VALÈNCIA (EFE). La Oficina de Derechos Lingüísticos de la Generalitat (ODL) se coordinará y reunirá con entidades de forma periódica para garantizar que "nadie pueda ser discriminado" por el uso de su lengua, y trabajarán en una campaña informativa conjunta dirigida a la ciudadanía.

Así lo ha señalado el director general de Política Lingüística en la Generalitat, Rubén Trenzano, tras la reunión de trabajo mantenida este miércoles con las organizaciones Acció Cultural del País Valencià (ACPV), l'Associació Cívica Valenciana (ACV) Tirant lo Blanc, la Plataforma per la Llengua País Valencià y Escola Valenciana.

En la reunión se abordaron las novedades de la Ley de Acompañamiento 2023 respecto a la Oficina de Derechos Lingüístico (ODL) y el refuerzo de los derechos lingüísticos de los consumidores, según ha informado Trenzano en su cuenta de Twitter.

Del encuentro ha surgido el compromiso de coordinar acciones conjuntas para que "nadie pueda ser discriminado por razón de lengua", con reuniones periódicas.

Además, las entidades impulsarán puntos de información de la Oficina de Derechos Lingüísticos, y "trabajaremos conjuntamente una campaña informativa para la ciudadanía", ha indicado Trenzano.

Acció Cultural del País Valencià (ACPV) celebra la recuperación de la Oficina de Derechos Lingüísticos de la Generalitat, "un instrumento totalmente necesario, a pesar de su limitación a la hora de imponer sanciones a las empresas y administraciones culpables de discriminación por razón de lengua".

ACPV considera que "hay que incrementar el volumen de las denuncias", ya que asegura que muchos casos de discriminación no se denuncian, a veces por carencia de hábito y conocimiento y otras por desconfianza en el sistema judicial y en la posibilidad de una resolución positiva que proteja la víctima y castigue a quien ha protagonizado la discriminación.

A su juicio, "visibilizar el problema es el primer paso para conseguir la conciencia y la presión sociales para avanzar en su solución".

En este sentido, ACPV informa en un comunicado de que animará a las víctimas de discriminación por el uso del valenciano a denunciar.

Con este objetivo, recogerá las denuncias para tramitarlas a la Oficina de Derechos Lingüísticos, donde la entidad considera que se tienen que concentrar las denuncias.

ACPV defiende que es la administración quien tiene los recursos para cumplir con este papel y reivindica que la Generalitat "asuma la función de la garantía de los derechos lingüísticos de manera plena, como una obligación que tiene la administración con la ciudadanía en un estado democrático".

"Los derechos lingüísticos son derechos fundamentales y así tienen que ser asumidos socialmente y políticamente", señala la organización.

Finalmente, ACPV aboga por la capacidad sancionadora de la ODL y, si es necesario, impulsar los cambios normativos o legales que haga falta para hacerla efectiva.