CASTELLÓ. Las terribles consecuencias de la dana del 29 de octubre y la constatación de que estos fenómenos adversos van camino de ser habituales han generado interrogantes sobre los protocolos a seguir en los diferentes ámbitos de la actividad diaria en situaciones de alerta meteorológica. Desde la suspensión de clases lectivas o actividades deportivas hasta el teletrabajo o incluso el cierre de empresas. Un debate al que no es ajena la patronal empresarial de Castellón. 

El presidente de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) en Castellón, Luis Martí, aboga por establecer un "marco regulador claro" que permita "identificar las diferentes casuísticas" que se generan en estos casos de alerta meteorológica y que pueden afectar al normal funcionamiento de las empresas. Desde la patronal reconocen que es un asunto que forma parte del debate interno en la organización por las consecuencias que tiene sobre todo en las empresas cuya actividad no permite el teletrabajo o cuyo cierre temporal tiene graves repercusiones. Desde la CEV son conscientes de que este tipo de fenómenos "serán cada vez más habituales" y que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) es quien debe establecer los distintos niveles de alerta pero a partir de ahí echan en falta una regulación más exhaustiva sobre los protocolos a activar teniendo en cuenta la seguridad de las personas. 

Teletrabajo y permiso climático

En el último episodio de alerta climatológica por lluvias y tormentas en la Comunitat Valenciana de finales del mes de septiembre, la Dirección General de Trabajo de Generalitat Valenciana instó a las empresas a "primar" la modalidad de trabajo a distancia aunque con el matiz de "siempre que sea posible y el trabajo en cuestión lo permita y si las condiciones de las comunicaciones lo hacen viable". 

Desde el organismo autonómico recordaron que "los trabajadores pueden acogerse al llamado permiso climático recogido en el Real Decreto-ley 8/2024". Se trata de un permiso retribuido que permite a los trabajadores ausentarse hasta cuatro días de su puesto en caso de riesgos graves o alertas climáticas severas que impidan el acceso al trabajo. El permiso es de hasta cuatro días, pero puede prorrogarse mediante un ERTE por fuerza mayor si la situación lo requiere.

La Autoridad Laboral subrayó "importancia de garantizar la seguridad y la integridad física de los trabajadores" en caso de alerta roja y agregó que "en caso de que el centro de trabajo no esté preparado para poder ofrecer a sus empleados la posibilidad de teletrabajar, el personal debe de notificar a la empresa la imposibilidad de acudir a su puesto y las circunstancias que lo han provocado".

La patronal coincide en que la aplicación del trabajo a distancia es una solución factible para muchas empresas pero no para todas y es en estos casos en los que consideran necesario establecer un marco regulador más clarificador.