CASTELLÓ. El empuje inversor de las administraciones públicas en Castellón cayó un 16% en 2025 respecto a 2024, y este descenso se produjo sobre todo en la etapa final del año. Hasta noviembre, la licitación pública mantenía una tendencia ascendente, pero al cierre se contrajo, de manera que el acumulado del ejercicio se situó en niveles parecidos a los de 2023. El impulso institucional se ha producido fundamentalmente gracias a los fondos europeos Next Generation, y este apoyo encara su último año.
Según el balance de la patronal de grandes constructoras, la licitación pública en la provincia se situó en 2025 en 292,2 millones de euros, mientras que en 2024 alcanzó los 349 millones. Los ayuntamientos acapararon buena parte del gasto, con 186,5 millones, un peso que responde a dos razones. En primer lugar, las obras vinculadas a los fondos Next Generation, como las Zonas de Bajas Emisiones, o actuaciones en urbanización cifradas en 37 millones. En segundo lugar, las iniciativas procedentes del plan educativo heredado del Botànic Edificant, que cedió la tramitación de las obras a los consistorios para agilizarlas. Así, en este capítulo, el montante fue de 50 millones.
La segunda administración más inversora fue el Gobierno central, con 83,5 millones. Destacan los 55,4 millones en carreteras, entre los que sobresale la licitación de la mejora de la N-340 en Oropesa, con un coste de 28 millones de euros. El ferrocarril supuso 12 millones por las obras del acceso ferroviario sur al puerto, mientras que nueve millones correspondieron a actuaciones en el propio puerto.
Por su parte, el Consell destinó 22,1 millones, correspondiendo 3,6 millones a actuaciones en centros docentes y 7,3 millones a sanidad. En este último caso, Sanidad licitó el pasado año el primer contrato de la ampliación del Hospital General.
No obstante, las tres administraciones redujeron sus cifras respecto a 2024. Los ayuntamientos pasaron de 214 a los citados 186 millones; el Gobierno central, de 109 a 83 millones; y la Generalitat, de 29,6 a 22 millones. En los dos primeros casos, cabe tener en cuenta que se apuraron los proyectos financiados por los fondos Next Generation, mientras que el Consell se vio condicionado por la reestructuración presupuestaria derivada del impacto de la dana en Valencia.
El salto se produjo en 2022
Castelló ha vivido en los últimos años importantes registros en cuanto a inversión pública, una etapa que contrasta con los ajustes de la crisis financiera. El salto se produjo fundamentalmente en 2022, el primer año en el que se empezó a percibir el efecto del plan Next Generation, cuando la licitación casi se duplicó respecto a 2021, pasando de 168 a 340 millones. En 2023 bajó a 291 millones y en 2024 volvió a crecer hasta los 349, siempre con los ayuntamientos copando el grueso de las inversiones.
En 2021, la licitación en Castellón fue de 168 millones de euros; en 2020, de 166 millones; y en 2019 la provincia apenas contó con 109 millones. A partir de ese año, las costuras de los ajustes se fueron aflojando y, desde 2022, llegó el estirón espoleado por el plan de recuperación Next Generation, creado para hacer frente a la pandemia de la covid.
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