Ya nadie discute que la juventud de hoy en día se encuentra en peor situación de acceso a la vivienda, sea en régimen de alquiler o compra, que la que alcanzaba la mayoría de edad a finales del siglo pasado - la edad de emancipación media en España es de 30,3 años, la cifra más alta de las dos últimas décadas. Pero poco se repara en la brecha que se está abriendo entre las personas nacidas en los años 80 que no pudieron adquirir una vivienda al ver frenada su carrera profesional por la crisis financiera de 2008, o bien, verse atrapadas en la espiral del alquiler que no ha dejado de subir hasta llegar al día de hoy.
Aunque no es el único factor, una de las explicaciones a la fragmentación del tejido social la encontramos en la herencia inmobiliaria que supone casi el 69% de la desigualdad en España. En un grupo de amigas encontramos a una funcionaria pública de 41 años que sigue ahorrando para conseguir ese 20% para la entrada del piso que nunca alcanza a comprar porque destina casi la mitad de su sueldo a pagar el alquiler de otro en una zona tensionada (aunque todavía sin declarar) de su ciudad de arraigo. Sin embargo, su amiga que heredó de su abuela una casa en el barrio de Benimaclet (València), se puede permitir dos escapadas al año, disfrutar de ocio cultural y algún que otro merecido capricho, aún concatenando empleos inestables con salarios bajos, pero sobre todo, puede disfrutar de la tranquilidad de no estar en un estado eterno de búsqueda.
Y es que en el Cap i Casal, es casi misión imposible encontrar un piso en venta por menos de 220,000 €. Podéis hacer la prueba haciendo una búsqueda en cualquier portal inmobiliario. Si restringimos la búsqueda en la zona afectada por la Dana la situación es aún más dramática, agravada por la ley de la oferta y la demanda, "es el mercado amigo". La cosa no mejora en las comarcas castellonenses, en las que los alquileres subieron de media un 17% y mucho menos en las alicantinas donde entidades como la Plataforma de Afectados por las Hipotecas o el Sindicat del Barri de Carolines afirman que los precios en cinco años se han disparado un 54%.
Medidas como ampliar el número de viviendas sociales a través de nueva construcción, aunque son positivas a largo plazo, no solucionan el ahora, como es el caso del anuncio realizado por la Generalitat que puede suponer, en realidad, una argumento más para la reforma de la normativa urbanística autonómica que pretende Mazón. Así se dejaría en manos de los promotores privados el desarrollo de estos planes y, a la vez, se seguiría regando con subvenciones públicas a grandes empresas ligadas al sector profundizando, de este modo, en el modelo defendido por el Partido Popular, de colaboración público-privada, un agujero lleno de corrupción que se ha demostrado fracasado en el supuesto objetivo pretendido: disponer vivienda a precios accesibles.
Por tanto, es imprescindible actuar a corto y medio plazo para evitar no solo que las más jóvenes vean hipotecado –nunca mejor dicho– su futuro y proyecto de vida, sino para atajar muy urgentemente las graves consecuencias que las políticas que han convertido la vivienda en un artículo de lujo tienen en el conjunto de la población y en el propio ecosistema social y económico de los municipios tensionados. De este modo, se evitaría que haya generaciones que no conocen otra cosa que un piso compartido por obligación, ex parejas sometidas a la convivencia por necesidad o personas mayores con rentas antiguas presionadas por empresarios sin escrúpulos para abandonar su casa de toda la vida con métodos salvajes.
Así, debemos poner en valor el despliegue de iniciativas impulsadas por el Botànic. Véase el Decreto que da derecho al tanteo y retracto a la administración pública para adquirir viviendas, que el actual Consell de Mazón no ha utilizado en toda la legislatura (una herramienta que podría ampliar la oferta de vivienda de la Generalitat, con una inversión menor dedicada a la adecuación de estos pisos). O bien, las medidas incluidas dentro de la Ley Estatal de Vivienda que dotan a las Comunidades Autónomas de mecanismos para limitar los precios de la vivienda –siendo éstas las competentes en esta materia, aunque al President lo de asumir sus competencias no lo lleve muy bien–, y que en Catalunya ha tenido resultados moderadamente optimistas con la bajada de los precios del alquiler; aunque también hayan evidenciado las carencias legislativas que el PSOE dejó en ella y que las inmobiliarias han sabido aprovechar con la regulación de los contratos temporales, efecto que Sumar estamos tratando de revertir en esta legislatura.
Una Ley de Vivienda que en el País Valencià no ha tenido impacto por la negativa del PP a aplicarla, incluso de manera contraria a la voluntad de algunas ciudades que sí han solicitado la declaración de zona tensionada y se han encontrado con el silencio y el bloqueo del Consell. La última propuesta legislativa presentada en el Congreso por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar incide, precisamente, en la reforma de la Ley Estatal para acabar con la especulación, un deber constitucional por cierto, a través de la exclusión de las operaciones de compraventa de vivienda a los grandes fondos de inversión e inmobiliarias.
En definitiva, existen políticas y medidas capaces de acabar de manera eficaz con las décadas de construcción de un sistema que ha cercenado nuestro derecho a la vivienda, pero también se dan fuertes resistencias, no solo por parte de las derechas o de las empresas interesadas, sino además por una parte considerable del PSOE, que hemos de vencer con la presión que ejercemos desde las instituciones, pero, fundamentalmente, con la fuerza que se ejerce desde las calles. Por eso, os invitamos a participar de las movilizaciones convocadas en las principales ciudades valencianas para decir alto y claro que nuestros barrios, nuestros municipios, no están en venta.
Xavier López y Carmen Padilla, coordinadores de Moviment Sumar País Valencià
