VALÈNCIA (EFE). La consellera de Justicia y Administración Pública, Nuria Martínez, ha visitado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, donde se ha reunido con su presidenta, Pilar de la Oliva, para conocer de primera mano las necesidades y retos que presenta el ámbito judicial en la Comunitat Valenciana.

Durante la visita, la titular de Justicia ha destacado la importancia de un diálogo constante con los operadores jurídicos para avanzar en la digitalización y modernización de la justicia.

"Nuestro objetivo es dotar a los juzgados y tribunales de las herramientas necesarias para garantizar un servicio ágil, accesible y eficaz, que responda a las demandas de la ciudadanía", ha destacado la consellera.

Martínez ha reafirmado el compromiso de su departamento con la implementación de tecnologías avanzadas y el refuerzo de los recursos humanos en los juzgados y ha subrayado que "vamos a trabajar para que la justicia sea igual de accesible para todos los ciudadanos de la Comunitat Valenciana".

Durante la reunión también se han abordado cuestiones relacionadas con las infraestructuras judiciales afectadas por la riada del 29 de octubre y, en este sentido, Martínez ha remarcado que "la Conselleria ha invertido 2,4 millones de euros para obras de emergencia en las sedes judiciales de Catarroja, Requena y Torrent afectadas. En concreto, la inversión de mayor coste se realizará en la sede judicial más afectado, que es la de Catarroja con 2,1 millones de euros para reparar la sede judicial".

Además, ha recordado que el pasado lunes, 2 de diciembre, los Juzgados de Catarroja reanudaron su actividad judicial ordinaria, tras ser instalados por la Conselleria de forma provisional en la Ciudad de la Justicia de València después de que sus instalaciones hubiesen quedado seriamente dañadas por los efectos de la dana.

Finalmente, Nuria Martínez ha agradecido la disposición de Pilar de la Oliva y ha hecho hincapié en la importancia de mantener este tipo de encuentros para alinear esfuerzos en beneficio del servicio público de Justicia.