MADRID/VALÈNCIA (EP). El PP y varias comunidades autónomas gobernadas por los 'populares' han defendido este miércoles desde el Senado una iniciativa que, entre otras cosas, plantea una moratoria para todos los procedimientos de deslinde del dominio marítimo terrestre, suspendiendo "cuantas acciones de reversión, ocupación, caducidad o demolición".

Así consta en uno de los puntos de la iniciativa que ha presentado el PP este miércoles en la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, con la que buscan elevar al Pleno la suspensión de la demolición de los edificios afectados por la Ley de Costas.

En la defensa de este punto han estado presentes también los consejeros de Galicia, Andalucía, Cantabria, Murcia, Comunitat Valenciana y Baleares, que han acudido a la Comisión de CCAA citados por el PP para hablar sobre la Ley de Costas.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha explicado que se plantea una moratoria para el derrumbe de todas las edificaciones afectadas por la Ley de Costas, "que puedan implicar cualquier tipo de limitación o pérdida de los derechos de propiedad privada o concesionales de los ciudadanos que se encuentren afectados por los procedimientos antes citados".

La iniciativa de los 'populares' consta de diez medidas y, entre otras cosas, reclama "una revisión ordenada, seria y consensuada" de la Ley de Costas y de toda la normativa del litoral, así como solicita "la convocatoria de manera urgente" de la Conferencia Sectorial.

Cabe recordar que el PP hará uso de su mayoría absoluta en el Senado para sacar esta iniciativa adelante en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, pero se elevará al Pleno para su convalidación definitiva

Mus: "el modelo necesita una actualización profunda"

Por parte de la Comunitat Valenciana, el vicepresidente tercero y conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación, Vicente Martínez Mus, ha defendido en su intervención en el Senado la necesidad de impulsar una nueva Ley de Costas que responda a la realidad actual del litoral español, tanto desde el punto de vista ambiental como competencial. "No se trata de cuestionar el objetivo de proteger, sino de reconocer que el modelo necesita una actualización profunda", ha subrayado.

Mus ha destacado que ocho de las diez comunidades autónomas con litoral ya tienen o han solicitado la transferencia de competencias en esta materia, lo que a su juicio evidencia que el mapa competencial ha cambiado de forma sustancial desde la aprobación de la ley vigente en 1988. "Por eso, desde la Comunitat Valenciana defendemos con claridad que no basta con modificar el reglamento; necesitamos una nueva ley", ha afirmado.

Además, ha insistido en que la propuesta del Consell no plantea una reducción de las garantías ambientales, sino una mejora del modelo: "No pedimos menos protección. Pedimos mejor protección, más eficaz, más cercana y más adaptada a cada territorio".

Entre las principales conclusiones expuestas, Mus ha señalado que el modelo actual presenta "tensiones evidentes", tras casi cuatro décadas de vigencia, como la regresión persistente del litoral, la inseguridad jurídica en los deslindes que aboga por superar y la desactualización del reparto competencial.

Frente a ello, la Generalitat plantea una nueva normativa que permita reordenar las competencias, limitando la actuación del Estado a ámbitos como los deslindes y las obras de interés general, y avanzando hacia una gestión más próxima desde las autonomías. También propone reforzar la seguridad jurídica, evitar ampliaciones del dominio público basadas en episodios extraordinarios aislados y establecer criterios objetivos en el régimen de concesiones, incluyendo el reconocimiento de concesiones compensatorias.

El litoral valenciano, ha recordado el conseller, constituye "un espacio estratégico" para la Comunitat Valenciana, donde "se concentra más del 70% de la población, con 500 kilómetros de costa y una importante actividad económica y turística". Alberga espacios de alto valor ambiental, como parques naturales, zonas húmedas y áreas incluidas en la Red Natura 2000, donde conviven biodiversidad, actividad económica y vida cotidiana.

La propuesta de la Generalitat incorpora una visión integral de la gestión del litoral, con medidas como la protección de núcleos tradicionales de valor etnológico y cultural, la gestión coordinada de los sedimentos con las cuencas hidrográficas y la revisión del régimen económico para destinar los ingresos del dominio público a su conservación.

Recurso del gobierno a ley de la costa valenciana

Durante su intervención en el Senado, Mus ha indicado que la Comunitat ya cuenta con la Ley de Protección y Ordenación de la Costa Valenciana, que ha asegurado que está basada en el equilibrio entre "protección ambiental, seguridad jurídica y ordenación territorial". Esta norma, ha remarcado, "no invade competencias estatales, sino que actúa de forma complementaria dentro del marco constitucional".

En este contexto, ha criticado que el recurso del Gobierno contra la normativa autonómica responde a planteamientos "basados en hipótesis y no en el contenido real de la ley", mientras ha defendido que la legislación valenciana respeta "plenamente" la normativa estatal y la titularidad del dominio público marítimo-terrestre.

Coincidiendo con la celebración del pleno en el Senado, Vicente Martínez Mus y otros dirigentes autonómicos se han reunido con representantes de las asociaciones de afectados por la regresión de la costa.