VALÈNCIA. El sector nuclear salió este martes en defensa las centrales ante la cascada de expedientes que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto en los últimos días en el marco del cero eléctrico del 28 de abril de 2025. Según el Foro de la Industria Nuclear Española, estos procesos sancionadores no tienen que ver con el apagón y, además, señalan a Red Eléctrica como responsable de decidir qué centrales paran o se activan.

El órgano supervisor acusa a diversas centrales de una posible infracción del artículo 64.37 de la Ley del Sector Eléctrico, por una reducción de producción o suministro sin autorización/incumplimiento reiterado de obligaciones de disponibilidad. Sin embargo, la asociación que representa y defiende los intereses del sector desvincula estos expedientes del cero eléctrico e insisten en que obedecen a criterios técnicos impuestos y regulados por el operador, Red Eléctrica.

Entre los últimos expedientes abiertos destaca una infracción "muy grave" a Iberdrola por la central nuclear de Cofrentes, el cual se sumó a otros como el abierto a la sociedad Centrales Nucleares Almaraz-Trillo, de la que son socios Iberdrola, Endesa y Naturgy. La CNMC ya anunció la semana anterior la incoación de otros 35 nuevos expedientes sancionadores por indicios de infracciones en el marco de sus investigaciones sobre el apagón del 28 de abril de 2025.

Según indica Foro Nuclear, los recientes expedientes sancionadores no tienen relación con el apagón del 28 de abril de 2025 ni se refieren a cuestiones de seguridad de las instalaciones. "Se circunscriben a fechas distintas y a cuestiones relacionadas con el cumplimiento de procedimientos operativos (prestación básica del control de tensión), las ofertas a mercado y a las paradas motivadas por criterios de mercado eléctrico", señalan.

"Las centrales nucleares han operado siempre con un criterio técnico correcto de generación o absorción de potencia reactiva para el control de tensión de red, atendiendo a las necesidades del sistema y manteniéndose siempre dentro de los márgenes técnicos y de seguridad de sus equipos oportunamente comunicados al operador del sistema", agregan desde la asociación.

Asfixia económica

En su comunicado, la asociación ha defendido además la necesidad de parar la operativa de estas centrales debido a la "asfixia económica" que aseguran afrontar como consecuencia de "una carga fiscal desproporcionada, que dificulta su viabilidad cuando caen los precios del mercado, especialmente en periodos de alta penetración renovable".

"Si los precios muy bajos se mantienen de forma sostenida, las instalaciones pueden llegar a no cubrir siquiera impuestos y tasas, pese a contar con costes operativos reales muy competitivos", subrayan desde Foro Nuclear para defender su postrura ante las acusaciones de Competencia.

"En estas circunstancias, los operadores han presentado ofertas como cualquier otro agente del mercado eléctrico y las centrales han tenido que realizar reducciones de carga o paradas puntuales a lo largo de los últimos años, al no resultar casados en el mercado eléctrico, ni ser requeridas por el Operador del Sistema", insisten.

Otro de los argumentos que esgrimen a su favor, es que las potenciales paradas de las centrales por el mercado eléctrico son siempre comunicadas con antelación a Red Eléctrica de España, que es quien decide finalmente las paradas de las mismas, según recuerdan. "Al no ordenar su funcionamiento en el sistema de restricciones técnicas para algunas de las centrales del parque nuclear, sí habiéndolo requerido para otras", sostienen desde la asociación que representa los intereses de compañías como Iberdrola, Endesa y Naturgy, propietarias de centrales nucleares.

"Todas las paradas se han realizado de acuerdo a la normativa del Consejo de Seguridad Nuclear, siguiendo lo establecido en las Autorizaciones de Explotación y notificándose conforme a los procedimientos establecidos", insisten desde el sector, que explica que dichas operaciones forman parte de la operativa habitual de las plantas. "Se comunican a los organismos e instituciones competentes y se llevan a cabo de acuerdo con sus procedimientos operativos. En todo momento, las centrales han mantenido condiciones técnicas y de seguridad plenamente adecuadas", apostillan.

Avalancha de expedientes

Estos nuevos 35 expedientes se unían a la veintena que abrió la anterior semana ya el regulador. Todos estaban dirigidos en su mayoría a Iberdrola, con un total de 18, mientras que se sumaban otros 12 a Endesa, otro para ContourGlobal La Rioja, Engie Cartagena, TotalEnergies y para la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II, todos ellos calificados de "graves".

El 17 de abril, el regulador inició este rosario de expedientes con uno Red Eléctrica de España (REE) -con calificación "muy grave"- y a diversas instalaciones de generación eléctrica (ciclos combinados, renovables o nucleares) propiedad de las principales eléctricas del país -Iberdrola, Endesa y Naturgy-, así como de Repsol o Bahía de Bizkaia Electricidad -por infracciones "graves"-.

En el caso de Red Eléctrica de España, el regulador abrió el expediente por un posible incumplimiento de las funciones k-, l-, r- y u- del artículo 30.2, con perjuicio para el sistema o sujetos, señalando a la programación del 'mix' de ese día.

En estas funciones se recoge la obligación del operador eléctrico de programar el funcionamiento de las instalaciones de producción de energía eléctrica de acuerdo con el resultado de la casación de las ofertas comunicadas por el operador del mercado.

De todas maneras, la CNMC indicó la pasada semana que "las incoaciones notificadas incluyen también la investigación de prácticas producidas en días o periodos distintos al 28 de abril de 2025, pero que constituirían igualmente indicios de posibles infracciones sectoriales detectados en el marco de la investigación del incidente".

No obstante, el regulador recordó que "los hechos objeto de estos procedimientos no implican, por sí mismos, la atribución del origen o causa del apagón a las empresas afectadas, dado que el incidente respondió a un origen multifactorial". Asimismo, la CNMC añadió que la incoación de estos expedientes no prejuzga el resultado final de la investigación".

Los procedimientos tienen una duración máxima que varía entre los nueve y los dieciocho meses en función de la gravedad de la infracción y de que los interesados podrán formular alegaciones y proponer la práctica de pruebas. En el caso de los expedientes considerados "muy graves" las multas pueden ascender hasta los 60 millones de euros, mientras que para los "graves" llegarían hasta los 6 millones de euros.