A lo largo de estos apenas dos meses del recién iniciado año 2026 se han dado a conocer y producido unas afirmaciones respecto a la complicadísima salud económico-financiera de nuestro país, que, no por poco aireadas por nuestro Gobierno y la prensa complaciente, sí entiendo que deben ser conocidas por toda la sociedad civil y, una vez conocidas, examinada su motivación, exigirle a nuestros gobernantes y gestores públicos (clase política) su solución. ¡Veamos, tomemos nota y resolvamos!

A lo largo de la semana del 19 al 24 de enero, en el simposio anual del Foro Económico Mundial de Davos (Suiza), con presencia de los más importantes mandatarios, jefes de gobierno, corporaciones públicas y privadas, empresas internacionales,etc., en el apartado Global Risk 2026 apareció España, siendo objeto de denuncia y debate la inviabilidad de nuestro sistema de pensiones (cada 2,5 personas en edad de trabajar entre 20 y 65 años deben mantener a 1 pensionista) y nuestro importante déficit e insuficiencia sanitaria (escasez de camas y personal sanitario).

Esta pasada semana, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), adscrita funcionalmente al Ministerio de Hacienda, nos advertía/denunciaba que el gasto público en bajas médicas con cargo a la Seguridad Social alcanzó en el año 2024 la cifra de 16.464 millones de euros, equivalente al 1,03 % de nuestro PIB. Cada día, una media de 1,6 millones de trabajadores no acuden a su puesto de trabajo por accidente o por incapacidad temporal (IT). En los últimos cinco años (2019-2024), las ausencias por IT han aumentado un 40 %.

Precisamente preocupados por este fenómeno y su consecuente coste, también empresarial, la Confederación Nacional de la Construcción (CNC), en cuyo consejo de gobierno está presente la Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana (CCCV), la primera semana de febrero dio a conocer un excepcional y minucioso estudio sobre El absentismo en la construcción. Análisis de la evolución de las horas no trabajadas para el periodo 2018-2025 y una estimación del coste del absentismo en el sector de la construcción. El absentismo en el sector de la construcción marcó en 2025 un nuevo máximo histórico, con casi 113 horas de trabajo perdidas por asalariado duplica casi la cifra de diez años atrás (el Convenio Nacional de la Construcción marca 1.736 horas anuales = 217 días) y, de ellas, 99,9 horas anuales lo son por incapacidad temporal (IT), incluso 23,7 horas por encima de las perdidas en 2020, en plena pandemia.

En este exhaustivo y muy trabajado documento (tomando datos del INE, TSS, EPA, etc., del Ministerio de Trabajo) se enumeran las cinco razones principales por las que aumenta el absentismo:

1. Su relación positiva con el ciclo económico.

2. La mayor duración de las listas de espera quirúrgicas.

3. El mayor plazo de espera para citas con especialistas.

4. El envejecimiento del colectivo de ocupados y la falta de relevo generacional.

5. La prolongación de permisos legales (vacaciones mínimas, fallecimiento de familiar directo, enfermedad familiar, matrimonio, cambio de domicilio, fuerza mayor, etc.).

Razones o demoras (listas de espera médicas) que analizaremos posteriormente.

El coste anual del absentismo para el conjunto de empresas constructoras supera los 3.500 millones de euros anuales y pesa más que el Impuesto sobre Sociedades.

Y para finalizar, las noticias económicas que afectan a nuestro futuro inmediato: he aquí las declaraciones del pasado 15 de febrero de la presidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Nadia Calviño, que “denuncia la desconfianza hacia las empresas privadas, que desde hace tiempo se instaló en la Administración Pública”. Mientras en Europa el modelo concesional de colaboración público-privada, en el que la empresa asume el coste de la prestación de un servicio público a cambio de un rendimiento económico, supone en torno al 10 % de las contrataciones públicas, en España apenas supone el 3 %.

