¿Será el ministro Arcadi España, el enviado plenipotenciario, el que nos rescatará del caos?
Permitidme que inicie esta ‘reflexiones/opiniones’ parafraseando las palabras de Ciceron ante el Senado dirigidas a Catilina: "Quosque tanden abutare Sanchez, patientia nostra" (¿hasta cuándo, Sánchez, piensas seguir abusando de nuestra paciencia?)
El presidente Sánchez, con su actitud, con su reiterada negativa a tratar de resolver nuestra infrafinanciación autonómica, directrices que ha trasmitido a sus ministros de Hacienda, primero a la vicepresidenta María Jesús Montero, hoy jefa de la oposición en Andalucia, y, desde hace apenas dos meses (23/03/2026) a Arcadi España. Ministro que, cuando hace apenas unos cuatro años —primero como jefe de gabinete de Ximo Puig, posteriormente como conseller de PolíticaTerritorial, Obras Publicas y Movilidad y, finalmente, como conseller de Hacienda, era conocedor y sufridor de las penurias financieras de la Generalitat. Sí pedía con su talante amable, pero no por ello contundente, tanto al gobierno de Rajoy & Montoro como al gobierno de Sánchez & Montero, una mejora importante en la financiación valenciana, pendiente de modificar desde 2013.
Me permito recordar a los valencianos que desde el 2/06/2018 en que el presidente Sánchez fue investido presidente por el rey Felipe VI (XIII Legislatura) e igualmente en su tercer mandato el 17/11/2023 (XV legislatura), durante estos ocho años al frente del gobierno España, su actitud ante la Comunitat Valenciana ha sido de total menosprecio e indiferencia, tanto cuando estaba presidido por Ximo Puig (PSOE/PSPV & Compromís) —premiada su sumisión hacia la Moncloa, por encima de los intereses del pueblo valenciano, con la canonjía de la embajada de la OCDE en Paris— como posteriormente, con el actualmente gobierno autonómico, presidido por Juanfran Pérez Llorca (PPCV con el apoyo de Vox). Menosprecio, indiferencia, abandono..., precisamente cuando nuestras necesidades económicas son excepcionales, a más a más, tras la terrible tragedia de la Dana (28/10/2024).
Como muy bien conoce nuestro paisano y ministro Arcadi España, un valenciano recibe de la AGE una financiación dé 2.730 €/cap, frente a un cántabro que recibe 3.417 (+687 €), un madrileño 3.015 (+285) o un andaluz 2.793 (+63), siendo la financiación media de las CC.AA —datos del 2024— de 2.963 €/español/medio. Esta infrafinanciación según ratifican organismos solventes, como Banco España, AIReF, BBVA Research, IVIE, etc, nos ha generado durante los últimos 20 años, una deuda impropia de unos 44.500 M€, que supone el 69% de los 63.934 M€. Según B.E. hemos cerrado el pasivo=deuda del 2025, a su vez equivalente al 40,7% de nuestro PIB CV, porcentaje idéntico al 2024, a pesar de que los gastos de la Dana dispararon la deuda en unos 3.605 M€.
La penúltima afrenta del presidente Sánchez se produjo el 11/03/2025, cuando, tras multitud de ruegos para evitar la quiebra de la Comunitat y de la multitud de empresas que nos ayudaron en la recuperación de los daños, se nos permitió que, a través del IVF, nos endeudásemos en 2.369 M€. ¡Nada de subvenciones! Solo préstamos, a devolver. Y apenas hace unos 15 días, ante las reiteradas peticiones de Pérez Llorca, el ministro de Hacienda, Arcadi España, nos ha habilitado unos mecanismos extraordinarios de endeudamiento de 1.300 M€, con cargo para 2026.
Así y todo, en un contexto de cuentas financieras con incrementos de ingresos, y habiendo sido una de las economías más dinámicas, con un crecimiento del 3,2% s/ AIReF, la Generalitat cerró 2025 con un déficit de 2.411 M€, 160 M menos que en 2024. ¡Esfuerzo cum laude! Pero, no obstante, seguimos siendo la autonomía con el mayor desequilibrio económico de España. Un 1,54% sobre el PIB.CV de déficit, cuando el objetivo marcado por la AGE es del 0,1% para las CC.AA.
Ello no obstante, a pesar de nuestro crecimiento y debido a nuestro fuerte incremento de población, nuestro PIB/hab. en 2025 ha sido de 57.687 €, frente a una media nacional de 61.751 €, o el País Vasco, que es líder, con 72.537 € por vascuence.
Ante la situación financiera que dificulta, o, siendo sinceros, hace inviable que los presupuestos de la Generalitat 2026 —en vías de aprobación por Les Corts y ya consensuados entre PPCV y Vox— puedan hacer frente ni siquiera a las necesidades básicas sociosanitarias, educativas y de servicios sociales, que ya en los PCV-2025 supusieron 19.800 M€ (61,30% del total), y hacer frente al servicio de la deuda (Conselleria sin conseller) con 7.140 M€ (otro 22,11% del total)... cifras que deberán ser incrementadas en 2026.
