CASTELLÓ. El tráfico viario en las principales carreteras de Castellón se ha intensificado en los últimos años. La AP-7 ha duplicado su aforo respecto a 2019, año en el que se liberalizó y dejó de ser de pago, mientras que la CV-20, que conecta con el clúster de Onda, ha crecido desde 2021 un 20%, según datos del Ministerio de Transportes y la Conselleria de Infraestructuras y Territorio.
La autopista, a su paso por Castellón, ha pasado de registrar un tráfico medio diario de unos 22.000 vehículos en 2019 a 45.936 en 2025 en el punto de medición situado en Alquerías del Niño Perdido. Respecto a 2025, supone un incremento del 6%. Del total, 32.425 corresponden a turismos y 13.510 a camiones.
Este vial constituye una vía de comunicación clave del corredor mediterráneo y un paso esencial para el turismo que se desplaza hacia las provincias de la Comunitat Valenciana. En Castellón, cuando existía el peaje en la AP-7, el tráfico era muy inferior y, como alternativa de autovía gratuita, existía la CV-10. En un primer momento, esta última carretera experimentó una reducción del tráfico con el fin del peaje de la AP-7, pero desde 2021 experimenta una senda alcista.
La CV-10, a pesar del incremento del tráfico en la AP-7, mantiene una intensidad de tránsito importante, ya que enlaza con importantes núcleos industriales de los municipios del litoral, especialmente con el clúster azulejero.
Así, el tramo que conecta con la CV-20 de Onda registró en 2025 una afluencia diaria de unos 33.000 vehículos, una cifra similar a la registrada en 2021. Respecto a 2024, su aforo ha crecido un 15%.
Al respecto, la CV-20 se erige como otra carretera con más tráfico diario de la provincia, al ser una vía que conecta con los polígonos industriales de Onda y Vila-real. En 2025 acogió una media de 19.960 vehículos diarios, un 20% más que en 2021, cuando registraba 15.849.
Nuevos proyectos adaptados a la nueva realidad
A la vista de esta evolución, las Administraciones públicas tramitan varios proyectos que pretenden adaptarse a las nuevas necesidades viarias, aunque sus procesos avanzan lentamente y tardarán años en ver la luz.
Por un lado, el Ministerio de Transportes ha planificado la construcción de un tercer carril en la AP-7 entre Castellón y Almenara, en un trazado de 11,4 kilómetros y con un coste estimado de 40 millones de euros.
El Gobierno adjudicó en marzo de 2023 la redacción del proyecto del tercer carril y tiene pendiente la activación de la licitación de las obras. El Ministerio apuntó en su momento que este trámite se produciría en 2025, pero actualmente se desconoce cuándo se llevará a cabo. Cabe tener en cuenta que los presupuestos de este ejercicio se encuentran prorrogados.
Un estudio de la patronal de grandes constructoras estima que la ampliación del tercer carril tendrá un beneficio inducido de 169 millones de euros en 30 años, una cifra calculada de acuerdo con el ahorro de tiempo en los viajes que supondrá.
El tercer carril se implementará en los tramos entre Castelló y Les Alqueries, y entre Moncofa y Almenara. Por su parte, los apartaderos se ubicarán en dos tramos de la zona de Castellón: entre los enlaces norte y sur, y en la parte que discurre entre Les Alqueries y Moncofa, con una separación entre ellos de unos tres kilómetros.
Por su parte, el Ayuntamiento de Vila-real ha reclamado la ejecución de un nuevo acceso de la AP-7 con Vila-real, una actuación pensada para atender al nuevo polígono de la carretera de Onda y mejorar las conexiones con la industria cerámica.
Respecto a la conexión con el clúster de la cerámica, la Generalitat Valenciana quiere impulsar el Eje de la Cerámica, con el objetivo de mejorar las comunicaciones viarias con este polo industrial, formado por Onda, l'Alcora, Vila-real, Castellón, Sant Joan de Moró, Ribesalbes y Almassora.
Con una inversión de 150 millones de euros, el proyecto contempla una conexión entre la CV-21 y la CV-10, la mejora de la seguridad vial en la CV-21, la ronda norte de Onda y el enlace de la CV-10 con la AP-7 y la N-340.
La redacción del proyecto básico fue adjudicada en septiembre de 2025, con un plazo de ejecución de dos años.
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