Nadia Calviño, exvicepresidenta y exministra de Economía y Empresa de España hasta el 29 de diciembre de 2023, apunta a la necesidad de actualizar en España la Ley de Contratos del Sector Público y la Ley de Desindexación, que regulan la contratación pública, para que haga posible que una empresa privada construya y posteriormente gestione, bajo la supervisión pública, una determinada infraestructura (transportes, hidráulicas o sociosanitaria, por ejemplo) o la prestación de un servicio, a cambio de que sea ella la que corra con los riesgos asociados a su prestación. Lo que recuerda la presidenta del BEI es una fórmula que permite acometer nuevas obras o prestar nuevos servicios a los ciudadanos sin comprometer en exceso las cuentas públicas. “Aconsejo al Gobierno de España que acometa una reforma legal para reactivar la utilización de esta fórmula, que considera útil en términos de sostenibilidad fiscal”.

Veamos nuestros números macroeconómicos

Aunque nuestro ratio poblacional es del 11,8 %, al ser nuestro PIB CV tan solo de 148.283 M€, nuestra aportación al PIB nacional es solo del 9,30 %.

Nuestra financiación per cápita es de 3.141 €/hab., lo que supone -249 €/hab./año frente a la media nacional y -1.936 €/hab./año respecto a la mejor financiada (Cantabria), o -315 € menos que un catalán o -222 € menos que un madrileño. Ello nos supone 1.361 millones de euros anuales de infrafinanciación según el modelo del año 2009, pendiente de revisión desde 2014. Ni el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (14 de enero), propiciado por Sánchez y Montero, ni la Convención del PP en Zaragoza (18 de enero), en donde Núñez Feijóo presentó las bases del nuevo modelo de financiación del PP, satisfacen ni recogen plenamente todas nuestras exigencias/necesidades.

En cuanto a riqueza, nuestro PIB per cápita es de 27.611 €/año por valenciano, frente a una media de 32.633 €/año por español. Por primera vez históricamente, los valencianos estamos un 15 % por debajo de la riqueza media española. En los últimos años estamos teniendo un gran incremento de población, pero en general de escasa cualificación profesional, que aporta a nuestra actividad económica, de momento, escaso valor añadido, hasta su total integración y formación, pero que sí requiere de servicios sociales.

Finalmente, según las estimaciones anticipadas por Fedea, hemos cerrado el año 2025 con un déficit del 1,4 %, el peor de todas las CCAA.

A consecuencia de todo ello, nuestra deuda financiera alcanza los 60.696 millones de euros, equivalente al 39,90 % de nuestro previsto PIB 2025, deuda que el actual Consell del PPCV ha conseguido al menos contener, aun a pesar del esfuerzo inversor que han supuesto las obras de emergencia post-Dana, que la Generalitat ha acometido con cargo a endeudamiento, ante la práctica ausencia y cicatería calculada del Gobierno de la nación.

Ante esta situación, podemos asegurar que los próximos Presupuestos de la Generalitat 2026, que tras la investidura del nuevo president, Juan Francisco Pérez Llorca, con un importante retraso deberán presentarse, debatirse y, esperamos, aprobarse en el próximo mes de marzo, serán unos presupuestos con grandes recortes en inversiones prioritarias. Todo ello cuando todavía quedan pendientes obras y actuaciones —superadas las de emergencia— de reconstrucción del tejido económico y social tras la Dana del 29 de octubre de 2024, y ahí es donde, ante tan difícil situación, la iniciativa privada y el modelo concesional, en sus múltiples versiones y facetas, puede, debe y es necesario que así suceda, acudir en auxilio del sector público, ayudando con transparencia, eficacia y eficiencia a potenciar prioritariamente las inversiones en sanidad y la movilidad pública metropolitana.

Hablemos del problema sanitario

En España, al igual que Italia, Reino Unido, Irlanda, Dinamarca, Portugal, Finlandia y Suecia, adoptamos en su día el modelo sanitario Beveridge (William Beveridge, 1948), que enfatiza que la salud, como derecho humano que es, debe tener una cobertura universal, y es el Gobierno de la nación el que, a través de los impuestos, debe garantizar su correcta, eficaz y eficiente prestación. Por el contrario, países como Alemania, Austria, Francia, Bélgica y Países Bajos están acogidos al sistema Bismarck (implantado por el canciller Otto von Bismarck), que se financia con impuestos específicos y finalistas, aportados por empresarios y trabajadores, y gestionados por entidades no gubernamentales.

