VALÈNCIA (E. R. / EP). El capítulo judicial que afecta al Puerto de Valencia sobre si la ampliación norte requiere de una nueva declaración de impacto ambiental se ha anotado un nuevo avance, pero sigue sin resolverse. Este martes, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha desestimado un recurso presentado por Acció Ecologista Agró contra el proyecto de construcción del muelle de contenedores (cuyo presupuesto de licitación es superior a los 660 millones de euros).
Los magistrados consideran en la sentencia que la declaración de impacto ambiental (DIA) formulada el 30 de julio de 2007 se mantenía vigente cuando el proyecto redactado en 2021 se aprobó por el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia el 2 de diciembre de 2022. Según exponen, esto responde a que las obras de la primera fase no habían concluido y la segunda fase "formaba parte del mismo único proyecto".
Sin embargo, esta sentencia no supone el carpetazo definitivo a la batalla planteada por el grupo ecologista en nombre de la Comissió Ciutat-Port. La entidad ciudadana presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, tal y como confirmaron desde la plataforma a este periódico tras celebrar una reunión donde determinaron este siguiente paso.
El objetivo de la entidad es agotar todas las vías de reclamación posibles al considerar que las obras de ampliación "están teniendo como efecto directo inmediato la regresión de las playas del sur del área metropolitana y la entrada de agua salada al lago de la Albufera". La plataforma confía en obtener un reconocimiento por parte de la Unión Europea.
Por su parte, el tribunal considera que, pese a la notable magnitud de las modificaciones introducidas en el proyecto en 2021, estas no suponían un nuevo proyecto a efectos ambientales porque no incorporaban actuaciones susceptibles de generar efectos adversos significativos sobre el medio ambiente. Por ello señala que no era necesario someterlo a una nueva evaluación de impacto ambiental en los términos que prevé el artículo 7.2 c) de la Ley de Evaluación Ambiental de 9 de diciembre de 2013.
- Protesta contra la ampliación del puerto.
- Foto: AE AGRÓ
La Sala aclara que el hecho de que las modificaciones pudieran tener consideración de sustanciales según otras normas (como la legislación de contratos públicos) no implica automáticamente que constituyan un nuevo proyecto a efectos ambientales.
La sentencia analiza el informe pericial emitido por un ingeniero de caminos, canales y puertos designado por la propia Sala y que compareció en una vista celebrada en septiembre del pasado año para aclarar su dictamen. "Pues bien, del contenido del mismo, incluyendo sus aclaraciones, considera la Sala no acreditado que estemos ante un nuevo proyecto a efectos medioambientales", concluyen los magistrados.
El tribunal destaca que ese informe pericial, que sí refiere la necesidad de una nueva DIA, "omite" en cambio "adentrarse a fondo sobre lo que, en rigor, le fue solicitado en concreto", como un análisis de emisiones atmosféricas del tráfico marítimo, incrementos en la utilización de recursos naturales, vertidos al litoral, generación de residuos o una hipotética afección al Parque Natural de la Albufera, entre otros extremos.
Además, se basa "significativamente" en otro informe pericial aportado por la asociación demandante que no evaluaba las dos adiciones al proyecto de 2018, que fueron introducidas en 2020, prosiguen los magistrados.
Por el contrario, el perito judicial que compareció en la vista no valoró otro dictamen, encargado por la Autoridad Portuaria y suscrito en febrero de 2022 por otro ingeniero, que al tribunal le resulta "solvente" tanto por su "metodología" como por sus "conclusiones".
Ese informe pericial de 2022 y otros documentos, como una nota técnica suscrita en abril de 2021 por el director de Planificación y Desarrollo y conformada por el presidente de Puertos del Estado, merecen a la Sala un mayor crédito y le llevan a considerar que no era precisa una nueva evaluación ambiental.
La Comissió Ciutat-Port denuncia que el TSJ asume las tesis del Puerto
La Comissió Ciutat-Port denuncia que el TSJCV admite casi íntegramente las tesis de la Autoridad Portuaria, "contradiciendo incluso el dictamen del propio perito judicial". La plataforma ciudadana lamenta que la APV ha aprovechado la demora judicial para continuar las obras.
"Agradecemos el apoyo de la sociedad valenciana y seguimos creyendo que emplear dinero público para beneficiar los intereses de empresas multinacionales en lugar de destinarlos para defender la salud y el territorio frente a la crisis climática constituye un error imperdonable por parte de las administraciones implicadas", afirman portavoces de la entidad ciudadana.
La APV celebra la sentencia
La Autoridad Portuaria de València expresó su "plena satisfacción" por la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que avala la validez de la tramitación llevada a cabo con el proyecto de la terminal norte del Puerto de Valencia.
"Esta satisfacción se hace extensiva al conjunto de la comunidad portuaria, porque la resolución supone un respaldo a un proyecto estratégico; a una infraestructura fundamental para reforzar el posicionamiento de Valenciaport en el mercado global de la logística y el transporte", señala la autoridad portuaria, que prosigue con las obras de la ampliación.
El empresariado valenciano valora "la seguridad jurídica" que aporta la sentencia
"Desde la CEV valoramos positivamente una sentencia que aporta seguridad jurídica y permite seguir avanzando en un proyecto clave para la Comunitat Valenciana", indicaron desde la patronal valenciana CEV.
"Siempre hemos defendido que su crecimiento puede y debe ser compatible con la sostenibilidad y el respeto al entorno, y creemos que este pronunciamiento ayuda a despejar incertidumbres y a dar estabilidad a una inversión estratégica para todos", agrega el presidente patronal, Vicente Lafuente.
