¿Qué es lo que está pasando? Ya comienza mal la cosa cuando hay que responder a esa pregunta. Una amalgama de causas judiciales, convenientemente filtradas y distorsionadas, que sin necesidad de pararse en los detalles constituyen etiquetas. A lo mejor el objetivo es precisamente ese; inundar el campo.
No quiere decir esto que no haya que investigar irregularidades porque afecten a los propios –aunque eso de los propios es siempre una etiqueta difusa, quiénes somos los nuestros es una gran pregunta –. Pero, igual de obvio que asegurar que los comportamientos de Ábalos son incompatibles con nadie que pueda ocupar una responsabilidad pública, lo es señalar que hay un intento consciente, deliberado y articulado para tumbar al gobierno progresista. Las dos cosas pueden ser verdad a la vez.
El ´que pueda hacer que haga´ fue la frase escogida por Aznar, porque ‘quieto todo el mundo´ ya estaba pillada, como señaló el cómico Ignatius Farray. Lo que están haciendo y se les está permitiendo hacer a jueces como Peinado, la condena al Fiscal General –en una sentencia que reconoce que pudo no haber sido él quien cometió la filtración por la que se le juzgaba– no son una casualidad. El mensaje está ahí para que se entienda. Y el penúltimo episodio, probablemente el más doloroso, es el que afecta el expresidente Zapatero. Al que acusan de ser el cabecilla de una organización criminal que habría intermediado para lograr el rescate de una aerolínea privada, porque aparece su nombre en conversaciones de terceros que tienen origen en una información facilitada por la administración estadounidense.
Si fuera cierto –algo que, sinceramente, es más que dudoso si en pocos días ya nos hemos enterado de que su hipoteca la canceló por vender una vivienda, la empresa de sus hijas trabajaba para múltiples entre los que están medios de comunicación o, lejos de ser secretas, esas joyas que se encontraron habían sido llevadas en público con normalidad por sus personas allegadas– estaríamos, en todo caso, ante un expresidente que ejerce de lobbista (aunque él asegura que tampoco y solo realiza informes). Es decir, Zapatero sería un expresidente que realiza la misma actividad que prácticamente todo el resto. Y del que, por cierto, se puede acreditar bastante menos lucro personal por sus actividades privadas. Es conocido y público que Aznar se habría embolsado de Abengoa casi 6 millones de euros por conseguir adjudicaciones de la Libia de Gadafi. Seguramente por su amplia experiencia en el sector energético y no por sus contactos políticos.
Qué hacer con los expresidentes es un debate complejo, como lo es poner la frontera entre el lobby y las influencias privilegiadas. Si se me pregunta creo que deberíamos ir a otro tipo de modelos donde pudieran desarrollar actividades de interés público y vetar más fehacientemente las privadas, pero señalar precisamente a Zapatero o señalar solo a Zapatero, tiene una intencionalidad más que clara; laminar uno de los apoyos políticos más importantes que tiene el gobierno progresista y mandar el mensaje de que mantener determinadas posturas políticas –especialmente, en el ámbito internacional o de los sectores económicos intocables– no sale gratis.
Lo que tenemos no es un debate sobre corrupción, por mucho que Jorge Fernández Díaz dé lecciones en una columna de opinión horas antes de ir a declarar por haber intentado –utilizando medios del Estado– tapar la corrupción cuando era ministro del interior. Tenemos un conflicto que trata sobre soberanía y democracia. Las preguntas son más parecidas a si ¿puede un gobierno electo de un país europeo y de la OTAN contrariar las órdenes de los Estados Unidos de Trump o señalar el genocidio cometido por Israel? O, ¿puede un gobierno electo en España aprobar medidas como los impuestos a las grandes energéticas o la banca? O si, al hacer esto, se sitúa fuera de lo aceptado y hay que hacerlo caer.
Una parte del Estado, algunos prefieren llamarlo nación porque este es un debate particularmente mal resuelto en España, ha decidido que el PSOE no es un partido de ese Estado. Algunos de los que pueden hacer, están haciendo.
Y soy plenamente consciente de que mi posición es de parte, también de que los matices pueden quedar escondidos en una tónica general y existe el riesgo de que denunciar una operación dirigida a tumbar el gobierno pueda servir para que algunos tapen sus faltas. Pero no denunciar lo que está ocurriendo no es tener sentido de Estado, sino dejar de defender los mínimos necesarios para un Estado democrático en el que las instituciones emanan de un pueblo. Uno al que, quienes siempre han mandado, no le perdonan que pueda votar lo que no les gusta.
Enric Juliana, que tiende a sintetizar muy bien la realidad rimándola con la historia, tuiteó café el día que se filtró la imputación de Zapatero. Café, el eufemismo que se relaciona con el golpe y con la orden de asesinar, entre otros muchos, a Lorca por parte del fascismo español en la Guerra Civil. No estamos en esas, pero llamarle normalidad democrática a lo que estamos viviendo también es una exageración. No hace falta mirar muy atrás para acordarse de Brasil, ni muy lejos para ver lo que ocurrió en Portugal.
