CASTELLÓ. Reducir la llegada de desechos al vertedero y el despliegue de contenedores de orgánica son dos de los grandes retos que afrontan Administraciones y empresas que gestionan el tratamiento de la basura a la hora de aplicar la nueva ley de residuos. Estos objetivos centran las XXXI Jornadas Técnicas de la Asociación de Empresas Públicas de Medio Ambiente (Anepma), un foro que reúne en Castelló a representantes de 52 sociedades públicas del país. 

Juan Manuel García, secretario técnico de Anepma, subraya que las jornadas han abordado principalmente las novedades que introduce la normativa de residuos, entre otras, la implantación del contenedor de orgánica para reforzar la recogida selectiva, así como la aplicación de la tasa de basura y de vertido.

En el primer gravamen, los ayuntamientos tendrán que gravar en 2025 el 100% del coste de recogida en la ciudadanía. Esta medida está pensada para propiciar un consumo sostenible y premiar a los que menos generen, pero ha supuesto un incremento considerable de esta tasa entre la población.

Por su parte, el impuesto de vertido quiere evitar el exceso en la entrada de rechazos en centros de tratamiento. La UE establece que en 2035 solo se podrá tirar el 10 % de los residuos, teniéndose que reutilizar o reciclar el 90% restante. De manera que si las plantas de tratamiento cumplen con este objetivo podrán evitar esta especie de castigo fiscal. 

En este sentido, técnicos y responsables de las empresas comparten reflexiones y actuaciones para avanzar en la recogida selectiva y recortar la cifra de desechos. 

Cabe tener en cuenta que la ley de residuos tiene el objetivo de minimizar el impacto en el medio ambiente y disminuir las emisiones contaminantes en la gestión de residuos, priorizando la reducción en la generación y la reutilización y disminuyendo la eliminación de la basura mediante vertido o la incineración.