Máxime, por ejemplo, ante las reivindicaciones salariales y mayores recursos docentes (disminución de la ratio alumno/profesor), razonables, aunque siempre queda en el aire saber de dónde vamos a detraer los recursos públicos para satisfacerlos. Y, además, el sindicato docente de Compromís, el STEPV, “exige que se respete la unidad de la lengua”; o sea, que la docencia se imparta en valenciano / catalán.
¿De dónde vamos a sacar los recursos económicos para las políticas hídricas y medioambientales; de movilidad sostenible pública (viarias, ferroviarias, tranviarias); políticas para impulso de nuestra industria; dotaciones de mayores medios y plazas para nuestra justicia; vivienda pública de alquiler subvencionada, etc.?
A este respecto, téngase en cuenta que, en dotación de capital público (infraestructuras), y tomando el intervalo 2007/2025 y considerando a España con el índice 100, la Comunitat Valenciana está con una brecha de capital público de 23 puntos por debajo de la media nacional (datos homogéneos al finalizar 2025). Falta histórica de infrafinanciación estructural que lastra nuestra competitividad y productividad empresarial.
Si no queremos autoengañarnos y aprobar unos PGV-2026 que satisfagan estas necesidades, es de todo punto inviable conseguirlos ante nuestra actual situación económico-financiera, debido a nuestra infrafinanciación. Para hacerlos viables —sin devolver competencias al Estado central; ¡no nos rasguemos las vestiduras ante tan maña posibilidad!— hay que exigir/aceptar/conveniar, ya del ministro Arcadi España, los siguientes compromisos:
a) Una transferencia de 3.669 M€ de nueva financiación, aplicable ya con efecto retroactivo a 2025, con lo cual amortizamos los préstamos/endeudamiento que, vía UVF, se nos permitió en 2025 y 2026 para afrontar los pagos extraordinarios de la DANA.
b) Aceptar, a buena cuenta, materializándolo, una condonación parcial de la deuda autonómica, que, según María Jesús Montero (sic), entraría en vigor ya en 2027 y que, sobre una quita total/promedio de todas las CCAA, recogería el stock total de deuda de cada CCAA al cierre de 2024; la población ajustada de cada CCAA, tomando promedio 2010-2025; y la deuda por habitante ajustado (PHAJ), construido como coeficiente entre las dos variables ajustadas.
Condonación que, según FEDEA, sobre una quita global de 83.254 M€, a la Comunitat Valenciana le debería corresponder 11.800 M€.
c) Finalmente, y mientras se aborde en el Consejo de Política Fiscal y Financiera un nuevo sistema de financiación de todas las CCAA del régimen común, tal como ha pedido nuestro presidente Pérez Llorca al ministro España, concedernos un Fondo de Nivelación Transitorio para cubrir nuestra endémica infrafinanciación, y que ascendería a unos 22.250 M€, equivalentes al 50% de la deuda indebida, que valoramos en unos 44.550 M€, generada en los últimos 20 años.
Solo así podemos abordar, con credibilidad y rigor presupuestario, las actuaciones prioritarias que deben quedar reflejadas en los PGV de 2026 y cumplir con los derechos y obligaciones estatutarias “cedidas y asumidas”.
A esta relación muy somera de reivindicaciones económico-financieras no podemos obviar, igualmente, la falta de inversiones en infraestructuras que el Gobierno central destina a la Comunitat Valenciana.
Recordar, fiscalizar y denunciar —caso de incumplimiento— que, a raíz de la modificación del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, aprobada por Les Corts (09/03/2019) y ratificada por la Ley Orgánica 3/2019 (BOE 13/03/2019), la Generalitat Valenciana participará en las inversiones del Estado en la Comunitat, inversión que será equivalente al peso poblacional de la Comunitat frente al Estado, todo ello a fin de cumplir con el artículo 138 de la Constitución Española.
Ni que decir tiene, y la constatación de su incumplimiento es reciente, que en materia hidráulica e hidrológica: Plan de Gestión de Riesgos de Inundación en la Demarcación de la C.H. Júcar (RD 18/2016); ni las medidas estructurales de restauración fluvial y el SAT previstas en el PGRI-2016; ni las presas de laminación de avenidas consideradas como medidas estructurales: Villamarxant (río Turia), Montesa, Sellent y Marquesado (río Júcar); ni las medidas de encauzamiento de barrancos y ramblas... ¡Nada se ha ejecutado! Solamente se están abordando las medidas de restauración/rehabilitación de lo dañado por la Dana.
