suelo previsto para su centro logístico. La nueva propuesta aumenta la superficie a 300,5 hectáreas, eleva los paneles a 210.780 y contempla una inversión de 175 millones, con la infraestructura de evacuación soterrada en cumplimiento de la Declaración de Impacto Ambiental.

El dinamismo del sector también deja un rastro de iniciativas que no llegan a materializarse por inviabilidad técnica, ambiental, económica o territorial. El caso más reciente es el de Benlloc, donde la empresa EIDF ha desistido de las plantas Vilanova de Alcolea I y II —cada una de 9,99 MW— tras no poder acreditar la compatibilidad urbanística y asumir sobrecostes y condicionantes que comprometían su viabilidad. A ello se suman otras renuncias, como la del proyecto ISF Trencaes Bechí Solar en Onda, promovido por Abo Energy, o las desestimaciones de la Conselleria a las plantas de Epower Solar Renewable en Benicarló y les Coves de Vinromà, consideradas inviables por la obligatoriedad de soterrar íntegramente sus líneas de evacuación.

En el caso de los macroproyectos de plantas solares, ha sido la incompatibilidad ambiental y la presión social la que finalmente ha frenado desarrollos que impactaban de forma considerable en el interior de la provincia. El ejemplo más representativo es el de Magda, la megaplanta de 129,7 MW tramitada desde 2020 y finalmente desistida en 2024 tras una larga sucesión de informes desfavorables, condicionantes ambientales y fuerte oposición social. En paralelo, varios municipios han comenzado a blindarse frente a macroproyectos, como hizo Vilafamés en 2022 y ahora siguen Viver, Altura, les Useres y Betxí, que tramitan medidas urbanísticas para proteger su paisaje y sus suelos agrícolas de infraestructuras con grandes impactos.