VALÈNCIA. Reducir las emisiones de la industria sin debilitar su capacidad para competir exige resolver una ecuación que va más allá de financiar nuevos equipos. La transformación de las fábricas puede requerir inversiones elevadas, tecnologías todavía en desarrollo e infraestructuras que aún no están disponibles. Pero, incluso después de acometer esos cambios, algunas empresas afrontan un problema adicional y es que producir con alternativas más limpias puede resultar más caro y no siempre es posible trasladar esa diferencia al precio de venta. Así lo recoge un informe de Fedea y Deloitte, que sitúa estas dificultades en el centro del debate sobre cómo financiar la descarbonización sin perder capacidad industrial.
El estudio, titulado 'Descarbonización industrial: heterogeneidad sectorial, condicionantes e implicaciones de políticas públicas', está firmado por Oliverio Álvarez, Diego Rodríguez, Ana Aguilar y Francesco Longo. Su punto de partida es que las necesidades técnicas y económicas difieren entre actividades y, por tanto, también deben hacerlo las respuestas públicas. "La premisa central de este trabajo ha sido mostrar que la descarbonización industrial es un reto heterogéneo", señalan los autores. Las necesidades de una empresa que puede reducir su consumo mediante mejoras de eficiencia son distintas de las de otra que debe transformar su proceso productivo o sustituir sus combustibles por alternativas más costosas.
La industria española parte de una trayectoria de reducción de su consumo energético. Entre 2005 y 2024 lo recortó un 36,2% sin comprometer su generación de valor añadido bruto real, según recoge el documento. Sin embargo, continúa representando una cuarta parte de las emisiones brutas de gases de efecto invernadero del país. Acelerar esa reducción obliga a actuar sobre un tejido productivo expuesto a la competencia internacional, ya que las importaciones de bienes representan alrededor del 29% del consumo y algo más del 35% de las ventas manufactureras se exportan.
Una transición a distintas velocidades
El informe propone analizar las necesidades de cada actividad a partir de la temperatura que requieren sus procesos y del peso de las emisiones que proceden de la propia transformación de los materiales. Cuando las necesidades térmicas son menores y hay pocas emisiones de proceso, la eficiencia energética, la recuperación de calor y la electrificación pueden resolver buena parte del reto. A medida que aumenta la temperatura necesaria, cobran relevancia soluciones como la electrificación avanzada o los gases renovables, entre ellos el biogás, el biometano y el hidrógeno.
La dificultad aumenta cuando las emisiones están ligadas a la transformación de las materias primas. En esas actividades puede ser necesario cambiar materiales y rutas productivas y, cuando no existen alternativas suficientes, incorporar tecnologías de captura, utilización y almacenamiento de carbono. Cada una de estas vías presenta diferentes necesidades de inversión, costes de funcionamiento y riesgos tecnológicos. El documento propone conectar esas características con los instrumentos públicos que pueden facilitar la transformación.
Estas diferencias permiten distinguir tres situaciones económicas. Hay actuaciones recuperables y autofinanciables, como determinadas mejoras de eficiencia que reducen los costes de explotación. Otras son recuperables, pero presentan dificultades para financiarse porque la empresa no puede convertir los beneficios futuros en recursos con las magnitudes o los calendarios que requiere la inversión. Finalmente, existen transformaciones que no son recuperables en las condiciones actuales del mercado, aunque puedan ser socialmente necesarias. En este último supuesto, la alternativa limpia puede elevar tanto el desembolso inicial como los costes de producción posteriores.
- Imagen de archivo
El límite de las ayudas a la inversión
Según explica el informe, la distinción es relevante para diseñar los apoyos públicos. Una subvención destinada a renovar instalaciones puede facilitar la inversión, pero no necesariamente resolver una diferencia persistente entre el coste de producir con combustibles convencionales y hacerlo con alternativas limpias. Cuando esa brecha se mantiene durante el funcionamiento de la fábrica, también condiciona la viabilidad económica de la transformación la posibilidad de trasladar los costes al precio o de encontrar una demanda dispuesta a pagar más por productos con menor huella de carbono.
El informe considera que el régimen europeo de comercio de derechos de emisión proporciona la principal señal económica para incentivar la descarbonización, al elevar el coste relativo de las tecnologías emisoras. No obstante, advierte de que esa señal puede resultar insuficiente para movilizar determinadas inversiones dentro de los calendarios previstos. Los obstáculos son especialmente relevantes cuando los proyectos tienen largos plazos de ejecución, riesgos tecnológicos y comerciales elevados o dependen de decisiones de otros agentes de la cadena de valor.