Según datos aportados por el Ministerio de Sanidad, en España actualmente tenemos 450 hospitales que pertenecen al Sistema Nacional de Salud (SNS) y 310 hospitales del sector privado, con un total de aproximadamente 156.000 camas, lo que supone una ratio de 3,17 camas por cada 1.000 habitantes (49.128.927 habitantes). Muy similar a Italia y Reino Unido (3,4 camas/1.000 hab.) y muy por debajo de países de referencia como Alemania y Francia, con 8,2 y 6,4 camas respectivamente por cada 1.000 habitantes. En cuanto a la Comunidad Valenciana, con una población de 5.425.182 habitantes, tenemos 63 hospitales —37 públicos y 26 privados— con un total aproximado de 14.050 camas, lo que supone una ratio de 2,6 camas por cada 1.000 habitantes. Por otra parte, los datos que nos ofrece el Ministerio de Sanidad en cuanto a la capacidad asistencial de cada una de las CCAA (dotación de camas en funcionamiento y estancia media por paciente) y, en consecuencia, la capacidad máxima anual de ingresados que admitiría atención continuada, muestran una disparidad muy significativa entre CCAA. Ante un ratio medio español del 14,9 %, las autonomías mejor dotadas son Cataluña, con el 23,7 %, el País Vasco, con el 19,7 %, y Aragón, con el 19,5 %. La Comunidad Valenciana presenta una cobertura del 15,5 %.

Siguiendo estudios de la OCDE, actualizados en cuanto a costes por la Cámara de Contratistas de la Comunidad Valenciana y ajustados los precios, igualmente, a las últimas licitaciones habidas de centros hospitalarios, hemos calculado la inversión que supondría construir un hospital tipo de 1.000 camas. Valorando en 340.000 €/cama la parte proporcional de infraestructura (proyecto y dirección de obras, licencias y tasas; obras de construcción; instalaciones de agua, luz y aire acondicionado; aparatos elevadores; comedores, almacenes, cocinas, etc.) y en otros 90.000 €/cama el equipamiento médico-sanitario, resultaría necesaria una inversión de unos 430 millones de euros por hospital tipo de 1.000 camas. Además, y en base igualmente a datos del Ministerio de Sanidad, mantener operativa y en funcionamiento una cama el Sistema Nacional de Salud lo valora en unos 185.000 euros/cama/año. Luego, estos correspondientes ratios referidos a la Comunidad Valenciana nos llevan a unas carencias y, consecuentemente, a la necesidad de dotarnos de unas 3.900 camas adicionales, lo que supone una inversión de 1.680 millones de euros, y para mantener operativo este incremento de camas necesitaremos otros 721,5 millones de mayor dotación anual en la Consellería de Sanidad.

Analizados los presupuestos de 2025, la Consellería de Sanidad disponía de un presupuesto total de 9.186,974 M€, de los cuales para gastos de funcionamiento se destinaron 4.278 M€, y “habría que incrementar unos 2.100 M€ los presupuestos de sanidad para el ejercicio 2026 y parte del año 2027”, lo que supone un aumento del 23 % sobre los PGV 2025. Esta necesidad prioritaria para mejorar nuestra capacidad asistencial y reducir las listas de espera es improbable que, dada nuestra situación financiera, se pueda llevar a cabo vía presupuestaria ordinaria, y habría y se debería acudir a la colaboración público-privada.

En cuanto a la falta de médicos, los datos conocidos y ratificados por la Organización Médica Colegial de España (OMC) tampoco son favorables; antes al contrario, para la Comunidad Valenciana. Se apunta que tenemos 2.216 médicos menos en activo por habitante en comparación con la media nacional. Tenemos 527 facultativos por cada 100.000 habitantes, frente a una media nacional de 568 facultativos. Por el contrario, Madrid cuenta con 671, y Asturias y Navarra con 642, o el País Vasco con 632.

