No pinta tranquilo el tiempo que resta hasta las próximas elecciones, en el caso de las municipales, donde la mayoría de un alcalde del PP dependa de los pactos con Vox, algo solo suavizado por la obvia imposibilidad de que los de Abascal puedan sumar con nadie que no sean los concejales del PP. Una realidad por la que pasarán ayuntamientos de nuestro entorno como Alicante, Elche u Orihuela, y tantos otros, con la certeza de la fecha de las locales, 23 de mayo de 2027, pero también con la incertidumbre de la de las generales, con tope en el mes de agosto del próximo año.
No pinta tranquilo por el enésimo episodio de tensión promovido por Vox forzando esta semana en el Congreso una votación sobre sus medidas contra la inmigración, que parten del “los españoles primero” para exigir la retirada de asistencia social, sanitaria y jurídica a extranjeros irregulares, así como su expulsión del suelo patrio. Una iniciativa que no es nueva en Vox, sino parte de una estrategia que se desplegará en los próximos días en los ayuntamientos donde tiene representación, con una misma característica: no se aceptan enmiendas ni matices.
No estamos ante una propuesta pensada para prosperar, siquiera mediante un acuerdo con el PP, que ya la ha rechazado en el Congreso, sino diseñada para polarizar. Pero para polarizar no la escena política general, sino el lado derecho de esa escena, porque el dardo tiene un objetivo claro: el PP. Porque esto va de o conmigo o contra mí. Y de ahí la negativa de Vox en el Congreso a aceptar cualquier enmienda del PP para bajar a tierra, si ello fuera posible, una moción absolutamente sacada de cuello que pretende un posicionamiento mayoritario de la derecha, sino reforzar una posición al extremo de la misma. Que sitúa así otra vez en el alambre al recientemente conformado gobierno presidido por el PP en Extremadura, y los que parece que vendrán en Aragón y en Castilla y León, ante un abismo al que Vox hará asomarse también, cuando Abascal así lo ordene, y salvo rebelión de sus concejales, a los alcaldes populares a los que sostienen.
Para ello desenfundan su “prioridad nacional”, expresión deliberadamente ambigua que ha provocado roces solo unas horas después de plasmarse en un papel firmado por ambos partidos: mientras para Vox es un principio excluyente para priorizar a los nacionales en el acceso a derechos y servicios públicos, desde el PP se esfuerzan en reinterpretarla dentro de los límites constitucionales, conscientes de que cualquier desarrollo efectivo del mismo choca frontalmente con el marco jurídico vigente porque las comunidades autónomas y los ayuntamientos carecen de competencias reales para legislar en materia de extranjería; sabedores de que la Constitución reconoce derechos fundamentales que no pueden restringirse en función del DNI, como la educación o la tutela judicial efectiva; enterados, en suma, de que el acceso a la asistencia sanitaria básica está garantizado por normativa estatal y compromisos internacionales suscritos por España.
Pero la estrategia de Vox pasa por alimentar, también en ayuntamientos, y sobre todo en ese nivel local, expectativas irreales y generar frustración, sin interés alguno en su recorrido institucional, no nos engañemos. Su propósito es que fracasen para poder cabrear más aún a un votante mediatizado por el miedo y la inseguridad, aun sin saber siquiera a qué y por qué. Pero es la emoción, idiota, única manera de distanciarse del PP ante la más que posible evidencia de unas elecciones generales para las que Vox necesita abandonar el papel de segundón. Una apuesta arriesgada porque tensiona la relación con su único socio de gobierno posible, pero que busca consolidar un espacio de voto irracional y ciego.
Aunque sí hay un elemento relevante que quizá en Vox hayan pasado por alto, porque sus iniciativas en cuestiones migratorias chocan frontalmente con valores como la caridad, la dignidad humana o la solidaridad con los vulnerables, principios perfectamente oponibles a la cara a quienes hasta hoy han pretendido ser los defensores últimos de las raíces y la cultura cristianas de España. Porque es inasumible conciliar esas posiciones con la propuesta de negar atención a nadie por motivo de su situación administrativa. De hecho, en esa línea se han expresado ya organizaciones como Cáritas, de profundo arraigo y labor reconocida en la tradición social de la Iglesia, o la propia institución eclesial, a través de sus voces autorizadas.
Sería por eso curioso constatar que a Vox, y de paso al PP si le da por entrar por esa puerta, lo pueda parar en su deriva toda una feligresía, mayor o menor, que igual sí ve conveniente, en una más que justificada contravención evangélica, que su mano derecha sepa lo que hace la izquierda: la que vota y la que ayuda. Nos vemos en las parroquias…