"Los instrumentos públicos deben estar adaptados a cada situación", sostienen los autores. La información, las auditorías, las certificaciones y la simplificación administrativa pueden ser suficientes cuando las actuaciones son recuperables y autofinanciables. Los avales, las garantías y la financiación adquieren relevancia cuando la inversión puede recuperarse, pero existen dificultades para acometerla. Cuando el problema se encuentra en la magnitud de la inversión inicial o en una brecha persistente de costes operativos, el documento contempla instrumentos como subvenciones, medidas fiscales y contratos por diferencia, acuerdos para compensar el sobrecoste de producir de forma más limpia.
Los contratos por diferencia de carbono permiten estabilizar el valor económico de las emisiones evitadas, reducir los riesgos de adoptar nuevas soluciones y mejorar la financiación bancaria de los proyectos. Según el trabajo, pueden cubrir la brecha económica asociada tanto a la inversión inicial como a posibles mayores costes de operación, al incorporar las empresas ambos componentes en sus ofertas. El informe insiste en que los apoyos deben ser necesarios, proporcionales y transparentes, generar actuaciones adicionales a las que se producirían sin ellos y permitir la verificación de sus resultados.
El reto de encontrar demanda para algunas energías
Según recoge el documento, el hidrógeno verde permite entender por qué las ayudas para producir energía limpia no bastan para extender su uso. Aunque se financie una planta de producción, sus posibles clientes industriales pueden seguir encontrando más barato utilizar gas natural o hidrógeno gris. Para una fábrica, por tanto, el problema no termina al adaptar sus instalaciones, también debe poder asumir lo que pagará después por esa energía. Como señala el informe, "la barrera no se encuentra solo en la adaptación de sus equipos, sino en el mayor coste recurrente de utilización del nuevo vector energético".
La dificultad se traslada también a los productos que salen de las fábricas. Una empresa puede conseguir fabricar con menos emisiones, pero, si hacerlo le cuesta más, necesita encontrar compradores dispuestos a pagar esa diferencia. El informe plantea recurrir a las compras de las administraciones públicas para impulsar la demanda de estos bienes y desarrollar certificados que permitan identificar los productos con menor huella de carbono. Se trata de facilitar tanto su producción como su venta, para que las inversiones puedan sostenerse económicamente.
- Laboratorio del Instituto Tecnológico de la Energía (ITE) en València.
La transformación de las fábricas también depende de las infraestructuras disponibles fuera de sus instalaciones. Por ejemplo, una empresa que sustituya un horno de combustión por uno eléctrico necesita que la red tenga capacidad para suministrarle la electricidad que requiere. Por eso, el informe plantea prever estos nuevos consumos y reforzar las redes para que no frenen las inversiones. También señala la necesidad de contar con redes para distribuir hidrógeno e infraestructuras para transportar y almacenar el CO₂ capturado en los procesos industriales. El despliegue de estas infraestructuras plantea cómo distribuir los costes cuando todavía hay pocos usuarios. El informe contempla mecanismos para repartirlos a lo largo del tiempo y reducir la carga sobre los primeros consumidores, aunque advierte de la necesidad de evitar un desajuste entre las expectativas que justifican su construcción y su uso real. Si la demanda resulta insuficiente, los costes diferidos podrían no recuperarse mediante los peajes y terminar recayendo sobre los contribuyentes.
Los autores defienden acompañar las tecnologías desde la investigación hasta las plantas piloto y su aplicación comercial, con financiación e instrumentos que reduzcan los riesgos en cada fase. También destacan el papel de los centros tecnológicos, las asociaciones sectoriales, los demostradores compartidos y el asesoramiento para extender las soluciones a empresas de menor tamaño, que afrontan barreras adicionales para innovar. El diseño de las ayudas también debe preservar, además, la competencia dentro de la propia Unión Europea. El estudio reclama programas paneuropeos para evitar que la diferente capacidad financiera de los Estados miembros distorsione las condiciones de competencia, así como una transposición coordinada de las directivas que evite fragmentar el mercado. Junto a ello, plantea evaluar y revisar periódicamente los apoyos, adaptando su intensidad a la evolución de las tecnologías y los mercados y valorando conjuntamente los recursos públicos recibidos y los resultados industriales y medioambientales obtenidos.