Respecto al complejo sanitario proyectado en el barrio de Campanar (antigua Fe, ya demolida), que, por cierto, a una inmensa mayoría de valencianos nos gustaría rebautizar como la Nueva Ciudad Sanitaria Doctor José Mir Pallardó, eminente cirujano especializado en trasplantes hepáticos, nacido en Mislata, con 1.680 trasplantes en su carrera profesional y numerosos premios y distinciones —Premio Rey Jaime I de Investigación Médica; Premio Valenciano del Siglo XXI, año 2005; Medalla del Ministerio de Sanidad al Mérito Civil, 2003; miembro honorario de la Sociedad de Cirujanos de Chile, 1995; Perú, 2001, etc.—, me pregunto, o más bien planteo formal y técnicamente, el porqué no acometer este complejo sanitario a mayor rapidez posible, poniendo ya nuevamente en práctica, con transparencia, concurrencia y economicidad, la colaboración público-privada concesional, disponiendo obligatoriamente del previo informe de la ONE (Oficina Nacional de Evaluación) y siguiendo las recomendaciones de OIReScon (Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación Pública).

Todo ello con luz y taquígrafos, huyendo de falsos mantras contrarios a dar entrada a la iniciativa privada en los asuntos públicos. Debemos seguir avanzando hacia una Comunidad Valenciana en donde también en sanidad seamos más eficientes, punteros y solidarios en capacidad asistencial.

Hablemos de absentismo

Relación positiva con el Ciclo económico. En los años de recesión, algunos empleados preferirían acudir al puesto de trabajo a pesar de tener algún leve síntoma de enfermedad y/o contusión leve, como forma de “proteger” su empleo y mostrar “compromiso” con la empresa. En años de bonanza económica, no hay temor a perder el empleo, y una leve indisposición bastaría para ausentarse.

Mayor duración de las listas de espera quirúrgicas. En diciembre de 2001, último dato publicado, el tiempo medio de espera quirúrgica era de 126 días.

• 160 días en Angiología (+18 días con relación a diciembre de 2023);
• 141 días en traumatología (-27 días);
• 135 días en maxilofacial (+ 3 días);
• 134 días en urología (+ 7 días):
• 134 días en otorrinolaringología (+ 3 días) ;
• 124 días en torácica (+17 días);
• 119 días en cirugía general y digestivo (- 6 días);
• 83 días en oftalmología (-7 días)

Aumento de las listas de espera para especialistas. Entre diciembre de 2024, último dato publicado, el tiempo medio de espera para una consulta con especialista en el Sistema Nacional de Salud era de 105 días, frente a 101 un año antes y 88 días en diciembre de 2019.

• 131 días para dermatología (+ 7 días con relación a diciembre de 2023);
• 129 días para neurología (-1 día);
• 119 días para traumatología (+11 días);
• 106 días para oftalmología (+ 5 días);
• 96 días para digestivo (- 2 días);
• 95 días para urología (+ 10 días);
• 94 días para ORL (+9 días);
• 71 días para cardiología (- 2 días);
• 68 días para ginecología (-4 días);
• 57 días para cirugía general (igual)

Prolongación de permisos legales y creación de otros nuevos. De manera estructural, España tiene un mayor absentismo por permisos que otros países europeos por dos razonas:

1. España tiene un mayor número de días festivos que varios países de la UE.
2. Al mismo tiempo, la legislación española contempla permisos remunerados que en países de nuestro entorno no están siquiera legislados, dejándose librados a la negociación colectiva.

A eso se añaden otros elementos:

1. Extensión del permiso por paternidad (pasó de 28 días en 2017 a 16 semanas a partir de 2021)
2. Creación de nuevos permisos y extensión de otros ya existentes.

Valencianos, empresarios, asalariados, sociedad civil... veamos, tomemos nota e intentemos resolver este laberíntico presente y trabajemos para junto a nuestros representantes políticos –bien elegidos– mejorar a toda prisa y con firmeza el próximo futuro.