La escuela pública es un obstáculo para los fines de una administración educativa de corte marcadamente neoliberal, cada vez más escorada, sin ningún disimulo, hacia la desigualdad social. El incremento de gasto público que supone la restauración y la mejora de las infraestructuras escolares, la reducción de ratios en las aulas y la recuperación salarial del profesorado chocan frontalmente con el fomento de una visión de la educación que mercantiliza el aprendizaje mediante la promoción de centros que segregan al alumnado según la capacidad económica de sus familias. Se asume que el conocimiento y, por tanto, el poder de decisión, no puede ser un derecho universal de la ciudadanía sino el privilegio ontológico de unos pocos. El incumplimiento del acuerdo de plantillas docentes y las largas demoras en las sustituciones del profesorado son hechos comprobables recientes que sirven de ejemplos paradigmáticos de cómo se está socavando de una forma sorda (en este caso, sin mucha repercusión mediática) el sistema educativo público valenciano tanto en infantil como en primaria y secundaria.
Esta erosión ha aflorado de forma súbita con toda su intensidad y extensión en la actual huelga indefinida del profesorado de colegios e institutos públicos. Ante este conflicto, los actuales gestores educativos valencianos están actuando de forma coherente con sus principios ideológicos. El desaire hacia el profesorado de la escuela pública se fundamenta en metas disociadas de la solidaridad colectiva, la cohesión social, la equidad formativa y el desarrollo humano, impidiendo con ello que sus centros educativos atiendan convenientemente a la diversidad. Por el contrario, básicamente promueven una visión individualista de la educación destinada a competir (con ventaja) en el futuro en el mercado laboral. El profesorado de la escuela pública se convierte, por definición, en un peligro para sus intereses. Por ello, no resulta extraño comprobar su insensibilidad hacia sus demandas y la desidia con la que afrontan el grave problema existente, alargando de forma patente los plazos, dejando incluso largos fines de semana en blanco. No se puede tener menos vergüenza.
Según señala Hattie, dentro de la escuela, el profesorado es el factor más importante que influye en el aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, el actual Consell (particularmente, su presidente, la consellera de Educación y el conseller de Hacienda) devalúa vilmente su labor, censura sus peticiones y le priva del reconocimiento social que merece. En este marco despreciativo, los responsables educativos se muestran incapaces de aliviar la enorme carga burocrática que soporta el profesorado, que se resiste a que su labor se desprofesionalice de esta forma. Se trata de una sobrecarga inservible de papeleo realmente agotadora. En este contexto, el uso intensivo de plataformas de gestión educativa, abiertas las veinticuatro horas del día para múltiples trámites obligatorios, imposibilita la necesaria desconexión de los problemas y asuntos de distinta índole que surgen a diario: tutoría agobiante, pero no remunerada; continuos informes detallados y exhaustivos, aunque de escasa utilidad, etc.
Puede que el hipotético exterminio de todo el profesorado de la escuela pública (empezado por el mezquino intento de su agotamiento psicológico y de la considerable merma salarial ocasionada, aderezados ilustrativamente con la reciente brutal agresión de un corpulento policía a una indefensa maestra en una manifestación) sea un deseo oculto del Consell, sin que se atreva, de momento, a confesarlo de forma abierta y pública. Pero lo tiene ciertamente difícil ante el compromiso firme, la ilusión renovada y la competencia contrastada del profesorado que, con una dignidad que le honra, ha decidido decir basta. A pesar del daño constante infringido y del cansancio acumulado, sigue exigiendo con determinación a las autoridades educativas que sus reivindicaciones sean atendidas adecuadamente.
La consellera debe convocar a los sindicatos de forma inmediata para resolver de forma seria, responsable y efectiva todas las reclamaciones planteadas, aunque ello contravenga sus ideas y predilecciones. Hasta que no haya un acuerdo satisfactorio, no se puede levantar de la presidencia de la negociación. Las familias y el alumnado también exigen soluciones urgentes. La superioridad aniquiladora que manifiesta Kurtz en el viaje a las tinieblas de Conrad no puede ser la inspiración que termine destruyendo la educación pública.
