Fue el 21 de junio de 2022, día de Sant Lluís, cuando Mónica Oltra anunció que dejaba sus responsabilidades públicas. Aquel gesto marcó algo más que un relevo personal: señaló el inicio visible de un nuevo ciclo político. Desde entonces, las izquierdas perdieron el gobierno de la Generalitat y muchos ayuntamientos, aunque se mantuvo el Gobierno de España. Esa continuidad actuó durante un tiempo como un espejismo, parecido al que hoy pueden generar algunas encuestas favorables: la sensación de que resistir era suficiente, cuando en realidad el espacio político comenzaba a encogerse.

Si la extrema derecha avanza no es porque tenga mejores ideas, sino porque la política democrática ha dejado de explicar. Cuando no se explica, otros ocupan el espacio con relatos simples, interesados y reaccionarios. Esa fue la tesis del primer artículo: explicar o desaparecer. La pregunta que viene después —más incómoda y más necesaria— es otra: cómo se ocupa ese espacio una vez identificado el problema. No desde la nostalgia ni desde el reproche, sino desde una oportunidad política real. Explicar y ganar.

En 2013, el sociólogo Jaime Miquel señaló algo que hoy suena casi profético: cuando una generación deja de sentirse representada, no se mueve automáticamente hacia opciones emancipadoras, sino hacia quien le ofrece una explicación sencilla de su frustración. Aquella conclusión nació de la escucha previa al 15M de 2011, cuando muchos jóvenes no solo rechazaban el sistema político, sino que expresaban algo más profundo: la sensación de no estar siendo comprendidos ni representados.

Los votos que hoy faltan no están en la ingeniería electoral ni en los pactos entre direcciones. Son los de esa generación que se activó cuando alguien supo explicar qué le estaba pasando y para qué servía su voto, y que hoy permanece quieta porque ya no reconoce esa explicación. Esto se comprueba en la entraña de los microdatos del CIS. No se recuperarán sumando siglas ni anunciando acuerdos desde arriba. Se recuperan cuando alguien vuelve a ordenar la realidad, a señalar causas y a explicar para qué sirve el poder político: para qué sirve la política y para qué sirven los políticos en la mejora de la vida real. Sin eso, cualquier coalición suma estructuras, pero no activa a quienes dejaron de sentirse representados.

Antes de 2015, ese espacio sí se ocupó. Y se ocupó explicando. Nombrar bien era hacer política: deuda ilegítima, austericidio, rescatem persones. No eran consignas emocionales ni simples lemas de campaña, sino marcos de interpretación. Austericidio explicaba que los recortes no eran inevitables, sino una decisión política para trasladar la quiebra del sistema financiero a la ciudadanía. Rescatem persones ordenaba el conflicto moral de la crisis: mientras para la banca se pusieron a disposición hasta 100.000 millones de euros —que no han devuelto—, nadie parecía rescatar a la gente corriente, a la que los bancos expulsaban de sus casas. Funcionaron porque explicaban causas y conflictos, no solo exigían consecuencias.

Esa forma de explicar tuvo nombres y rostros. No como iconos ni como marcas, sino como método: bajar al conflicto real, asumirlo y explicarlo sin estridencias ni superioridad moral. Por eso conectó con capas amplias de la sociedad que no pedían épica, sino claridad.

El caso de la Dana lo ilustra con crudeza. La cuestión relevante no es anecdótica, sino estructural: qué pesó más cuando hubo que decidir. Hoy sabemos que la posibilidad de confinar fue descartada. No por falta de instrumentos ni por desconocimiento del riesgo, sino porque detener la actividad económica se consideró un coste excesivo. Ese fue el marco mental de decisión. Detenerse en El Ventorro fue un error brillante desde el punto de vista comunicativo, pero un error político: distrae y protege el marco real. "Mazón dimissió" o "Volem eleccions" exige consecuencias, pero no explica las causas del no aviso. Cuando se explica, se pasa de la indignación a la acción: hay que echarlos. Y eso se hace votando.

Vivimos, por tanto, nosaltres, els valencians, ante una situación excepcional. Mover ficha no es un gesto simbólico, es una decisión estratégica. El valencianismo político, més que mai, debe ser el epicentro de lo posible, demostrar que hay otra forma de gobernar y de explicar sin importar marcos ajenos ni soluciones diseñadas desde Madrid. Es montar un tinglado ganador.

Por eso hago esta petición en público y sin rodeos. Y por eso digo algo poco habitual en política: pido perdón. No como gesto personal, sino como responsabilidad política ante un electorado que confió en un espacio que no supo aguantar la presión cuando más falta hacía. Y lo digo también de forma clara: perdón, Mónica. Porque cuando no supimos sostener colectivamente aquel conflicto, no solo dejamos sola a una persona; dejamos desprotegida una manera de representar. Pero como nos enseñaron de pequeños, hay que pedir perdón con propósito de enmienda.

Al apartarnos de ese liderazgo explicativo, también dejamos tirados a quienes encarnaba políticamente: a quienes luchaban contra una sanidad privada que no presentaba liquidaciones, a quienes exigían residencias públicas para los grandes dependientes, a quienes necesitaban que alguien señalara con claridad dónde estaba el conflicto y de qué lado se gobernaba. El error no fue individual, fue colectivo.

La denuncia contra Oltra fue algo más que lawfare: fue una maniobra para apartar a quien molestaba. Llevarla a juicio respondió más a una lógica ideológica que a una aplicación rigurosa de ningún precepto concreto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El objetivo no es una condena —saben que acabará en absolución—, sino el desgaste político, mientras la fachosfera mediática se divertía. Y se burlaba, en realidad, de todos nosotros.

Porque no aguantar juntos abrió la puerta a algo mucho más grave: al saqueo de lo público. A la degradación de la sanidad, la educación, los servicios sociales o el transporte. A modelos como el de los trenes privados "baratos" que no pagan el mantenimiento de las vías, las deterioran y acaban costando decenas de vidas. A la renuncia de las administraciones públicas a construir vivienda para alquiler a precios normales. En definitiva, a la pérdida de control democrático sobre la economía y nuestras vidas, en el sentido hasta físico de la palabra si miramos a la Dana mismo. 

Frente a eso no bastan las palmadas en la espalda cuando a alguien lo llevan artificialmente al juzgado. Hace falta plantar cara juntos. Porque cuando se castiga a quien incomoda, lo que está en juego no es una persona, sino la capacidad colectiva de gobernar en favor del interés general.

Hay un año por delante. Las elecciones municipales tienen fecha fija. Tiempo para volver a explicar, reconstruir confianza y hacerlo entre muchos. No para buscar héroes ni para administrar inercias, sino para volver a representar de verdad.