Si nos centramos en movilidad ferroviaria, a cargo del Gobierno central (MITMS), ADIF (AV y Cercanías), en el último quinquenio 2021-2025, a nivel nacional, ha licitado, según las plataformas de contratación, obras por importe de 18.317 M€, de los cuales a la Comunitat Valenciana —incluyendo el acceso subterráneo FF.CC. a las estaciones Nord y Joaquín Sorolla, sufragado al 50% por el Ayuntamiento de Valencia y la Generalitat Valenciana— nos ha correspondido 1.509 M€ (el 8,24% del total nacional, frente a un ratio poblacional del 11,08%).
Y, mientras tanto, quedan pendientes de acometer desde hace unos 12 años, como mínimo, las siguientes actuaciones:
a) Eje pasante FF.CC. de viajeros Norte-Sur, atravesando en subterráneo el centro de Valencia, con sus dos estaciones intermodales. Actuación ya contemplada en el Convenio RAF de 2003. Existe anteproyecto, estudio informativo, diferentes variantes de trazado, etc., redactados por la ingeniería IDOM.
b) Prolongación del túnel FF.CC. del Cabanyal, pasando bajo el antiguo cauce del río Turia y emergiendo de nuevo en La Punta.
c) Nuevo trazado (68 km) exclusivo de Alta Velocidad Valencia-Castellón, para separar tráfico de mercancías y Cercanías y Media Distancia (ibérico y tercer hilo), haciendo un nuevo trazado UIC proyectado por SENER.
d) Ampliación a dos vías, infraestructura, señalización y electrificación de la línea de Cercanías C-1 Valencia, en el subtramo Cullera-Gandía.
Pues bien, mientras esto sucede en la Comunitat Valenciana, la anterior ministra de Transportes, Raquel Sánchez Jiménez (exalcaldesa de Gavà por el PSC), y que sucedió a José Luis Ábalos, en sus apenas 12 meses en el cargo anuló el encargo/contrato en redacción a la ingeniería sobre la prolongación del túnel del Cabanyal.
Punto negro que el comisionado del Estado para el Corredor Mediterráneo, Josep Vicent Boira, expresamente señaló en su Memoria de 2019 (sic) “como uno de los puntos críticos y cuellos de botella que presenta el Corredor Mediterráneo es la prolongación del túnel del Cabanyal”.
Ante este SOS, el ministro Ábalos formalizó la redacción del proyecto que hiciera realidad el poder aprobar, dotar económicamente, conveniar y licitar esta prolongación del túnel, y ya en junio de 2024 poder iniciar las obras. Prolongación que se complementaría con el túnel pasante Norte-Sur para viajeros, cruzando la ciudad de Valencia por las Grandes Vías, avenida de Aragón y avenida de los Naranjos.
En su lugar, la ministra Raquel Sánchez encargó el:
➢ Soterramiento de la línea de Rodalies R-2 a su paso por Moncada i Reixac (36.000 habitantes), mediante un túnel de 4 km y estación subterránea. Obra que alcanzará una inversión actualizada que superará los 940 M€.
➢ Igualmente, se soterrará el ferrocarril de Rodalies, también a cargo de ADIF, en Hospitalet de Llobregat, por un importe de 610 M€.
➢ Soterramiento parcial del Euskotren, operador de Cercanías de Vizcaya y Guipúzcoa, transferidas el 01/01/2025, que operará en País Vasco y financiará ADIF. Convenio firmado entre el presidente de ADIF, Luis Pedro Marco de la Peña; el secretario de Estado del MITMS, José Antonio Santano; la consejera de Movilidad del País Vasco, Susana García; y el alcalde de Bilbao, Juan María Aburto, por un importe de 800 M€.
➢ Integración/soterramiento parcial del FF.CC. en Torrelavega (Cantabria), en marzo de 2026, por 145 M€.
Como vemos, en apenas dos años ADIF ha comprometido y ya tiene en ejecución soterramientos por importe de 2.500 M€, mientras en la provincia de Valencia seguimos esperando durante más de 20 años soterramientos prioritarios anteriormente anunciados.
Además, en Cercanías, la duplicación de la C-1 de Valencia a Gandía; paralizado el tramo Cullera-Gandía más de 15 años; la línea de Cercanías C-5 entre Sagunto y Teruel lleva tres años cerrada al tráfico ferroviario por adaptaciones y mejoras que se eternizan; y la línea de Cercanías C-3, inoperativa desde Buñol a Utiel, sin finalizar las obras afectadas por la Dana durante ya casi dos años.
Por todo lo someramente expuesto, el presidente Sánchez, el ministro Óscar Puente y el presidente de ADIF, Pedro Luis Marcos entenderán que, como valencianos, les saquemos la tarjeta roja y los expulsemos del 'terreno de juego' (Comunitat Valenciana).
De ellos únicamente depende, y de su cambio de actitud, dotándonos de las infraestructuras prioritarias para la vertebración y movilidad de nuestro territorio, el que les permitamos nuevamente incorporaros al partido que se juega en esta Comunidad Valenciana y española.
Manuel Miñés es ingeniero experto en Movilidad (viaria y ferroviaria)
