VALÈNCIA (EFE). Varios ex altos cargos de la exconsellera Alicia de Miguel han apoyado su versión en el juicio de Gürtel donde está acusada, y la han eximido de cualquier decisión sobre la contratación de actos, de cuya organización han responsabilizado a quien fuese su jefe de gabinete, también acusado.

La Audiencia Nacional ha cerrado las jornadas del juicio de esta semana con siete testigos que trabajaron con De Miguel en la Conselleria de Sanidad y que han declarado a petición de su defensa en el juicio donde se enfrenta a una petición de nueve años de inhabilitación y en el que expresident de la Generalitat Francisco Camps también está acusado.

Un juicio que, según ha avanzado el presidente del tribunal, está programado hasta el próximo 20 de octubre dada la cantidad de testigos citados -hasta 300-, sin perjuicio de que la renuncia a alguno de ellos cambie la previsión.

La jornada de este jueves ha estado protagonizada íntegramente por los testigos propuestos por De Miguel, a quien precisamente apuntó su exjefe de gabinete, Enrique Navarro, como la persona que le pidió contratar al empresario de Gürtel Álvaro Pérez, El Bigotes, porque tenía "amistad" con el entonces secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, y "proximidad" con Camps.

Días después, De Miguel contestó a Navarro y le acusó de mentir "de manera descarada" tras llegar a un acuerdo con Fiscalía, como otros acusados.

Este jueves algunos testigos propuestos por la exconsellera han apuntado a Enrique Navarro como el encargado de organizar los actos, ya que De Miguel se dedicaba al "impulso político" de la Conselleria y "nunca", "jamás", entraba en los detalles de la contratación o "a quién había que contratar y a quién no", según sus testimonios.

"El jefe de gabinete coordinaba todo el acto en sí y se encargaba del tema de la contratación"; "el jefe de gabinete era el que se encargaba de todo", han sido algunas de sus declaraciones.

Varios ex directores generales han confirmado que tenían delegada las competencias de contratación de contratos menores, pero una no ha terminado de contestar con claridad las preguntas de la Fiscalía sobre quién decidía dichas contrataciones.