La insurrección del profesorado de la Comunitat Valenciana, con una histórica demostración de fuerza el pasado viernes en València, tiene una trascendencia económica evidente que lleva a uno a preguntarse, parafraseando a Manolo García, ¿dónde estaban entonces?

Dónde estaban cuando un número muy inferior de valencianos, que no llegó a la mitad de los 35.000 que este viernes mostraron su malestar por la situación de la educación pública, se manifestaron en 2017 y 2021 para exigir una financiación justa que permitiría mejorar la educación pública, empezando por los sueldos de los docentes.

No se entienda esto como una crítica a la exitosa manifestación del viernes, sino como una reflexión sobre el pasado y el futuro.

La trascendencia económica de la huelga no es solo por la reclamación de la subida de salarios, que la Conselleria de Educación estima que elevaría en más de 500 millones de euros anuales el capítulo I del presupuesto de la Generalitat.

También tiene impacto económico atender otras reclamaciones como la incorporación de 2.000 personas en plantilla; la adecuación climática de los centros que evite las situaciones de frío y calor extremo que sufren cada año en muchos de ellos; otras mejoras de instalaciones —en algunos casos, reforma integral—; bajada de ratios en las aulas; remuneración por participar en tribunales de oposiciones; reducción de la carga lectiva para mayores de 55 años; sustitución inmediata del personal que esté de baja…

Cuando lleguen a un acuerdo, que no puede tardar mucho, supondrá para la Generalitat un coste adicional que se tendrá que reflejar en los Presupuestos de 2026, que el Consell de Juanfran Pérez Llorca presentará —con seis meses de retraso— en las próximas semanas. 

Y como no hay dinero, porque la Comunitat Valenciana continúa infrafinanciada, tendrá que explicar, además de cuánto supone el acuerdo —la consellera Ortí lo cifró en 2.400 millones de euros, aunque no será tanto—, dónde va a aplicar la tijera para evitar que se dispare aún más el déficit. ¿En sanidad, cuyos profesionales están en cola para conseguir mejoras? ¿En dependencia? ¿En infraestructuras?

No es fácil dar educación de primera con financiación de segunda, como bien sabía ya en 2017 Ximo Puig, cuyo jefe de Gabinete era un tal Arcadi España, luego conseller de Hacienda y ahora ministro.

El 18 de noviembre de ese año se organizó la primera gran manifestación en València con el lema Per un finançament just, con apoyo de partidos políticos, patronal, sindicatos y muchos colectivos de la sociedad civil. El PPCV de Isabel Bonig cometió el error de borrarse porque entonces gobernaba Rajoy. Acudieron 17.000 personas, según la Delegación del Gobierno, que no es mucho si tenemos en cuenta que la marea verde del viernes pasado congregó a más del doble y era una protesta solo de educación.

Transcurridos cuatro años sin ningún resultado, el 20 de noviembre de 2021 se celebró la segunda manifestación Per un finançament just, a la que acudió bastante menos gente, a pesar de que el PP, ya con Mazón, sí se sumó esta vez, dado que en Madrid gobernaban los otros.

De ahí la pregunta inicial, ¿por qué no acudieron a la manifestación todos los que ahora llenan las calles en mareas verdes o blancas?

Quizá nadie, empezando por los sindicatos, supo explicar a quienes trabajan en los servicios públicos que la manifestación Per un finançament just les afectaba directamente como empleados públicos, por sus salarios, además de como ciudadanos, porque cuesta mucho dinero que los servicios públicos sean gratuitos, más aún si queremos que sean de calidad.

Han faltado pancartas de Per un finançament just en la manifestación educativa. O poner la cara de Sánchez junto a la de Pérez Llorca y Ortí para que salga en las teles nacionales y en el Gobierno se sientan interpelados.

Han pasado ocho años largos de aquella primera manifestación y cuatro de la segunda, y seguimos igual de infrafinanciados, con los servicios públicos deteriorados y el déficit de la Generalitat disparado. 

Se podría montar una tercera, con el apoyo de las mareas verde y blanca, en la que se exija, por un lado, el fondo transitorio de nivelación de 1.700 millones, que daría para pagar las mejoras que se van a aprobar en educación; y, por otro, que Pérez Llorca se siente con Arcadi España a negociar la propuesta de nuevo modelo de financiación de Montero, que contempla 3.600 millones más para la Comunitat Valenciana.

Porque, como ya escribí aquí, el modelo propuesto es otra chapuza hecha a la medida de Cataluña; injusto, sí, pero no más injusto que el que ahora tenemos, solo que donde antes ganaban unas comunidades autónomas ahora ganan otras. 

Y a quienes antes ganaban y ahora salen perdiendo no les debemos nada porque nunca movieron un dedo por solucionar la infrafinanciación de los valencianos. Más bien lo contrario.

PS: entre las decenas de miles de profesores que ejercen legítimamente su derecho a la huelga hay algunos descerebrados que están planteando, como medida de presión, puntuar con un 10 a todos los alumnos de segundo de Bachillerato. Algo que, además de ser injusto para los estudiantes, constituiría un delito de prevaricación.