En 1997 las autoridades sanitarias británicas decidieron suprimir el servicio de Urgencias del Hospital de Kidderminster, al oeste de Birmingham, que fue rebajado de categoría y vio suprimidas 192 camas. El recorte, respaldado por el Gobierno laborista de Tony Blair y por el diputado del distrito, también laborista, fue ejecutado en 2000 después de tres años de protestas de los vecinos de la zona.
Los responsables de la medida trataron de justificarla, sin mucho éxito, con argumentos de corte económico, pero perdieron definitivamente la batalla de la opinión pública después de que un anciano que vivía al lado del centro sanitario falleciera de un ataque al corazón cuando era trasladado al hospital de Worcester, situado a 30 kilómetros.
En 2001 se celebraron elecciones generales y Richard Taylor, un médico jubilado que había trabajado 23 años en el hospital y liderado las protestas contra la degradación del centro, decidió presentarse bajo las siglas Independent Kidderminster Hospital and Health Concern. Su programa electoral era muy sencillo: recuperar los servicios suprimidos del hospital.
Taylor arrasó en el distrito de Wyre Forest —en Reino Unido las circunscripciones son unipersonales y solo entra en el Parlamento el diputado más votado— con el 58,1% de los votos. En las elecciones de 2005 fue reelegido con el 39,9%.
El de Taylor es solo un ejemplo de político de una sola causa, un fenómeno más habitual en Reino Unido por su sistema electoral, pero que también se ha dado en otros países. En España tenemos ejemplos en elecciones municipales. Personas hartas de luchar por una causa, de movilizar a sus vecinos, de confiar en las promesas de los partidos para ver que, a la hora de la verdad, los políticos traicionan su confianza.
A José Ramón Chirivella le ha pasado eso. Este abogado valenciano lleva trece años movilizando a las instituciones valencianas y a la sociedad civil, en un primer momento para preservar y luego para recuperar el derecho civil valenciano.
- Protesta en favor del derecho civil valenciano, en 2024.
- Foto: KIKE TABERNER
Igual que Taylor creó en 1997 la Kidderminster Hospital League of Friends y lideró la campaña Salvemos el Hospital de Kidderminster, Chirivella y un grupo de colegas crearon la Associació de Juristes Valencians (AJV) en 2013, tras los recursos de los gobiernos de Zapatero y Rajoy contra las tres primeras leyes civiles valencianas promulgadas por Les Corts tras la reforma del Estatut de 2006.
En 2016 el Tribunal Constitucional anuló las tres leyes —una de ellas, la de custodia compartida, era pionera en España— y vino a decir que el derecho civil valenciano es tan residual que prácticamente no existe ni tiene posibilidad de desarrollarse, al contrario que el de otras seis comunidades autónomas: Aragón, Baleares, Cataluña, Galicia, Navarra y País Vasco.
Entonces empezó la campaña por la recuperación de esas competencias. Chirivella ha tenido más paciencia que Taylor, que al año siguiente de la degradación del hospital ya se presentó a las elecciones. Él ha esperado diez años en los que ha trabajado sin prisa pero sin pausa, con amabilidad, sin una mala palabra contra nadie y sin desfallecer ante los numerosos reveses sufridos.
El santo Job valenciano es la constancia hecha carne, don erre que erre, una gota malaya, un martillo pilón que ningún político puede soportar, de manera que quien no le ha dado la razón por convencimiento lo ha hecho por agotamiento.
El esfuerzo de la AJV dio sus frutos al conseguirse que la reforma constitucional propuesta por Les Corts para recuperar las competencias autonómicas en derecho civil se tramitara en el Congreso. Una propuesta apoyada por las tres diputaciones, más de 500 ayuntamientos valencianos —todos menos tres—, la patronal, los sindicatos, las universidades y numerosas asociaciones y corporaciones de la sociedad civil, aunque el eco en la gente de la calle siempre ha sido tenue, en parte por la complejidad de la materia.
- Concentración por el derecho civil valenciano en el Congreso, promovida por la AJV en 2022.
- Foto: AJV
El siguiente paso era, como pidió la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que Les Corts enviaran una representación a la Cámara Baja para defender su iniciativa de reforma constitucional. Y ahí llegó el gran desengaño para Chirivella y compañía. El PP valenciano y Vox retrasaron la respuesta durante meses y, finalmente, optaron por la medida más habitual en política cuando no se quiere hacer nada: formar una comisión de estudio.
"Se están burlando de nosotros", se lamentaba el otro día Chirivella tras su dimisión como presidente de la AJV, como si se acabara de dar cuenta de algo que era evidente. Y añadía: "No nos dejan otra salida".
La salida es, como hizo Taylor, montar un partido y presentarse a las elecciones generales. Lo han llamado Agenda Valenciana para no ceñirse solo al derecho civil, que tiene bastante menos tirón popular que el servicio de urgencias de un hospital. Agenda Valenciana hace referencia a la lista de reivindicaciones tradicionales valencianas que nunca se atienden porque el poder valenciano en Madrid del que un día habló Zaplana sigue siendo una quimera.
Chirivella dice que entra en política para hacer en el Congreso "lo que no han hecho Compromís y otros partidos como el PP y el PSOE". Allí ya lo conocen, pues ha recorrido con frecuencia los pasillos persiguiendo a diputados, no solo valencianos, para sumarlos a la causa.
Su aventura quijotesca nos permitirá saber lo que de verdad les importa a los valencianos el derecho civil propio. Sospecho que aún menos que la financiación autonómica, que ya es decir.
Tampoco su entrada en el Congreso nos garantizaría recuperar nada. Taylor no logró en sus nueve años de diputado que al Hospital de Kidderminster le devolvieran la categoría que tenía, aunque sí le concedieron algunos servicios adicionales. En las elecciones de 2010 quedó segundo en su distrito y perdió el escaño.
PS: El Consejo de Ministros ha concedido al Gobierno de Ceuta 45,3 millones de euros a fondo perdido "para atender gastos excepcionales derivados de la crisis migratoria", igual que otorgó 100 millones al de Canarias para gastos excepcionales por el volcán de La Palma. Dos años lleva el Gobierno negándole a la Generalitat cualquier aportación a fondo perdido para atender gastos excepcionales derivados de la Dana. Le concede préstamos. A aquellos les da, a nosotros nos presta. El poder valenciano, de nuevo retratado.
