MADRID (Agencias/Plaza). El Gobierno ha aprobado este viernes el plan de medidas para paliar el impacto económico de la guerra en Irán, que incluye 80 medidas valoradas, según ha dicho Pedro Sánchez, en 5.000 millones de euros.

"Situaciones extraordinarias exigen de respuestas extraordinarias y es lo que contiene este plan integral de respuesta a la crisis de Oriente Medio", ha destacado el jefe del Ejecutivo antes los medios de comunicación tras la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario, que se ha retrasado más de dos horas, debido a las exigencias de los ministros de Sumar en cuanto a incluir las medidas sobre la prórroga de los contratos de alquiler y el control a los márgenes empresariales.

El paquete de medidas entrará en vigor este sábado tras su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque será el próximo jueves, 26 de marzo, cuando se vote su convalidación en el Congreso de los Diputados.

Rebaja de la fiscalidad eléctrica

En cuanto a las medidas coyunturales, el Real Decreto-ley recoge la reducción del 21% al 10% del IVA de los carburantes, la electricidad, el gas natural, briquetas y 'pellets', al tiempo que se congela el precio máximo de venta del butano y el propano y se recupera la bonificación en un 80% de los peajes eléctricos para la gran industria.

Se baja el IVA al 10%, y los impuestos que afectan al precio de la gasolina y el gasoil hasta el mínimo que permite la directiva europea, lo que se traducirá, según el Gobierno, en una rebaja efectiva de hasta 30 céntimos por litro en función del carburante, unos 20 euros de ahorro por depósito para un coche medio.

Dentro de la factura de la luz, a la rebaja del IVA, se suma la suspensión temporal del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (IVPEE), del 7%, y la reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad (IEE) del 5% al tipo mínimo del 0,5%, fijado por la Unión Europea.

En cuanto al Bono social eléctrico, se mejora el descuento para colectivos vulnerables (del 42,5 %) y para vulnerables severos (del 57,5 %), hasta fin de año. Y respecto al Bono social térmico, se incrementa la ayuda mínima a 50 euros.

Ayuda de 20 céntimos por litro a sectores afectados

La norma incluye la rebaja al nivel mínimo permitido del tipo del impuesto de hidrocarburos y, para los sectores más afectados, incluyendo transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores, se establece una ayuda de 20 céntimos por cada litro de gasóleo profesional empleado en su actividad. La ayuda será abonada por la Agencia Tributaria y las administraciones forales correspondientes en País Vasco y Navarra.

A ello se suma una ayuda equivalente para la compra de fertilizantes con el fin de que "esos sectores tan importantes puedan capear esta crisis y para contener todo lo posible los precios de la cesta de la compra", ha apuntado Sánchez.

Además, se amplía en 300 millones de euros la línea de créditos ICO-MAPA-SAECA de subvención de créditos, para facilitar el acceso a la financiación al sector agroalimentario y pesquero.

Prohíbe despedir por efectos económicos de la guerra

El plan de respuesta del Gobierno al impacto de la guerra en Irán incluirá la prohibición a las empresa de acometer despidos objetivos por efectos económicos derivados del conflicto en Oriente Próximo y también para aquellas compañías que reciban ayudas públicas relacionadas con la guerra.

Sobre este aspecto, el jefe del Ejecutivo ha advertido de que se dotará de mayores capacidades de supervisión y sanción a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) para que ninguna empresa que reciba las ayudas contempladas en el plan de respuesta a la guerra en Irán "saque tajada" de la misma.

Se da impulso a la entrada en vigor de los planes de movilidad sostenible, a lo que estarán obligadas todas las empresas de más de 200 personas trabajadoras o 100 por turno, para facilitar los desplazamientos de su plantilla al centro de trabajo.

Control de márgenes empresariales en suministro de combustible

En este paquete de medidas también se ha incluido un mayor control de los márgenes empresariales de las empresas de suministro de combustible.

En concreto, el Gobierno de coalición ha acordado reforzar la supervisión de los márgenes de estas empresas a través de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), así como la habilitación al Consejo de Ministros para establecer limitaciones a sus beneficios.

Impulso al autoconsumo, bombas de calor y vehículos eléctricos

Dentro de este plan integral de respuesta a la crisis de Oriente Próximo, ha incluido "un paquete masivo de deducciones" para impulsar el autoconsumo energético y las bombas de calor.

Estas deducciones, vía Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF), se dirigirán a la instalación de placas solares, así como a puntos de recarga, bombas de calor o climatización de edificios, y se enmarcan en ese eje del plan más de "naturaleza estructural". De igual forma, se prevén deducciones en el IRPF del 15% para la compra de vehículos eléctricos y enchufables.

Se refuerza el autoconsumo, extendiendo de 2 a 5 kilómetros la distancia máxima entre la generación y el consumo, así como habilitando a las entidades locales a promover nuevas modalidades y comunidades energéticas.

También se aumenta la capacidad de almacenamiento eléctrico mediante baterías y se declara de utilidad pública del bombeo hidroeléctrico.

Además, se da mayor flexibilidad por ley en los contratos de suministro energético para empresas y autónomos.

En el Impuesto de Sociedades, se recoge libertad de amortización para inversiones en renovables que sustituyan equipos fósiles.

También se habilita a los ayuntamientos a bonificar hasta en un 50 % el IBI para quienes hayan instalado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de energías renovables, junto a la bonificación de hasta el 95 % para las obras e instalaciones de estos sistemas.

Decreto aparte sobre vivienda

Aparte de este decreto, el Consejo de Ministros extraordinario también ha aprobado uno para las medidas de vivienda que reclamaban los socios de Gobierno.

En concreto, este segundo Real Decreto-ley incluye medidas como la prórroga extraordinaria y automática durante un máximo de dos años de todos los contratos de alquiler cuya finalización esté prevista para este año 2026 y para 2027, que desde Sumar cifran en más de un millón de contratos que afectarán a 2,7 millones de personas.

Además, también se incluye un régimen jurídico específico para los contratos de concesión para la promoción de vivienda social o a precio asequible en suelo o inmuebles de titularidad pública.